Las víctimas de ETA exploran nuevas estrategias para frenar los homenajes a los miembros del grupo que salen de la prisión y vuelven al País Vasco y a Navarra.
Después de varias derrotas judiciales, consideran prácticamente agotada la vía penal. Ante esa panorama, la la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) planteó ante el Ministerio del Interior español que es necesario poner en marcha una reforma legal que sancione a los ayuntamientos que permitan eventos de “bienvenida” a personas que cometieron atentados que costaron vidas y que son recibidas como “héroes”.
Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT, compareció en numerosas causas ante la Audiencia Nacional para tratar de frenar los actos y tuvo escaso éxito, ya que más allá de algunas diligencias a fin de identificar a los asistentes a esos encuentros, los jueces y los fiscales rechazan que existan posibles delitos, como enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas.
“No existe apología en el mero hecho de que los asistentes se congratularan de la excarcelación de una persona próxima a ellos por razones de parentesco, amistad o vecindad” , escribió, por ejemplo, la Sala de lo Penal en octubre del año pasado al archivar la denuncia por el homenaje en Rentería, Gipuzkoa, a Kepa Etxebarria.
En el mismo sentido se pronunció el ministerio público al archivar otro caso, al valorar: “No se aprecia expresión alguna de apología o ensalzamiento, ya que los hechos se limitan al recibimiento en vía pública con banderas y bengalas, entrega de ramo de flores, aurresku y solicitud de que los presos vuelvan a casa; es decir, ninguna frase enaltecedora o humillante”.
Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, otro colectivo de víctimas, que solo en 2019 presentó ocho denuncias, declaró que no existe voluntad política en la Audiencia Nacional.
No obstante, insiste en que no abandonarán la vía penal, aunque son conscientes de que es muy complicado que puedan conseguir avances. “Nos oponemos a otras opciones porque no queremos que se despenalice”, aclaró. La letrada Ladrón de Guevara admitió que la AVT continuará apostando por acudir a la Audiencia Nacional, pero que ya comenzó a explorar otras vías. Por eso, promueve una reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para que establezca “multas contundentes” a las administraciones que permitan los eventos y a los particulares que los promuevan.
Según los cálculos de la organización, en los próximos cinco años 80 miembros de ETA cumplirán sus condenas. Al respecto, se destacño que evitar el sufrimiento que implican los festejos es un asunto “prioritario” para las víctimas.
“Lo que denunciamos es que se (los homenajes) produzcan en la calle, que los publiciten, que los reciban con honores. Lo que decimos nosotros es que se haga a puerta cerrada” , expuso Guevara, por su parte. Las asociaciones consideran complicado que las causas prosperen por el delito de enaltecimiento del terrorismo, ya que está muy limitado por la doctrina europea y por la emanada del Tribunal Constitucional español, que apuntalan la libertad de expresión. Por eso, ven posibilidades para llegar a una solución si los magistrados se inclinan por dar por tipificado el ilícito de humillación a las víctimas.
Las esperanzas de los colectivos de damnificados están centradas en un caso contra el ex preso Antonio López Ruiz y otras 12 personas por, supuestamente, formar parte de una estructura dedicada a organizar casi un centenar de fiestas de homenaje.