Es procedente una demanda por una mala praxis que causó disfunción eréctil

La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó la procedencia de una demanda de mala praxis presentada por un hombre quien padece una disfunción eréctil a causa de una cirugía que no era urgente.

Además, elevó el monto de las indemnizaciones y dispuso que el actor cobre dos millones de pesos en concepto de daño psicofísico y gastos médicos y un millón por daño moral.

“De haberse realizado maniobras no cruentas -que fueron efectivamente omitidas- se podría haber evitado la intervención quirúrgica en un 50%, y sus complicaciones”, estableció la alzada.

En esa línea, agregó que la atrofia testicular que sufre el accionante fue posterior a la operación que se le practicó. Además, precisó que con carácter previo a la intervención nunca tuvo problemas de rendimiento sexual ni realizó consultas al respecto.

Sin éxito, la clínica accionada impugnó la atribución de responsabilidad efectuada por el a quo y afirmó que la atención médica brindada fue conforme a la lex artis, de acuerdo con el cuadro que presentaba el paciente.

Por su parte, los médicos codemandados alegaron que no se demostró culpabilidad ni relación causal en lo concerniente a su intervención.

Además, adujeron que la sentenciante de grado realizó un estudio del caso “tendencioso y liviano” respecto a las constancias emergentes del peritaje médico y de las documentales del sanatorio.

Los galenos consideraron que el juez a quo valoró parcial y segmentadamente las probanzas y plantearon que, al momento de la atención del actor, no correspondía realizar maniobras incruentas de reducción (aunque se practicaron y dieron resultado refractario); ello así, pues la hernia inguinal atascada que presentaba el hombre requería una cirugía de urgencia.

En tanto, rechazaron la existencia de deficiencias en la historia clínica y señalaron que sus defectos no implicaron incumplimiento alguno; ello así, porque se trata de un documento que debe servir para realizar un seguimiento médico, función que consideraron cumplida, y argumentaron que nada de ello tuvo relación causal con los daños que se les imputan.

Bajo esa premisa, manifestaron que no se meritó debidamente que el actor era portador de una patología testicular bilateral de larga data y que la atrofia es una complicación posible en las cirugías de hernia inguinal; más aún cuando es grande y está atascada.

La cámara rechazó que los daños sufridos por el demandante no obedecieran a un error médico imputable sino a una “complicación esperable” en cirugías de hernia inguinal.

“La función de la prueba pericial es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de los cuales el juez no tiene conocimientos específicos”, resaltó.

“Si bien no es el perito quien define el pleito, si el informe que presenta se encuentra debidamente fundado, su peso y envergadura lo convierten en un valioso aporte para el sentenciante”, recordó.

Bajo esa premisa, indicó que el diagnóstico constituye un acto de vital importancia en la actividad médica pues a partir de él se elabora todo el plan de trabajo posterior o, más precisamente, el tratamiento a desarrollar, ya que se trata del primer acto que realiza el profesional para decidir en su consecuencia emprender el tratamiento adecuado.

Paralelamente, aclaró que el inicio del cómputo de la prescripción se concretó cuando fue diagnosticada la disfunción eréctil del actor, por haberse configurado allí la consolidación del daño, pues recién en tal oportunidad el urólogo interviniente arribó a su conclusión.

“Tendré en consideración que no estamos frente a una ciencia exacta, y que la responsabilidad de quien ve comprometido su obrar frente a una contingencia indeseada, debe ser juzgada valorando que se trata de una obligación de medios, por lo que los médicos intervinientes deben poner todos sus conocimientos, experiencia, la mejor técnica y demás reglas del arte a favor del paciente para brindarle las mayores posibilidades de cura”.