ESCUCHARLo resolvió el juez Alejandro Sánchez Freytes. Los principales imputados llegan a acusados por presunta defraudación y lavado
El juez federal N° 1 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, dictó la elevación a juicio de la cúpula histórica del sindicato Luz y Fuerza de Córdoba. La medida alcanza al actual secretario general, Jorge Molina Herrera, y al exlíder gremial Gabriel Suárez, acusados de liderar una asociación ilícita que habría defraudado al sindicato por cifras millonarias, además de realizar maniobras de lavado de activos. Entre los procesados, se destaca el exsecretario de Finanzas Fernando Navarro, junto con otros 18 imputados.
Según se desprende de la resolución de 149 páginas, Suárez, Navarro y Molina Herrera habrían sido los jefes de la asociación ilícita. “Conformaron un grupo para defraudar a la entidad sindical que decían representar, mediante el manejo de fondos que eran desviados y conducidos a su patrimonio y/o al de terceros”,
La investigación se originó en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), basada en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó movimientos financieros sospechosos desde 2012. Según la acusación, la defraudación se habría consumado mediante el libramiento de cheques a favor del sindicato (los líderes del gremio firmaban cheques que luego eran cobrados o endosados por empleados) estos fondos terminaban en manos de los líderes o terceros sin justificación clara; libramiento de cheques a personas jurídicas vinculadas al sindicato ( eran emitidos a empresas cercanas al gremio y luego transferidos a terceros ajenos o autorizados de las cuentas, sin poder justificar el destino final de los fondos ) y libramiento de cheques a personas relacionadas con los imputados (beneficiarios sin actividad comercial declarada o con inconsistencias fiscales recibían pagos). Además, Molina Herrera habría gastado más de 13,5 millones de pesos en fichas de casinos entre 2011 y 2015, según los informes, para luego cambiarlas a través de intermediarios, eludiendo controles de prevención de lavado de activos.
En la larga nómina de procesados enviados a juicio, sobresalen la hija de Molina Herrera, subsecretaria de Previsión Social, y Andrés Adolfo Chianalino, exinterventor de la Obra Social del Personal de Luz y Fuerza de Córdoba. La lista se completa con Alexis Daniel Fidelbo; José Ramón Galván; Oscar Fabio Guzmán; Daniel Edgardo Lozano; Roque Daniel Tapia; Justiniano Omar Arce; Fernando Delfor Delgado; Gisela Dalinda Tahan; Liza Rocío Loyola; Rita Ivana Carranza; Juan Bernardo Benito Farías; Julio César Secchi; Cecilia Ivone Pérez; Enrique Osvaldo Lorente; Emilio Ricardo Chaer, y Martín López.
