ESCUCHAREl Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos implementó un protocolo específico para abordar casos de maltrato y crueldad animal, reconociendo a los animales como sujetos de derecho y legitimando a asociaciones proteccionistas para actuar como querellantes en causas no patrimoniales.
En julio pasado, la provincia dio un paso trascendental al reconocer a los animales no humanos como sujetos de derecho en el marco de un juicio abreviado. En esa ocasión, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, condenó a un hombre de 42 años a siete meses de prisión efectiva por atacar brutalmente a un perro llamado Mateo, golpeándolo con una botella y una piedra, causándole severas lesiones mientras dormía en la vía pública.
En respuesta al aumento de casos de maltrato animal, el MPF estableció pautas para garantizar un “tratamiento adecuado en la sustanciación procesal de las investigaciones”. Según la resolución 113/24, los animales son reconocidos como víctimas no humanas con derechos. El texto subraya el carácter pluriofensivo de estos delitos, protegiendo no solo la vida e integridad de los animales, sino también valores como los sentimientos humanitarios y la biodiversidad.
El protocolo detalla que, en casos de maltrato que no ameriten imputación penal, se podrá optar por la conciliación con el denunciado. Esto implicará la entrega voluntaria del animal por parte del presunto agresor. En situaciones excepcionales, la conciliación puede incluir el cumplimiento de normas de conducta durante un plazo específico, tras el cual se decidirá sobre la entrega definitiva del animal.
En los casos más graves, que requieren la intervención de la Unidad de Investigación y Litigación, será necesario un informe veterinario para determinar la gravedad del maltrato. Para casos de menor impacto, se dará intervención a las áreas de salud animal municipales, evitando el secuestro del animal.
El protocolo otorga a las asociaciones protectoras de animales la legitimación para actuar como querellantes, permitiéndoles aportar pruebas y proponer medidas en representación de los animales víctimas. Además, si un animal es secuestrado y entregado a una asociación para su guarda, el protocolo establece que, en caso de devolución al propietario, deberá resolverse el pago de los gastos generados por el cuidado del animal.
