En un desalojo, el fiscal pidió que se garantice el interés del niño

Ante el inminente desalojo de una familia integrada por cuatro hijos, uno de ellos con discapacidad, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Fabián Canda, solicitó que se adopten "todas las medidas necesarias tendientes a resguardar el derecho a la vivienda digna” y se tenga en cuenta la “situación de vulnerabilidad" de los afectados.

El desalojo fue solicitado por el Ministerio de Defensa de la Nación habida cuenta de que la pareja y sus hijos viven en un departamento propiedad del Ejército Argentino.

Al formular el pedido, l a fiscalía valoró especialmente las normas de los órdenes nacional e internacional que obligan al Estado a realizar acciones positivas en favor de las personas vulnerables , por su condición de discapacidad y por tratarse de niños o niñas, y la tutela del "interés superior" consagrado en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, como también el contexto global de la pandemia de covid-19, que aumenta la vulnerabilidad de las personas afectadas por un desalojo.

"En las presentes actuaciones debe demostrarse un esfuerzo estatal exigido por la normativa internacional para garantizar la plena vigencia de los derechos comprometidos", consideró el fiscal.

"No se encuentra controvertido en autos que en el inmueble cuyo desalojo se peticiona habita un grupo familiar constituido por una mujer que padece una enfermedad respiratoria y por niños y niñas, uno de ellos con discapacidad". Esa situación particular del grupo familiar fue certificada en el expediente, como también que el jefe de familia percibe un salario neto que asciende a la suma de 21.600 pesos , "lo cual lo ubica por debajo del salario mínimo vital y móvil vigente", agregó el funcionario judicial.

Asimismo, recordó -con cita de la Corte Suprema- que más allá de la especial atención a niños y niñas "de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda; más aún si se tiene en cuenta la consideración primordial del interés del niño que la Convención sobre los Derechos del Niño (...) impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a ellos ".

Finalmente, el fiscal subrayó las dificultades del contexto global marcado por la pandemia de covid-19, que inciden en este proceso judicial. Resaltó al respecto la posición del relator especial sobre una vivienda adecuada de las Naciones Unidas, Balakrishnan Rajagopal, quien expresó que “durante una pandemia, en la cual las personas están llamadas a permanecer en sus viviendas para su protección y la de otros, los desalojos forzosos se vuelven aún más odiosos y pueden constituir una grave violación al derecho humanitario”.

En función de esos argumentos, el fiscal Canda postuló que la decisión que se adopte en el caso debe atender "el interés superior del niño" y el derecho de protección a la familia establecido en el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga "a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar".