ESCUCHARLa iglesia Católica boliviana frenó el aborto de una niña de 11 años violada por un familiar.
La infante está embarazada de cinco meses. En un primer momento quiso que le practicaran un interrupción legal de la gestación, pero cambió de parecer.
Estaba internada en un servicio de salud de la región de Santa Cruz, a la espera de uno de los tipos de aborto que están permitidos en ese país: cuando el embarazo es fruto de una violación, es producto de una relación incestuosa o la vida de la madre se halla en riesgo.
La menor fue violada por un hombre de 61 años, que es el padre de su padrastro. Los abusos ocurrieron durante los 10 meses que tuvo que convivir con su agresor, actualmente detenido, en una localidad de Santa Cruz, mientras su madre y su padrastro trabajaban en La Paz.
Algunos medios de comunicación cubrieron el hecho de que iba a producirse el aborto y varios religiosos hablaron con la madre de la niña y la convencieron de que desistiera de su propósito.
La menor salió del hospital y fue llevada a un centro católico de acogida para muchachas en situaciones parecidas a la suya.
En un comunicado, la institución religiosa señaló que “la única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor las dos vidas” y ofreció “acogida y atención” a la niña y al bebé en el Centro de Madres Adolescentes Madre María, asegurando el “apoyo material, médico, psicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo de posmaternidad”.
En la red social Twitter, el ministro de Gobierno Interior boliviano, Eduardo del Castillo, manifestó que “cuando una niña de 11 años es obligada a dar a luz producto de una violación, le están vulnerando todos sus derechos”.
“Lamentamos que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo bajo criterios aleccionadores y morales”, añadió.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, estimó que la actuación de la iglesia Católica era “delincuencial”, que está “torturando a una niña” y aseguró que informaría de lo sucedido al Vaticano.
Los grupos “provida” se apoyan en el hecho de que la niña tiene cinco meses de gestación, superior a las 13 semanas que se consideran como referencia para la práctica de abortos legales.
