Empresa de monitoreo de alarma debe pagar daño punitivo a una ex cliente

Apenas contrató el servicio, ingresaron ladrones en la vivienda de ésta. Al intentar activar el sistema, éste falló. Pidió la baja y la empresa dificultó el trámite para liberarla

Al confirmar la admisión de la demanda por daños y perjuicios entablada, por la deficitaria prestación del servicio de alarma y monitoreo, la Cámara 6ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la sanción de daño punitivo fundado en la conducta de la demandada, ADT Security Service SA, ante el reclamo de la accionante.[privado]

Sin embargo, el fallo redujo el monto indemnizatorio de lo peticionado por la accionante, ya que la juez a quo se extralimitó de ese monto, quebrantando el principio de congruencia.

La demandada apeló la sentencia, que resolvió condenarla a abonar a la actora Aurora Zomoza la suma de $20.000 en concepto de multa civil, con más los intereses establecidos.

El tribunal integrado por los vocales Alberto Zarza y Walter Simes precisó que el incumplimiento contractual por parte de ADT había sido comprobado, remarcando que no puede soslayarse que la empresa demandada reconoció -en sede judicial- la defectuosa prestación del servicio de alarma y monitoreo contratado.

Asimismo, el fallo sostuvo que -conforme las constancias arrimadas a la causa y los puntos sometidos a decisión que han quedado firmes- se tiene por comprobado que la actora Zomoza contrató el servicio de alarma y monitoreo; que la empresa prestadora del servicio efectuó la instalación de la alarma y que -transcurridos aproximadamente 15 días de ello- ingresaron ladrones a la vivienda de la actora y cuando ella intentó activar el servicio de alarma contratado éste no funcionó.

Deficitaria

La decisión siguió exponiendo que en razón de esa deficitaria prestación del servicio, Zomoza solicitó su baja, frente a lo cual la empresa prestataria le informó que debía cumplimentar la cláusula contractual titulada “Vigencia de la Solicitud”, mediante la cual al fin pretendido la consumidora debía notificar con una antelación mínima de 30 días su intención de declinar el servicio, por lo que Zomoza acudió a la Dirección de Defensa del Consumidor a fin de garantizar sus derechos constitucionales y lograr la desvinculación contractual.

La experiencia “informa que casi todos los días, en la sociedad de consumo en la que vivimos, empresas prestatarias de diversos servicios se contactan telefónicamente con potenciales consumidores a fin de captar su atención y cerrar contratos con cláusulas leoninas, y que a tales efectos, las diligencias y logística necesaria es casi instantánea”.

El tribunal señaló que durante la tramitación del procedimiento administrativo, personal dependiente de la firma demandada se contactó telefónicamente con la actora, pero la demandada no ha dado a la fecha voluntario cumplimiento de la propuesta conciliatoria ofrecida en sede administrativa.

La Cámara evaluó que el actuar de la firma prestadora del servicio de alarma y monitoreo fue desaprensivo, pues no actuó con la rapidez y la diligencia esperable de una empresa de las características de ADT.

Experiencia

Los vocales indicaron que la experiencia “informa que casi todos los días, en la sociedad de consumo en la que vivimos, empresas prestatarias de diversos servicios se contactan telefónicamente con potenciales consumidores a fin de captar su atención y cerrar contratos con cláusulas leoninas, y que a tales efectos, las diligencias y logística necesaria es casi instantánea”, resaltando que no sucede lo mismo cuando lo que se pretende es desvincularse del servicio o la obra contratada.

La alzada interpretó que Zomoza esperaba una respuesta rápida y eficaz a su pedido de baja del servicio, una respuesta tan rápida como la que obtuvo desde que solicitó el servicio y el mismo fue instalado en su domicilio (11 días), y ella comenzó a abonar mensualmente el precio en contrapartida.

“Es imposible eludir que desde que se iniciaron las actuaciones en sede administrativa consumeril, tendientes a finiquitar la relación contractual que unía a las partes de este pleito, han transcurrido a la fecha más de tres años -cierto que la empresa ofreció en dos oportunidades otorgarle el libre deuda a la actora, pero, según las constancias del expediente, a la fecha ello aún no ha ocurrido”, dijo el fallo.

Según el decisorio, semejante actitud mantenida por la empresa a lo largo de años no puede pasar desapercibida, agregando que la posición en el mercado de la demandada y su desfavorable y desaprensiva respuesta a la consumidora final de un servicio domiciliario, “llevaron a la señora Zomoza a verse en la necesidad de iniciar el reclamo administrativo en sede administrativa, contratando para ello los servicios profesionales”.

La resolución señaló que no se encuentran razones valederas a la negativa mantenida por la empresa de entregar el “libre deuda” a la accionante, dándole la merecida seguridad de saber que ya no se encuentra unida -en términos contractuales- a la empresa prestataria de un servicio del que nunca pudo valerse.

Actitud

La Cámara concluyó que la actitud desplegada por ADT “fue desaprensiva con su cliente, actitud reñida con el trato digno que ella merece (art. 42 de la CN), que habilita a imponer la sanción peticionada”.

Empero, el tribunal subrayó que, si bien resulta procedente reconocer la indemnización en el concepto solicitado, “es cierto que la misma no puede prosperar por la suma acordada por la juez de grado al argumentar que las implicancias del principio de congruencia así lo imponen”.

En tal sentido, los vocales precisaron que la actora peticionó $5.000, no amplió la demanda al respecto y durante toda la tramitación de la causa, no hizo ninguna otra alusión a que debería reconocerse un monto mayor.

Entonces, en el fallo se resolvió que corresponde acoger parcialmente el recurso articulado al respecto por la firma demandada y, en consecuencia, declarar procedente el reconocimiento de la indemnización peticionada en concepto de daño punitivo por la suma referida, más intereses.