Rechazan impedir obra de desagüe en Villa Allende

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba desestimó la pretensión de un grupo de vecinos que argumentaBa que la construcción tendría un importante impacto ambiental

El Alto Cuerpo en pleno rechazó el recurso planteado por la actora y ratificó lo resuelto por la Cámara 1ª Contencioso-Administrativa, que denegó la cautelar por la que se pretendía que se ordenara la suspensión de una obra de desagües y el convenio celebrado entre la demandada Municipalidad de Villa Allende y el ente ejecutor de la obra, hasta tanto se lleve a cabo una nueva evaluación de impacto ambiental.[privado]

El Alto Cuerpo consideró que no estaban acreditados los requisitos de peligro en la demora y verosimilitud del derecho, pero principalmente que la instancia impugnativa de apelación no implicaba asumir la competencia que le corresponde al tribunal de mérito, que es el que debe valorar y resolver respecto de presunta ilegitimidad del acto administrativo cuestionado en la acción de amparo ambiental.

Los vocales María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, María de las Mercedes Blanc Gerzicich de Arabel, Sebastián Cruz López Peña y Alcides Segundo Ferreyra, al analizar el recurso impetrado, indicaron que por medio de la resolución atacada, la Cámara no hizo lugar a la medida cautelar innominada solicitada con el fin de que se ordene la suspensión de la obra denominada “Red de Desagües Cloacales de Villa Allende”.

Providencia

El fallo relató que el recurrente pretende que la providencia sea revocada y que se disponga la paralización de la obra proyectada hasta tanto no se lleve adelante una nueva evaluación de impacto ambiental del emprendimiento, se derogue la ordenanza N° 13/17 -que dispone la utilización del predio ubicado en el barrio San Clemente para la instalación de la planta provisoria de tratamiento cloacales- y se proceda a designar un nuevo lugar para la radicación del establecimiento.

El TSJ indicó que los recurrentes centraron sus objeciones en que, presuntamente, no se habría valorado en forma adecuada que la planta no tendrá la capacidad suficiente para tratar los residuos cloacales a la que se la pretende someter; que, al no haberse efectuado un apropiado estudio de suelos, no se advirtió que el terreno se encuentra ubicado en una de las zonas más inundables de Villa Allende, a escasos metros de las viviendas de los vecinos; que la iniciativa conlleva el riesgo adicional “de contaminación por el desvío del cauce del Arroyo Saldán”; que existe otro inmueble, donado especialmente por el Arzobispado, para la instalación que se busca; que se les ocultó información o, directamente, que se los desinformó, y que el cálculo de las viviendas tenidas en cuenta se basó en un censo antiquísimo.

"El proyecto cuenta con la licencia ambiental otorgada por la autoridad competente en la materia en Córdoba, derivando que la licencia concedida supone que la Administración provincial ha desplegado la fiscalización previa y obligatoria impuesta por la ley".

El Alto Cuerpo señaló, asimismo, que los recurrentes le atribuyen a la Cámara que, en el marco del análisis restrictivo que supone toda ponderación cautelar y provisoria, no haya examinado instrumentos de gran relevancia y que reflejan el control que la administración provincial.

Sin embargo, se observó que la resolución que otorga la licencia ambiental consigna el informe preliminar, expedido por la Comisión Técnica Interdisciplinaria, según el cual el proyecto “cumple con los requisitos mínimos necesarios de presentación del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”.

Así, el TSJ consideró que el proyecto cuenta con la licencia ambiental otorgada por la autoridad competente en la materia en Córdoba, derivando que la licencia concedida supone que la Administración provincial ha desplegado la fiscalización previa y obligatoria impuesta por la ley para tener por cumplido, en principio, todos los requisitos, regulaciones y procedimientos vigentes en materia de prevención y control ambiental.

Desproporcionado

Los vocales sostuvieron que “luce desproporcionado e improponible que, en el marco del análisis restrictivo que supone todo incidente vinculado con una medida cautelar en grado de apelación, que los recurrentes pretendan que este TSJ pondere que la licencia (ambiental) está mal concedida y que es errada”.

El decisorio remarcó que los demandantes “no han acreditado que los actos desplegados y que han concluido con el otorgamiento de dicha licencia adolezcan de vicios tan ostensibles como para poner en cuestionamiento la regularidad administrativa de la que da cuenta la resolución N° 315 y que es la fuente de la presunción de legitimidad que los alcanza”.

La citada resolución argumentó que, en principio, el derecho que los actores esgrimen no presenta el grado de verosimilitud requerido para que proceda el dictado de una medida de la entidad como la solicitada, resaltando que la magnitud de lo que “se requiere exige un juicio completo, que solo es posible al final del proceso en curso y por parte del tribunal que, en principio, tiene plena competencia material para resolver el fondo de lo debatido”.

Los jueces consideraron que los recurrentes “pretenden cuestiones sumamente delicadas, que tienen impacto en decisiones de interés público que han sido adoptadas por los órganos constitucionales de gobierno representativos de la voluntad popular (en el caso del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante de Villa Allende), en uso de la plena autonomía municipal garantizada por nuestro bloque de constitucionalidad federal”.

Bloqueo

El fallo apuntó que se busca bloquear una decisión institucional adoptada dentro del margen de discrecionalidad del que goza todo municipio para implementar una política pública; en este caso, para conjurar la circunstancia de que el tratamiento de aguas servidas realizado en la actualidad mediante sistemas individuales de cámara séptica y pozos (zanjas) absorbentes “ha producido la saturación de las napas”, lo que representa “un riesgo sanitario para la población y un riesgo ambiental para el recurso hídrico”, según puede leerse en la referida ordenanza N° 7/17.

De la misma forma, consideró que en relación con la actividad de fiscalización previa desarrollada por la autoridad provincial de aplicación en materia ambiental, los demandantes aspiran a que el TSJ, prácticamente, subrogue a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático para que proceda a declarar que “la licencia (ambiental) está mal concedida, es errada”.

Finalmente, el Alto Cuerpo valoró que lo denunciado por los recurrentes seguramente, será sopesado minuciosamente por la Cámara 1ª en lo Contencioso-administrativo, cuando deba expedirse -con todos los elementos disponibles- sobre el fondo de lo discutido, remarcando que los accionantes plantean cuestiones que exceden largamente las posibilidades de conocimiento -y, por ende, de control- de este Alto Cuerpo en el estado actual del proceso judicial en curso por carecer de todos los elementos suficientes, lo que sólo acontecerá una vez que concluya la tramitación de los autos principales ante la Cámara.

Autos: "SOUL, ELBA MARGARITA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE - AMPARO (LEY 4915) - CUERPO DE COPIAS - RECURSO DE APELACIÓN" (expte. SAC n.º 6652747)