Eligen procedimiento más breve para discutir daños y perjuicio en la compraventa de un inmueble

La cámara interviniente entendió que en el caso correspondía aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, que autoriza al demandante elegir el proceso judicial que resulte de mayor celeridad

Al entender que, en principio, se acreditó la calidad de consumidor del demandante en el pleito iniciado en contra de la demandada Gama SA, en el cual pretende la compensación de daños y perjuicios por el incumplimiento contractual en la compra de un inmueble, la Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba rechazó el recurso de apelación presentado por la desarrollista y confirmó el pronunciamiento de primera instancia que ordenó que la causa se tramite mediante el procedimiento abreviado, comprendido en las disposiciones de la ley provincial N° 10555, sin que la empresa haya demostrado perjuicios en los plazos más cortos para contestar demanda u ofrecer prueba.

El tribunal integrado por los vocales Rosa Molina de Caminal, Gabriela Lorena Eslava y Héctor Hugo Liendo analizó el recurso de apelación, en el que la recurrente Gama cuestionaba la calidad de consumidor de la parte actora, considerando que se trató de una inversión y que el actor tiene otras propiedades.

Al respecto, la cámara consideró que el hecho de que tenga “otras propiedades “ no necesariamente torna inaplicable la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).

El fallo observó que si bien es real que la demandada sea una clara proveedora de bienes de consumo, no importa que todos los contratantes sean consumidores, lo cierto es que en la etapa inicial, si puede considerarse prima facie que así lo sea cuando se trate de personas físicas y no se cuente con elementos que enerven de manera clara esta presunción.

Asimismo, la alzada advirtió que ello, sin perjuicio de que luego de diligenciada la prueba, pueda considerarse acreditado que no se trató de un consumidor final, tal cual lo aduce en esta oportunidad.

Además de lo expuesto, los vocales señalaron que el contrato firmado por las partes, incluso, califica al actor como consumidor, al establecer concretamente que se cumplió con el deber de información al consumidor.

Calificación

De este modo, se consideró que es correcta la calificación provisional de la relación de fondo como de consumo y, por lo tanto, la aplicación del artículo 53 de la LDC.

Así las cosas, el tribunal sostuvo que, aun cuando existieran dudas, a los fines del procedimiento, no se le ocasiona agravio alguno a la demandada la tramitación bajo tales normas tuitivas, sin perjuicio de que luego la decisión de fondo establecerá si efectivamente se trataba de una relación de consumo.

De ello los jueces derivaron que la valoración del agravio de la recurrente respecto a la necesidad de un trámite más amplio, no se encuentra justificado en el caso de autos.

En ese sentido, se precisó que el pedido de la parte demandada, del trámite más amplio, mediante el cuestionamiento del decreto inicial, “debe tener las razones por las cuales considera que la complejidad de la causa justifica un trámite más amplio, lo cual entendemos que se trata de un pedido demasiado genérico y que no demuestra un justificativo concreto”.

A su vez, el pronunciamiento destacó que la supuesta cantidad de prueba a la que hace referencia la apelante importaría una posible dificultad para quien la ofreció- en el caso, el consumidor actor- quien insiste en el trámite más abreviado.

Además, se indicó que el alto monto de la pretensión no importa complejidad que justifique un trámite más amplio.

Plazo

Luego, los jueces consideraron que tampoco el plazo de seis días para contestar demanda y que el recurrente es exiguo, al argumentar que sin perjuicio de que ya han pasado meses desde que conoce la demanda, “lo cierto es que el trámite oral no importa vulneración alguna del derecho de legítima defensa, sino únicamente abreviación de algunos plazos, todos similares al proceso abreviado”.

Conforme lo hasta aquí expuesto, en el fallo se resolvió que procede rechazar el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria al de reposición por el apoderado de la parte demandada, en contra del decreto dictado por la jueza del Juzgado en lo Civil y Comercial de 28ª Nominación de Córdoba, confirmando la decisión impugnada en todo cuanto dispone.