El TSJ ratificó criterio para la aplicación de la prisión domiciliaria a madres

La Sala Penal del Alto Cuerpo desestimó la casación de la progenitora, quien cumple una condena firme. Cuestionaba el límite de edad de los hijos a cargo para el otorgamiento del beneficio

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó el criterio que sostiene para el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria y rechazó el planteo de una madre que tiene condena firma por facilitar la corrupción de su hija menor de edad.

La defensa de la interna Analía Scalzi cuestionaba la decisión del Juzgado de Ejecución Penal de Tercera Nominación que no hizo lugar a la solicitud de concederle esa franquicia a su defendida.

Entre otros argumentos, la defensora esgrimía que Scalzi es madre de tres hijos adolescentes (L.M.N, de 19 años; J.I.N., de 18 años y T.J.N. de 13 años) y tiene a su cargo a un nieto de dos años de edad, Q.N., y respecto de éste expuso que el padre está ausente y su madre (L.M.N) está completando sus estudios de nivel secundario.

Además, la peticionante señaló que el padre de los hijos de la interna se encuentra privado de la libertad por un delito contra la integridad sexual en perjuicio de la hermana de ellos, planteando que, ante ello, los adolescentes perdieron el vínculo de hermandad que llevaban con M.N. y experimentan angustia por el estigma social que apareja ser hijos de una persona condenada por agresión sexual.

Facultad discrecional

A su turno, la vocal Aída Tarditti señaló que la decisión de otorgar la prisión domiciliaria es una facultad discrecional del órgano jurisdiccional, siempre que se observen los requisitos establecidos por la ley, entre los que mencionó que se trate de la madre de niños menores de cinco años de edad o de una persona con discapacidad y que el menor o la persona con discapacidad vaya a estar "a cargo de la madre" mientras se encuentre presente el supuesto de excepción que habilita esta modalidad especial de cumplimiento de condena, aclarando que "el estar a cargo debe entenderse con las limitaciones propias que de la condición de ´incapaz de hecho´ del condenado, en función de lo dispuesto por el artículo 12 del Código Penal, advirtiendo que no es conveniente ampliar los casos establecidos en la ley, pues generaría una absoluta inseguridad jurídica.

Tarditti, cuyo voto fue secundado por los vocales Sebastián López Peña y María Marta Cáceres , añadió que la finalidad que persigue el artículo 32, inciso f, de la ley 24660 es evitar que la pena trascienda más allá de lo inevitable y proteger el interés superior de los niños, pero sólo de aquellos que no ha cumplido los cinco años y se encontraban -hasta la detención de ésta- a cargo de su madre, situación que no se daba en el caso bajo análisis, conforme surge de las partidas de nacimiento acompañadas por la defensa, todos los hijos de la condenada son mayores de cinco años de edad.

Media sanción

El fallo recordó que cuando se trató en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto que culminó en la media sanción de la ley 26472, se sostuvo que la prisión domiciliaria de madres de niños pequeños e incapaces "se debe a que la sanción no debe trascender al individuo responsable penalmente (principio de intrascendencia)”.

El TSJ opinó que ley pretende que la pena impuesta a una madre no trascienda más allá de lo inevitable a su hijo menor de cinco años, o adulto incapaz, y que se procure la máxima vigencia del principio de protección del interés superior de los primeros, los cuales son menores de 18 años, reiterando que, en este caso particular, se trata de una madre de niños mayores de cinco años, cuatro de los cuales ya son mayores de edad, y abuela de un menor de cinco años, quien está al cuidado de su madre biológica.

La decisión interpretó que "la ley ha sido clara al consagrar únicamente a la madre como posible beneficiaria de esta alternativa". Ello responde a la circunstancia fundamental de "que los efectos que el encarcelamiento de una madre tiene en las familias son, generalmente, más devastadores que los que pudiera tener el encarcelamiento de un padre”.

Consideración

Según se reiteró, "no puede dejar de considerarse que la señora Scalzi fue condenada por el delito de facilitación de la corrupción de menores calificada reiterada (dos hechos) en concurso real, en donde la víctima de los hechos fue su propia hija. A su vez, dicha sentencia se encuentra firme atento haberse rechazado el recurso de casación impuesto por la defensa de la interna”.

Finalmente, el fallo refutó el argumento de la defensa, en cuanto que debió realizarse una interpretación extensiva del artículo 32 inc. "f" ley 24660 en aras de resguardar el interés superior de los hijos de la interna, señalando que es menester recordar que en nuestro país el trato humanitario en la ejecución de la pena tiene expresa consagración normativa y la prisión domiciliaria viene a constituir una de las formas por las que el legislador receptó ese principio, contenido en el precedentes "Pompas", "Pastor" y "Docampo Sariego" de la Sala Penal.