ESCUCHAREl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le impuso a Polonia el pago a la Comisión Europea de una multa de un millón de euros al día, por no paralizar las actividades de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, órgano que, según estima, amenaza la independencia de los jueces.
Esta decisión llega en un escenario de crisis entre Varsovia y Bruselas, que se agravó luego de que el Tribunal Constitucional polaco cuestionó no sólo la primacía del derecho comunitario sino también al TJUE.
A raíz de ello, Polonia quedó cerca de una ruptura legal con la UE.
La justicia europea resaltó que Polonia no suspendió provisionalmente, tal y como le reclamó en julio pasado, la sala disciplinaria del Supremo, órgano que, entre otras cosas, puede sancionar a los magistrados que apliquen la primacía del derecho europeo o eleven cuestiones prejudiciales ante el TJUE.
Hace tres meses, el tribunal con sede en Luxemburgo exigió al gobierno polaco que dejara en suspenso la actividad de la sala hasta que se pronunciara de forma definitiva sobre el asunto, con el fin de evitar causar un perjuicio grave e irreparable.
“La mera existencia de disposiciones nacionales que permitan que el sistema disciplinario sea utilizado como sistema de control político del contenido de las resoluciones judiciales puede suscitar dudas en el ánimo de los justiciables y de los demás Estados miembros en cuanto a la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales,”, aseguró el TJEU en el decisorio que emitió en julio.
En tanto, ahora, al establecer la multa, recordó que el cumplimiento de cautelares es necesario para evitar que se lesione de forma irreparable el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y, por consiguiente, los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los individuos y a los valores en los que se basa la unión; en particular, el del Estado de derecho.
A principios de septiembre, el Ejecutivo comunitario decidió reclamar sanciones para exigir el cumplimiento de la cautelar.
En el único precedente del que se tiene constancia en los despachos de Bruselas relacionado con medidas cautelares, que data de 2017, el TJUE exigió una multa de al menos 100.000 euros al día por incumplimiento. El protagonista de esa batalla también fue Polonia, que se negaba a proteger un bosque primigenio.
Después del anuncio de aquel pedido, el Ejecutivo polaco tardó un día en acatar.
