El TEDH condenó a España por limitar reproches a una magistrada

En dos instancias, la Justicia española consideró que se configuró un ataque personal a la jueza porque se le atribuyó “ignorancia, parcialidad o un comportamiento injusto”, lo que a afecta “directamente al núcleo de la dignidad humana”

España recibió un fallo adverso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por multar por injurias graves a los portavoces de la ONG Plataforma Aguilar Natural, que criticaron públicamente a una jueza. [privado]

El decisorio del TEDH no fue unánime: la española María Elósegui y el chipriota Georgios Serghides discreparon de los cinco magistrados que suscribieron el voto mayoritario y advirtieron: “Defender la difamación no contribuye al pluralismo y a la democracia”.

Paralelamente, Elósegui y Serghides cuestionaron a la Corte de Estrasburgo por lo que definieron como “una tendencia a no respetar los márgenes de apreciación” de las autoridades de los Estados miembros.

En 2015, la condena a Sergio Benítez e Ivo Aragón a pagar de 2.400 euros de multa impuesta por la Audiencia Provincial de Teruel llegó hasta el Tribunal Constitucional, que avaló por mayoría la sanción penal.

Diario de Teruel

En marzo de 2011, Benítez y Aragón publicaron en el Diario de Teruel una carta abierta a la magistrada María Elena Marcén, en aquel momento titular de un Juzgado de lo Contencioso-administrativo, en un caso en el que se discutía la pertinencia de un procedimiento de impacto ambiental antes de darle luz verde a un proyecto de extracción de minerales.

Los portavoces afirmaron que la jueza fue parcial, que se “lavó escandalosamente las manos” porque vio pruebas documentales contradictorias y no hizo nada.

“Da la impresión de haber sentenciado primero y construido la argumentación después”, valoraron sobre el fallo.

La Audiencia de Teruel consideró que, más allá de la crítica a la decisión, se configuró un ataque personal a la magistrada; ello así, porque se le atribuyó “ignorancia, parcialidad o un comportamiento injusto, que afectaba directamente al núcleo de la dignidad humana”.

El Tribunal Constitucional coincidió en que el debate sobre una sentencia no autorizaba una “denigración gratuita” que implica negar un principio estructural del proceso como la imparcialidad.

Interés

Cinco de los siete jueces del TEDH entendieron que, por tratarse de asuntos de interés público, “salvo en el caso de ataques gravemente perjudiciales y esencialmente infundados”, los jueces pueden ser objeto de críticas personales dentro de los límites permitidos, y no sólo de manera teórica y general. “Cuando actúan en su capacidad oficial, pueden estar sujetos a límites más amplios de crítica aceptable que los ciudadanos”, indicaron.

También señalaron: “Si bien es legítimo que las instituciones del Estado, como garantes del orden público institucional, sean protegidas por las autoridades competentes, la posición dominante que ocupan exige que las autoridades muestren moderación a la hora de recurrir a la vía penal”.

En ese sentido, ponderaron que aunque se trate de una condena a multa existe el riesgo de que se produzca un “efecto amedrentador” en el ejercicio de la libertad de expresión.

La mayoría del TEDH recordó además su doctrina, que establece que cuando una ONG llama la atención sobre asuntos de interés público está ejerciendo una función de “vigilancia pública” de importancia similar a la de la prensa.

Por lo tanto, concluyó que las observaciones de los portavoces “exigen un alto nivel de protección de la libertad de expresión, por lo que se concede un margen de apreciación especialmente estrecho a las autoridades”.

A su juicio, los reproches que plantearon en la misiva fueron “críticas que un juez puede esperar recibir en el ejercicio de sus funciones” y opinó que “no estaban totalmente desprovistas de fundamentos de hecho”, por lo que “no debían considerarse un ataque personal gratuito, sino un comentario justo sobre un asunto de importancia pública”.

“No han sobrepasado el límite de la crítica permisible”, manifestaron, señalando que aunque es necesario proteger a la Judicatura frente a ataques “gravemente perjudiciales y esencialmente infundados”, dado que, además, los jueces no pueden responder debido a su deber de reserva, “ello no puede tener por efecto prohibir a los individuos expresar sus opiniones, mediante juicios de valor con una base fáctica suficiente, sobre cuestiones de interés público relacionadas con el funcionamiento de la justicia, ni prohibir toda crítica a esta última”.

En este caso, la magistrada “formaba parte de una institución fundamental del Estado, por lo que estaba sujeta a límites más amplios de crítica aceptable que los ciudadanos ordinarios”.

Margen

Con un duro voto en minoría, Elósegui y Serghides sostuvieron que los tribunales españoles “aplicaron los criterios establecidos en la jurisprudencia” y que ponderaron adecuadamente los dos derechos en conflicto.

Afirmaron asimismo que la Corte Europea “debe respetar el margen de apreciación de los Estados” y que es “muy criticada por la academia” por no respetar esa pauta.

Bajo esas premisas, reprocharon la “tendencia a conceder protección en virtud del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (libertad de expresión) a la difamación y a la calumnia que carecen de base fáctica y que contravienen los códigos penales nacionales de la mayoría de los 47 Estados contratantes”.

Defender la difamación no contribuye al pluralismo y a la democracia. Aunque el uso del derecho penal sea la última ratio, eso no significa que no se deba utilizar para limitar las calumnias, los insultos, los ataques gravemente gratuitos y los discursos racistas. Esa es una cuestión que entra dentro del margen de apreciación de los Estados”, manifestaron finalmente. [/privado]