ESCUCHAREn España, el PSOE y Junts sellaron un acuerdo político en Bruselas que beneficia a los encausados en el denominado procès.
Se trata de la antesala al registro de la ley de amnistía , con el fin de que prospere la investidura de Pedro Sánchez: los votos del partido de Carles Puigdemont posibilitan un Gobierno de coalición del PSOE y Sumar.
En una rueda de prensa, el secretario general del PSOE, Santos Cerdán, aseguró que “solo desde la política” y a través de la negociación se debe resolver el conflicto en Cataluña.
Además, dijo que es necesario formar “cuanto antes” un Gobierno para dar “estabilidad a los españoles” que, a su juicio, le dijeron “no” a una Administración del PP y Vox.
Se comprometió a negociar para concederle a la sociedad catalana “un nuevo horizonte” en el que la política sea el “marco” en el que se resuelvan las diferencias.
Al pactar con el socialismo, Junts propuso la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el “futuro político de Cataluña”. En tanto, el PSOE prometió que defenderá el “amplio desarrollo” del Estatut de 2006.
En el acuerdo figura la puesta en marcha de un “mecanismo internacional” entre ambas organizaciones para “acompañar, verificar y realizar seguimientos” de todo el proceso de negociación y de los pactos a los que lleguen.
A principios de esta semana, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), integrado por 16 personas, aprobó por mayoría una declaración institucional en contra de la ley de amnistía que negociaban el PSOE y Junts.
Nueve vocales -los ocho que solicitaron la declaración y un noveno que se adhirió- votaron a favor, mientras que cinco progresistas se pronunciaron en contra y otro faltó. En tanto, el presidente interino del CGPJ votó en blanco.
La declaración planteó la “intensa preocupación y desolación” del consejo por la medida, que, según expresó, “supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España”.
Además, indicó que “a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España”.
“El CGPJ ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y los que también se cometieron con posterioridad, para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado”, agregó el texto.
Carles Puigdemont
También hizo clara referencia al líder de Junts, Carles Puigdemont, recientemente imputado por delitos de terrorismo en la causa del Tsunami Democràtic, que se sigue en la Audiencia Nacional.
El documento redactado por los vocales conservadores fustigó que se buscara pactar con partidos separatistas como Junts, “dirigido por un prófugo de la Justicia que se beneficiará personalmente”.
Protestas
Luego de que trascendiera la manifestación del CGPJ, se registraron protestas en las sedes del partido socialista de varias ciudades por la posible amnistía a los independentistas catalanes a cambio de su apoyo para la investidura de Sánchez.
Cientos de personas -entre ellas, el líder del partido de derecha Vox, Santiago Abascal- participaron en una concentración ante la sede del PSOE en Madrid. La convocó Revuelta, un movimiento juvenil que se define como “patriota español”.
Entre las consignas plasmadas en pancartas figuró una con el lema “Pedro Sánchez a prisión”. En tanto, los gritos más coreados fueron “España no se vende” y “golpistas a prisión”.
Movilizaciones similares se desarrollaron en la capital catalana, Barcelona, así como en Valencia y en Sevilla.
Tribunal Supremo
Vox, la tercera fuerza más votada en las elecciones del pasado julio, adelantó que denunciará a Sánchez ante el Tribunal Supremo español si se tramita la norma, a la que considera “flagrantemente inconstitucional”.
Cabe recordar que aunque el PP fue la fuerza más votada en los últimos comicios, no logró los apoyos parlamentarios necesarios para llegar al Gobierno.
