El silencio de la ART no basta para condenarla

El TSJ cordobés reparó que la falta de respuesta de la aseguradora de riesgo no significó implícitamente que consintiera el porcentaje de incapacidad permanente del trabajador reclamante La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) -al advertir que la aceptación tácita de la demandada, la Segunda ART SA, se debió a una incapacidad temporaria- reparó el error de la instancia anterior e hizo lugar a la casación, revocando la condena. [privado] El recurrente acusó errónea aplicación del Art. 6 del decreto N° 717/96, al afirmar que la aceptación tácita derivada del silencio no puede desentenderse de la realidad, remarcando que la renuncia a la pericial médica y a la testimonial impidió tener por acreditadas las tareas, el porcentaje de incapacidad y la relación de causalidad. El Alto Cuerpo integrado por los vocales Luis Rubio, Domingo Sesin y Aída Tarditti indicó que en el subexamen la denuncia de la enfermedad profesional fue formalizada bajo certificación médica de una incapacidad del trabajo definitiva, agregando que la aseguradora de riesgos no rechazó la contingencia en tiempo y forma, infiriendo que dicha omisión de expedirse condujo a que por una “ficción legal” se tuviera por aceptada la cobertura. Los jueces destacaron que ello trajo aparejada la obligación de brindar las prestaciones dinerarias durante todo el período de curación y confirmadas aquellas en especie que debieron otorgarse de inmediato de recibida la comunicación. El TSJ destacó: “Entre la notificación cursada y la aceptación tácita, siendo la incapacidad temporaria, mal pudo tenerse por consentido un porcentaje de incapacidad permanente”, afirmando que debió producir la prueba tendiente a establecer si existían secuelas incapacitantes, si ameritaba recalificación, corroborar el grado de incapacidad definitivo, el nexo causal de esas patologías con el infortunio laboral asentido (enfermedad profesional) y la realización de las tareas que sirvieron de base fáctica al médico en la calificación legal. Así, el fallo concluyó que la falta de prueba impidió respaldar los extremos en los que se fundó la demanda, precisando que, primero, el certificado médico acompañado en esa oportunidad (Art. 46, CPT) tenía un vicio en su confección: no aparecían discriminados los porcentajes de incapacidad, más allá de no revestir la fuerza probatoria de una pericia médica y que el trabajador se mantuvo inactivo en la mencionada etapa. En ese sentido, la decisión consideró que la jueza de Conciliación emplazó al actor para que acompañe los estudios requeridos por el galeno de oficio -radiografía de columna lumbar y ecografía de hombros y rodillas-, bajo apercibimiento de tener por renunciada dicha prueba y elevar las actuaciones. Pese a ello, transcurridos varios meses de la prolongada inacción y notificado el proveído que hizo efectiva la advertencia, quedó firme. En consecuencia, se afirmó: “Resulta acreditada la falta de impulso a los fines de posibilitar la oportuna realización del dictamen, lo que pone en evidencia el desinterés de Ángel Naimayer para que la evidencia se llevara a cabo”. Finalmente, se señaló que se reiteraba la “negligencia procesal” al tiempo de la audiencia de vista de la causa con la dimisión de la confesional y testimoniales, de vital importancia a los fines de probar si la minusvalía provenía de las labores descriptas en el libelo inicial. Para los magistrados, “la actitud pasiva impidió corroborar la modalidad de ejecución de sus tareas”. Autos: "NAIMAYER ÁNGEL JOSÉ C/ LA SEGUNDA ART SA - ORDINARIO - ENFERMEDAD ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS)" RECURSO DE CASACIÓN 3097355 [/privado]

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