El Senado se encaminaba hacia la aprobación de la reforma judicial

Pese al rechazo de la oposición, el Gobierno contaba con los votos necesarios para la media sanción. En Diputados, el oficialismo deberá negociar para convertir la iniciativa en ley El oficialismo buscaba anoche darle media sanción en el Senado a la Reforma Judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández, en una sesión que se caracterizó por las críticas de la oposición.[privado] El proyecto, una promesa de campaña del Presidente, fue presentado el pasado 29 de julio, y tratado en cinco reuniones de comisión por las que desfilaron 45 expositores, entre los que se destacaron constitucionalistas, jueces, representantes de distintas asociaciones, fiscales y abogados. La presidente del Senado, Cristina Fernández, abrió la sesión a las 14.36 con una lista de 41 oradores que se anotaron para el debate, que pese al rechazo de la oposición, tenía los votos para la media sanción. La verdadera batalla se hará en Diputados, donde el Gobierno no tiene mayoría y deberá negociar si pretende convertir en ley la Reforma Judicial. El proyecto fue rechazado por Juntos por el Cambio, que se negó a realizar aportes a la iniciativa por considerar que forma parte de un plan más amplio que busca intervenir la Justicia para favorecer a dirigentes oficialistas, que afrontan problemas judiciales por causas de corrupción. Al comienzo del debate, la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, defendió la iniciativa, señalando que, en la campaña electoral, quien luego fue electo Presidente de la Nación manifestó muchas veces su preocupación por la situación de la Justicia Federal y “la necesidad de recuperar la independencia de los jueces y la plena vigencia de las garantías constitucionales”. “Hemos asistido a una oposición cerrada, una oposición que no pretendió generar ningún tipo de cambio en el proyecto que venía del Ejecutivo”, aclaró Sacnun, enfatizando que “éste no era un proyecto cerrado” sino que venía a ser debatido “en este que es el poder más democrático de la Nación”. Rebatió luego los argumentos utilizados respecto de la falta de oportunidad para debatir esto, o que no se pudiera tratar este tema a través de medios remotos, y agregó: “La situación de la Justicia Federal es grave, porque hemos asistido a cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, durante los cuales se estableció una mesa judicial”. “Este proyecto se basa fundamentalmente en cuanto a la mirada de las provincias argentinas y al fortalecimiento de la Justicia Federal en las provincias en el proyecto de Justicia 2020 del anterior gobierno, y en un proyecto legislativo que fue suscripto por varios legisladores de la oposición, muchos de los cuales siguen ocupando sus bancas”, dijo en referencia a Luis Naidenoff, Silvia Elías de Pérez y Ernesto Martínez. Aclaró sobre las causas en trámite que “pretendieron instalar que se pretendía buscar impunidad respecto de causas que están siendo investigadas; nada más lejos de la realidad. Este artículo se adecua perfectamente a la garantía de los jueces naturales que establece la Constitución nacional; ninguna causa va a ser sacada de sus jueces naturales. Todas las causas van a seguir siendo tramitadas por los jueces que ya las están instruyendo”. Sacnun señaló que la polémica cláusula agregada por el senador Oscar Parrilli pretende “salvaguardar los intereses de la sociedad, del estado de derecho, es para salvaguardar la independencia de los jueces, que deben ser independientes no solamente del poder político; también lo deben ser del poder económico, y del poder mediático, que están incluidos dentro del poder económico”. Plan de impunidad A su turno, en su calidad de miembro informante del dictamen sobre la reforma judicial, la senadora macrista Laura Rodríguez Machado consideró que la reforma judicial es parte de “un plan de impunidad”, y expresó el “rechazo total, absoluto” al proyecto de ley oficial, que además calificó como un “festival de cargos”. “(El proyecto) es simplemente un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar en manejar la justicia federal penal hacia un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado gobierno”, resaltó. La legisladora también cuestionó que “solamente trata una modificación de la justicia federal penal” y de “gastar seis mil millones de pesos” en una justicia que “atiende a los poderosos, atiende a los que cometen delitos de corrupción”. La senadora del PRO destacó además que el procurador general interino, Eduardo Casal, “está recibiendo los embates más grandes que hacen a su cargo, para ver si de alguna manera lo hacen renunciar y poner ustedes al procurador que quieren sin los dos tercios”. Sobre la puesta en marcha del sistema acusatorio, la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales remarcó que “lo que hace es darle mayor participación a los fiscales”, y en el proyecto “en vez de generar más fiscalías, se crean más cámaras y juzgados”. Chicanas Al comienzo de la sesión, la vicepresidente Cristina Fernández y el senador Esteban Bullrich -quien en la última sesión le presentó una cuestión de privilegio- protagonizaron un irónico cruce. “Bullrich, ¿dónde está Bullrich? A ver, que no lo vi la última vez”, dijo la titular del cuerpo, haciendo referencia indirectamente al “doble” del senador macrista, quien durante la reunión en que se dictaminó la reforma judicial usó un fondo de pantalla con su imagen y fue blanco de memes en las redes. Bullrich aparecía en la pantalla, pero permanecía mudo, entonces la vicepresidente insistió: “A ver, Bullrich”. Y el legislador levantó la mano, haciendo el gesto de saludo. Pero la vicepresidenta siguió: “Bullrich, ¿dónde está? Ah, ya lo vi, ¿qué tal senador Bullrich, cómo le va?”. “Bien, presidenta, buen día, ¿cómo está?”, abrió el micrófono Bullrich. “Muy bien, mejor que nunca le diría”, respondió Cristina. “Bueno, me alegro”, replicó el senador, a lo que la ex presidente dijo “también”. Bullrich se quedó con la última palabra: “La Argentina no tanto”. Algunos puntos importantes del proyecto Justicia federal en el interior del país. Serán 63 juzgados los federales de primera instancia: seis cámaras federales nuevas (Catamarca, Formosa, Salta y Jujuy, San Juan, San Luis Santiago del Estero) más dos salas nuevas en la ya existente Cámara Federal de Rosario y una en la de Mar del Plata, lo que implica en total de 27 cargos de juez; y dos nuevos tribunales orales federales (en Chaco y Corrientes), es decir, seis nuevos cargos. En total serán 96 nuevos cargos de juez, dos más que en el proyecto original, aunque con una composición muy distinta. Sorteos. Se realizarán manualmente y deberán ser grabados. También serán manuales los sorteos de tribunales de juicio. Se podrá requerir el apoyo de organismos externos para garantizar la transparencia del procedimiento. Concursos. Se extendió de 10 a 30 días el plazo que tiene el Consejo para llamar a concursos para ocupar los nuevos cargos una vez que entre en vigencia la ley. También se estableció que la prueba de oposición será escrita y se exige el 60% de aprobación de ese examen para pasar a la siguiente etapa. Fusión de fueros. La propuesta original, además de la unificación penal, proponía una fusión del fuero Contencioso-administrativo Federal con el Civil y Comercial Federal. Esto fue eliminado de la reforma Subrogantes. Mientras se lleven a cabo los concursos, los nuevos juzgados serán ocupados por subrogantes. La Cámara de Casación porteña debe elaborar un listado con los jueces de ese fuero que manifiesten su intención de subrogar estos juzgados. Esa lista debe ser enviada al Consejo de la Magistratura, que con una mayoría de dos tercios de sus miembros elegirá los subrogantes. Los nombres aprobados por el Consejo luego deberán contar con acuerdo del Senado de la Nación. Fusión penal. Se propone la fusión del fuero Criminal y Correccional Federal y el Penal Económico. Esto derivaría en la creación de un nuevo fuero Penal Federal con 46 juzgados: los 12 de Comodoro Py, los 11 en lo Penal Económico y 23 nuevos juzgados. El nuevo fuero contaría con las cuatro cámaras de apelaciones ya existentes y 17 tribunales orales (cinco de ellos, nuevos). Las causas en trámite, sostiene el proyecto, seguirán su curso en los tribunales en los que tramitan actualmente.[/privado]

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