ESCUCHARPor unanimidad, la Cámara Alta aprobó con 56 votos el proyecto de ley que establece que el beneficio otorgado al represor Luis Muiña no es aplicable a delitos de lesa humanidad. En Córdoba, la ex plaza Vélez Sársfield fue el epicentro de una importante manifestación popular. Desde Mendoza, el presidente Mauricio Macri rompió el silencio y aseguró que está en contra de cualquier “herramienta a favor de la impunidad”
Una intensa jornada se vivió ayer en todo el país por causa del polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que otorgó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña. En una maratónica sesión, el Senado nacional aprobaba por unanimidad, en horas de la tarde, la ley que establece que el cómputo del 2×1 no puede ser aplicable a los delitos de lesa humanidad. Dos horas después, tal como había sido anunciado, miles de argentinos marcharon en diferentes puntos del país manifestando su repudio por la decisión del Máximo Tribunal.
En Buenos Aires, el epicentro fue la plaza de Mayo. Un cartel blanco fue dispuesto en el escenario con la inscripción “Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes” . Con pañuelos blancos atados al cuello participaron de la movilización organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo y el colectivo Espacio Memoria, Verdad y Justicia. También se sumaron la CGT, las dos CTA, organizaciones sociales, el FIT, otros partidos de izquierda, Libres del Sur y el FpV, entre otros.
“No es una marcha contra el Gobierno. Estamos apoyando la democracia. Este fallo es un retroceso que no respeta la Constitución ni la democracia”, dijo la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, mientras se preparaba para leer el documento conjunto de los organismos de derechos humanos. Y agregó: “Esto es una fiesta popular en repudio a ese aberrante intento de impunidad”.
El abogado Eduardo Barcesat consideró que los tres jueces de la Corte suprema -Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- que avalaron el 2×1 tendrían que dejar sus lugares en la Corte. El ex juez Carlos Rozanski recordó que condenó cuatro veces a Miguel Etchecolatz. “Argentina no va a retroceder”, consideró.
Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), manifestó satisfacción por la manifestación y consideró que es un freno a un intento de consagrar la impunidad.
En Córdoba, la explaza Vélez Sársfield fue escenario de encuentro. Cuando Abuelas Córdoba, que encabezaba la manifestación, llegó al edificio de los Tribunales federales -fin del trayecto-, había columnas que no habían salido aún de Vélez Sáefield y Bv. San Juan. La convocatoria fue realizada por los organismos de Derechos Humanos. Entre las personalidades de la política se encontraba Alejandra Vigo, secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, y el vicegobernador Martín Llaryora.
La ley aprobada
En el recinto senatorial la ley que clausuró la salida de los represores obtuvo 56 votos a favor, la cantidad exacta de senadores que logró llegar a Buenos Aires a tiempo para participar de la sesión, que fue convocada de manera presurosa el último martes, mientras la Cámara de Diputados todavía se encontraba debatiendo el proyecto.
Ese apuro se reflejó también al inicio de la sesión, cuando se planteó votar a las 15, de manera que la ley estuviera aprobada antes de que los organismos de derechos humanos marcharan a la plaza de Mayo. La nueva legislación establece que el cómputo del 2×1 “no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”.
Además, consigna que para el resto de los delitos el beneficio sólo puede aplicarse a “aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley”, es decir, entre 1994 y 2001.
Mientras tanto, en Mendoza el presidente Mauricio Macri habló por primera vez del tema y felicitó al Congreso por la “celeridad con que comenzó a resolver el vacío legal que dejó la desafortunada ley del 2×1”. Dijo: “Estoy en contra de cualquier herramienta a favor de la impunidad y más aún cuando se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad”.
