El pedido de un jurista mendocino que sufre ELA reaviva debate por la eutanasia en el país

Mientras otros Estados legislan, en Argentina casi no hay avances. El abogado Daniel Ostropolsky, de 71 años, exige “morir a tiempo” y dice que quiere ser contemporáneo a la normativa. Fue diagnosticado en 2017, vive asistido por médicos y enfermeros e insiste con que su enfermedad no va a remitir

El viernes, en España, comenzará a regir la denominada Ley de Eutanasia, que divide las aguas en ese país. [privado]

A mediados de diciembre de 2020, el Congreso de Diputados aprobó la normativa. En marzo, la iniciativa del Partido Socialista fue refrendada por el Senado y el país se sumó a la lista que integran Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda.

Aunque ese paso se descontaba, meses antes, en enero, varias entidades de prestadores de salud manifestaron su rechazo a la normativa.

Los colegios de médicos, odontólogos y farmacéuticos de Madrid emitieron un comunicado en el cual adujeron que la legislación implicaba “un grave riesgo para la población” y que ponía en situación de “indefensión” a los profesionales sanitarios.

En concreto, manifestaron que si en España hubiera un correcto desarrollo de los cuidados paliativos los pedidos de ayuda para morir serían “mínimos o nulos”.

Bajo esa premisa, afirmaron que había “ausencia de demanda social”.

El presidente de la entidad que nuclea a los galenos de la capital de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, precisó que cuando se hablaba de “indefensión” se refería a que aunque la legislación establece que pueden objetar, muchos profesionales temen las consecuencias que su decisión pueda tener, ya que son comunes los contratos de trabajo semestrales.

Para él, aquella precariedad iba a “obligar” a muchos de sus colegas a “matar a sus pacientes”, lo que, según indicó, es contrario al código deontológico. Martínez-Sellés cuestionó también que prevea que los fallecimientos de personas que pidan la práctica se cataloguen como muertes naturales y juzgó que se trata de “un engaño”.

En esa línea, también denunció que no se pudieron hacer asambleas presenciales ni debates y no concurrieron expertos al Congreso y aseguró que la población está “muy influida” por lo que definió como “los casos extremos que salen en los medios”, y que no sabe distinguir entre “los cuidados paliativos y la eutanasia como tal”.

Consenso

La regulación de la eutanasia contó con amplio consenso social en España -en torno a 80 por ciento, según algunas encuestas-.

En los últimos años, el Legislativo había rechazado tratar la cuestión en cuatro ocasiones, pese a los reclamos de varios pacientes terminales que llegaron a los titulares.

El último caso mediático fue el de Ángel Hernández, incriminado por cooperación en el suicidio de su esposa, en abril de 2019, pese a que ella le dio su consentimiento y lo grabó en video. El pionero fue Ramón Sampedro, el tetraplégico gallego a quien le facilitaron la muerte en 1998, cuya historia de vida fue llevada al cine por Alejandro Amenábar en la película Mar adentro.

España se suma -y acoge el precedente “Gross c/ Suiza”, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)- a otros países que tienen leyes sobre eutanasia: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda. En Colombia y Perú se hizo mediante jurisprudencia constitucional. También la permiten algunos Estados de EEUU y de Australia.

En España ya existía una ley de muerte digna, que establece las condiciones a las que puede acogerse una persona en situación terminal, incidiendo en el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales.

A partir del viernes, cualquier mayor de 18 años que sufra una enfermedad grave o incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, que esté en uso de sus facultades mentales, podrá pedir la eutanasia. Si no está lúcido pero cumple los requisitos clínicos y tiene un testamento vital previo en el que exprese su voluntad, también podrá acceder.

Deberá solicitarlo dos veces de forma voluntaria y por escrito y prestar un consentimiento informado.

El texto determina que la ayuda se podrá brindar en dos modalidades: la administración directa al paciente, por un profesional, de una sustancia (eutanasia) o la prescripción o suministro de una droga para que se la aplique él mismo (suicidio médicamente asistido).

Las dudas que suscita la ley persisten; entre ellas: cómo definir como grave el padecimiento del paciente; y cómo abordar las peticiones de personas con problemas de salud mental.

Por lo pronto, la cartera de Sanidad prepara un manual de buenas prácticas con las comunidades, para unificar criterios.

Argentina

En Argentina hay dos marcos regulatorios que habilitan la toma de decisiones al final de la vida: la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, aprobada en 2009 y modificada en 2012 (también llamada “ley de muerte digna”), que permite a toda persona opinar sobre el tratamiento que desea o no recibir; y las disposiciones del Código Civil vigente desde 2015, que en sus artículos 59 y 60 norma el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud y las directivas médicas anticipadas, respectivamente.

La legislación sancionada en 2012 permite a pacientes y familiares limitar los esfuerzos terapéuticos en los casos de una “enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal”, pero no contempla la eutanasia ni el suicidio asistido.

Ahora, la inminencia de la entrada en vigor de la ley española y el planteo del abogado y jurista mendocino Daniel Ostropolsky, de 71 años, quien vive con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), reavivó el debate en el país.

Diagnosticado en 2017, Ostropolsky -padre de cinco hijos y abuelo de siete nietos- puede hablar, todavía deglute, respira por sus propios medios y usa la computadora. Sin embargo, una guardia de enfermeras lo cuida las 24 horas y un equipo integrado por médicos (clínico y neurólogo) y kinesiólogos, entre otros, lo asiste.

Ex consejero representante de los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Ostropolsky, doctor el leyes, estudió su enfermedad y en varias ocasiones planteó la necesidad de que en Argentina la eutanasia se legisle.

Dice que poco a poco, sin pausa, va minando sus fuerzas y que sabe que lo conducirá ineludiblemente a fallecer. “Quiero morir a tiempo, no antes pero tampoco después”, dijo la semana pasada, entrevistado por Infobae.

“No se conoce ni hay registro de caso alguno de remisión de la enfermedad. Nadie se cura”, precisó. “No tengo idea cuánto tiempo me queda, más bien imagino que la duración de mi vida no se mide en tiempo sino en calidad de vida. Y me gustaría que durase tanto como esa calidad de vida", añadió.

A la fecha, las capacidades de Ostropolsky se limitan a acciones de higiene, vestimenta, alimentación y desplazamientos básicos.

Ulpiano

Citando a Ulpiano, pide que se le dé “a cada uno lo suyo”: “El ejercicio del derecho inalienable y personalísimo a la libertad para decidir, cuando llegue el momento, a terminar con una existencia tan atroz como innecesaria frente a una enfermedad irreversible e incurable”, argumenta.

“De nada sirve que se mantenga inútilmente un estado de caquexia en que la vida ya no es tal, reducido al dolor permanente y sin esperanza alguna de alivio ni mejoría”, declaró hace un tiempo el jurista.

Además, estimó que negarse a auxiliar a quien busca evitar un tormento es injusto “porque niega el derecho a que cada quien pueda hacer efectiva la decisión que en libertad asume sobre su propia existencia”.

En una columna de opinión titulada “La ley que falta”, presentó el tema como un dilema que la sociedad deberá evaluar.

“O se asume de una buena vez la solución mediante el dictado de una ley de eutanasia restringida sólo a los casos que cumplan los requisitos, los que, con diferencia de matices, requieren que se trate de una enfermedad incurable, que se encuentre en estado terminal, que la vida haya dejado de ser digna como consecuencia de la enfermedad y que se preste conformidad clara, completa, informada y precisa; o, por el contrario, se persiste en procrastinar, mirando para otro lado, negándose hipócritamente a considerar, debatir y definir el tratamiento del tema, dando largas al asunto para no herir susceptibilidades sin valorar el sufrimiento de los que padecen lo indecible y claman por liberarse”, escribió.

Ostropolsky compara el debate que se avecina con los de las leyes de divorcio, la unión civil de personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo: “Más temprano que tarde las instituciones tendrán que hacerse cargo de las reformas que la sociedad reclama”, enfatizó. “¿El ser viviente no humano tiene más derecho a la muerte digna que el humano que hace las leyes?”, se pregunta, y aduce que la sociedad ya concibe y aplica sin cuestionamientos éticos ponerle fin al sufrimiento de un animal.

Cabe recordar que hay un anteproyecto de ley al respecto, de la diputada por Córdoba Gabriela Estévez (Frente de Todos), que condensa normas de los países que ya legislaron la eutanasia.

Se lo conoce como “Ley Alfonso”, en honor a Alfonso Oliva, el joven cordobés que falleció en 2019, a los 36 años, después de pasar sus últimos cinco años con ELA.

La iniciativa habla del “derecho a la prestación para la ayuda para morir dignamente”. A diferencia de la ley de muerte digna, que permite suspender un tratamiento, implica acciones activas: contempla la finalización intencional de la vida de un paciente por la actividad de un médico, bajo condiciones.

Ostropolsky cree que podría ser contemporáneo a la aprobación de esa normativa o de otra similar.

Referéndum

A fines de octubre de 2020, Nueva Zelanda aprobó en un referéndum vinculante la eutanasia para enfermos terminales. El procedimiento será legal a partir del 6 de noviembre. Se permitirá que un médico administre una droga letal a un adulto desahuciado que lo haya solicitado de forma consciente y voluntaria. Otros dos galenos deberán supervisar el procedimiento. Aunque la eutanasia fue legalizada en otros países, Nueva Zelanda es el primero en hacerlo mediante un referéndum, que respaldó una norma del Parlamento. [/privado]