ESCUCHARHace casi tres años, el candidato del presidente se perfilaba como el funcionario que cerraría la era de interinato que comenzó cuando Alejandra Gils Carbó dimitió y Eduardo Casal quedó al mando del organismo. Declinó como postulante porque el kirchnerismo intentaba modificar la mayoría necesaria para designarlo
A fines de enero de 2020, con solo tres impugnaciones a su candidatura para desempeñarse como procurador General de la Nación, el juez federal Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández para encabezar el organismo, se perfilaba como el funcionario que cerraría la era de interinato, que comenzó cuando Alejandra Gils Carbó dimitió a su cargo como jefa de los fiscales y Eduardo Casal quedó al mando.
En ese entonces ya había fenecido el plazo estipulado para presentar avales o recurrir la postulación que, según se estimaba, la Cámara Alta resolvería a principios de marzo.
Sobre la hora, la UBA sumó su voto de confianza a favor del elegido de Fernández. El por entonces rector Alberto Barbieri le envió una nota al Ministerio de Justicia en la cual destacó que el magistrado cursó la carrera de derecho y su doctorado en la institución.
También aseguró que Rafecas tenía “un talento especial” y una “probada experiencia en la transmisión de conocimientos”.
Además de la venia de la UBA, el juez contaba con la aprobación otras altas casas de estudio y de grupos académicos locales e internacionales. En tanto, casi la totalidad de los organismos de derechos humanos del país e integrantes de varias cortes supremas provinciales (Salta, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Tucumán, entre otras) lo respaldaban.
Candidatura
A días de que el Gobierno oficializara el nombre de Rafecas para encabezar la Procuración General de la Nación (PGN), en febrero de 2020, la Fundación Apolo impugnó su candidatura.
La ONG cuestionó la idoneidad moral del funcionario para el puesto y apuntó a su falta de independencia; principalmente, por su actuación al analizar la denuncia de Alberto Nisman en contra de Cristina Fernández de Kirchner, por el presunto encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA, que desestimó en tiempo récord. Además, recordó que la Corte ratificó la sanción que el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) le impuso por “recibir en privado a personas ajenas a la causa, adelantarles la decisión a tomar y omitir dar intervención a quienes eran parte”, extendiendo, según alegó, “un manto de sospecha sobre el trato igualitario que debe prodigarse a los sujetos procesales”.
“Resulta un despropósito pretender que el Ministerio Público sea conducido por quien demostró no ser independiente, eludió investigar la denuncia que llevó a la muerte a un destacado integrante del organismo que hoy pretende conducir y, finalmente, puso en duda -sin fundamento alguno- la salud mental del fallecido funcionario”, planteó también.
Otra objeción la promovió el abogado Fernando Lardies, quien también lanzó una campaña en la plataforma change.org., y la última provino de un actor inesperado: Julio De Vido, procesado por Rafecas en el marco de la causa “Odebrecht”.
El ex ministro de Planificación le envió una carta a la ex ministra de Justicia Marcela Losardo denunciando que Rafecas emitió “resoluciones oportunistas” en su contra.
2017
La PGN está a cargo de Eduardo Casal desde que Gils Carbó renunció, a fines de 2017.
Aceleró reformas para facilitar su conducción hasta que se designara al relevo de la cofundadora de Justicia Legítima, algo que no sucedió, ya que la Administración macrista no tuvo éxito al promover a la vocal de la Corte porteña Inés Weinberg de Roca.
La salida de Gils Carbó aceleró los pases de factura a sus “leales”.
El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN), Carlos Rívolo, aseguró que la actividad política dentro del Ministerio Público no debía existir y, en ese contexto, criticó a algunos colegas -cordobeses incluidos- que llamaron “golpistas” a los agentes que marcharon para homenajear a Nisman, en febrero del 2015.
Además, valoró que no hubo una política de persecución de la corrupción durante el kirchnerismo y que Gils Carbó sumergió a la PGN en una crisis porque eligió ser “procuradora de un Gobierno”.
Límite
En mayo de 2021, Rafecas advirtió que se bajaría de la postulación si el kirchnerismo insistía con su plan para cambiar la mayoría para la aprobación del pliego del procurador General.
“Si a mitad del proceso para mi designación se reduce por ley la mayoría necesaria eso será para mí un limite ético insuperable que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, advirtió en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. “En este año y dos meses transcurridos, ha avanzado un proyecto de ley tendiente a reformar el MPF. Como no fui llamado a dar mi parecer sobre su contenido ni por quienes lo impulsaron en el Senado ni en las audiencias en Diputados, así como tampoco por el Ministro de Justicia, quiero dejar asentada públicamente mi postura: más allá de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el PGN tenga el consenso político suficiente para ejercer un cargo de tanta relevancia institucional, para lidiar con la Corte y para encarar reformas estructurales a nivel federal”, continuó.
“Ese consenso recién se pone en juego en la audiencia pública, a la que todos los candidatos anteriores accedieron (con distinta suerte), y que no se cumplió en mi caso. De haberse concretado esa audiencia en el Senado, estoy seguro que ese consenso hubiese sido alcanzado”, sumó.
Rafecas ya había manifestado que rechazaría ser procurador si no lo elegían los dos tercios del Senado y lo confirmó.
Pasaron los meses y en octubre de 2021, tras ser derrotado en las PASO, el Gobierno intentó apurar la designación de Rafecas con la ley vigente; es decir, la que el magistrado consideró adecuada. De hecho, mientras su pliego seguía en la Comisión de Acuerdo de la Cámara Alta, se reunió con el relevo de Losardo, Martin Soria, y con su segundo, Juan Mena.
El resultado de las elecciones generales selló la suerte de la agenda del Gobierno y Casal siguió como interino.
La semana pasada, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, confirmó que el temario para sesiones extraordinarias incluirá el pliego de Rafecas.
Weinberg de Roca
Cabe recordar que durante su gestión Mauricio Macri intentó clausurar el interinato en la PGN, pero que su candidata, Weinberg de Roca, no pasó el filtro del Legislativo.
Desde que Gils Carbó dejó su despacho, la nómina de elegibles incluía a funcionarios con carrera en el Ministerio Público, como los agentes Raúl Pleé, Germán Moldes y Ricardo Sáenz, pero Macri se inclinó por la experta en Derecho Internacional que integró el tribunal que juzga el genocidio de los tutsis, en Ruanda.
La trayectoria y el perfil académico de la jurista inclinaron la balanza a su favor, pero el factor que definió su selección fue su indiferencia hacia el mundo político y la corporación judicial.
Un flanco débil de Weinberg de Roca era que Macri la impulsó para integrar la máxima instancia porteña cuando era jefe de Gobierno de la CABA, pero se esperaba que saliera airosa.
En marzo de 2018, el por entonces jefe del bloque Justicialista en la Cámara Alta y luego candidato a vice de Macri, Miguel Pichetto, aclaró que debería demostrar “solidez y envergadura” para conducir el área.
El rionegrino dimensionó correctamente la trascendencia del puesto. Lejos quedaron los días en los que defendió ferozmente a la primera opción de Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Reposo, cuestionado por incluir datos falsos en su CV, por su pobre nivel académico y por su amistad con Amado Boudou argumentando que era idóneo porque no había delinquido.
También dejó atrás su respaldo incondicional a Gils Carbó, que venía del fuero Comercial.
En mayo del 2012, se jugó por Reposo. Sostuvo que su currículum tenía inexactitudes por “errores de tipeo” y minimizó la gravitación de su escaso promedio en la carrera de derecho. “El requisito es haberse recibido de abogado”, alegó. “Es idóneo, no cometió ningún delito ni cayó en algún hecho inmoral”, acotó.
En la misma línea, dijo que los radicales hacían “oposicionismo” al apuntar a su vínculo con Boudou. “No le reconocen a la presidenta la potestad de designarlo”, arengó.
Fue un intento de rescate fallido y cuatro meses después el pliego de Gils Carbó fue aprobado con 63 votos positivos sobre 66 presentes. Los únicos que rechazaron su nombramiento fueron Mario Cimadevilla, Laura Montero y Arturo Vera, de la UCR.
La jefatura del MPF estaba vacante desde la renuncia de Esteban Righi, a raíz de las denuncias por supuesto tráfico de influencias que presentó Boudou como parte de su descargo por su vinculación con la causa Ciccone.
En agosto de 2018 Weinberg de Roca se presentó ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, puso sus antecedentes a consideración y respondió preguntas. Llegó cuestionada por Abuelas de Plaza de Mayo y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El grupo liderado por Estela de Carlotto, que fue indolente con la designación de César Milani como cabeza del Ejército y nunca censuró el pasado de Eugenio Zaffaroni como magistrado de la dictadura, impugnó su postulación al entender que no tenía “un claro compromiso con los derechos humanos”. El CELS también edificó parte de su objeción el su supuesto “perfil conservador respecto de los derechos humanos”.
