ESCUCHARPor Pilar Viqueira
El procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, fue elegido como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) por unanimidad de los presentes para el período 2024-2026.
El titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) obtuvo todos los votos de los ministerios públicos que participaron de la 31° Asamblea General de la entidad, celebrada en Santiago de Chile, a la que solo faltaron los emisarios de Nicaragua y México.
Los pares iberoamericanos de Casal resaltaron el compromiso de su gestión en la Argentina con la promoción de la Justicia; la modernización de la institución; la defensa de su independencia; la implementación del sistema acusatorio; la mejora en la eficiencia de las investigaciones; el recupero de activos de origen ilícito; el fortalecimiento de la participación de las víctimas de delitos y la cooperación internacional y regional dinámica que motorizó.
Mandato
Casal adelantó que durante su mandato se enfocará en fortalecer la cooperación entre los ministerios públicos de la región y en desarrollar nuevas estrategias para investigar el crimen organizado transnacional; defender la independencia y la autonomía de aquéllos y velar por la protección de las víctimas, testigos y los fiscales a cargo de las investigaciones.
La AIAMP fue fundada en 1954. Nuclea a los ministerios públicos fiscales de 22 países iberoamericanos; entre ellos, Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.
Cuenta con redes de agentes especializados en diferentes tipos de criminalidad y grupos de trabajo que son pilares fundamentales para la cooperación internacional entre los ministerios públicos de Iberoamérica.
Los espacios de encuentro y colaboración permiten a los representantes de las instituciones compartir experiencias y buenas prácticas, identificar problemas comunes y formular soluciones conjuntas, desarrollar proyectos y estrategias de cooperación y fortalecer la capacitación.
La labor de las redes y grupos de la AIAMP posibilitó avances en la cooperación judicial en Iberoamérica; especialmente, en el combate a la criminalidad transnacional organizada.
Juicio político
A pocos meses de que Alberto Fernández postulara al juez federal Daniel Rafecas para el cargo de procurador, en agosto 2020 la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del MPF se reunió para evaluar la conducta de Casal y los pedidos de juicio político en su contra.
Poco antes, Casal le inició un sumario administrativo a la fiscal Gabriela Boquin, quien interviene en el caso del Correo Argentino. Lo hizo por denuncias de presunto maltrato laboral.
Boquín lo acusó de perseguirla y difamarla y denunció que una empleada de su oficina le pasaba información Correo Argentino al ex diputado Pablo Tonelli (PRO), ex abogado de la familia Macri. Sin embargo, admitió que no tenía pruebas.
Según la fiscal, el sumario fue armado y varios testigos fueron coaccionados, pero los legisladores de la por entonces oposición le recordaron que las actuaciones fueron impulsadas por el consejo evaluador de la Procuración General de la Nación (PGN), integrado por cinco fiscales que ocupaban sus puestos con anterioridad a que Casal se hiciera cargo del MPF tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
En la reunión de la bicameral, el senador Martín Doñate dijo que Casal llegó a su cargo “de manera irregular” por “presión” de la Administración del ex presidente Mauricio Macri y “de los medios de comunicación”.
En pleno auge de la narrativa “law fare” impulsada por el gobierno de Fernández, Doñate sostuvo que Casal fue “fundamental en el modelo de persecución judicial y en el armado de causas”, en “la presentación de testigos “truchos” y en “la protección de fiscales que desempeñaron sus funciones con actuaciones delictivas”.
Presión
Un mes después, en septiembre de 2020, la AIAMP expresó en un comunicado su preocupación por “los actos de presión y agresión” del kirchnerismo para remover a Casal.
Bajo esa premisa, llamó a defender la independencia y la autonomía del MPF y señaló que las presiones al funcionario afectaron “los esfuerzos por promover y defender los derechos de la sociedad en su conjunto y la mantención del Estado de Derecho”.
En tanto, añadió que los ataques políticos contra los fiscales o procuradores Generales, por actos propios de sus funciones, “pueden constituir formas de hostigamiento que afectan a los Ministerios Públicos en su conjunto y lesionan su necesaria autonomía e independencia”.
Asimismo, destacó que la autonomía del Ministerio Público frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo es “una garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los tribunales y la credibilidad del sistema”.
En ese contexto, lo fiscales de la región expusieron su preocupación por maniobras que, a su juicio, “podrían constituir presiones indebidas” sobre el MPF argentino y el fiscal de carrera Casal.
Gils Carbó
Gils Carbó dimitió en octubre de 2017. Cuestionada por su militancia en el kirchnerismo, el macrismo hizo diversos intentos en el Congreso por separarla del cargo. Inclusive, se abrió un proceso en la Comisión de Seguimiento del MPF para evaluar su trabajo, con la intención de avanzar con el juicio político.
La ex procuradora se fue tras quedar procesada por corrupción, en una pesquisa por la compra irregular de un edificio para la repartición. Luego de que trascendió esa medida, el ex ministro de Justicia Germán Garavano le pidió que diera un paso al costado, dada la gravedad institucional que suponía que un subordinado -en el caso, Eduardo Taiano- la investigara.
El desempeño de Gils Carbó comenzó a ser criticado antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara el poder. A poco de asumir, en agosto del 2012, redactó un nuevo reglamento de concursos y asumió la facultad de designar a los jurados que evaluarían a los candidatos a fiscales de manera discrecional, dejando sin efecto la manda que ordenaba que fueran sorteados. Ese método permitió que cargos estratégicos se cubrieran con miembros de Justicia Legítima.
En diciembre del 2014, designó a casi una veintena de subordinados en todo el país y la Asociación de Magistrados alertó que la medida podría encubrir la intención de controlar investigaciones penales por corrupción en curso.
Soria
En marzo de 2021, a horas de ser nombrado como nuevo ministro de Justicia, Martín Soria retomó la embestida contra Casal y dijo que estaba “atornillado” a su cargo.
El jefe de los fiscales respondió sin hablar: se limitó a rechazar la intimación de que le cursó la Anses para que se jubile.
Casal es uno de los 200 agentes y magistrados que hace tres años recibieron notas para que presentaran sus renuncias en 30 días y dejaran sus despachos, son pena de posible revisión del régimen previsional. Entre los intimados figuran el juez Leopoldo Bruglia y los fiscales Taiano y Carlos Stornelli.
A esa altura, la propuesta de Fernández para que Rafecas fuera el nuevo procurador llevaba un año en el Senado sin tratamiento y el kirchnerismo intentaba reunir votos en Diputados para avanzar con la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
El Proyecto establecía que para nombrar al procurador se necesitaría solo mayoría simple. Otro cambio se vinculó al mandato, que pasó a ser de cinco años con la posibilidad de un nuevo nombramiento consecutivo. La iniciativa también modificó el sistema de juzgamiento a los agentes inferiores.
Dictamen
En mayo de 2021, el oficialismo Diputados logró dictamen de mayoría para la reforma en el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, con 33 firmas propias y la del mendocino José Ramón (Unidad para el Desarrollo). Juntos por el Cambio rubricó un dictamen de minoría con 30 avales, mientras que la ex diputada Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires) presentó un tercer texto.
En la previa, los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio volvieron a rechazar la iniciativa y reiteraron que su tratamiento no era urgente.
En ese marco, Rafecas confirmó que si el Frente de Todos avanzaba con su propuesta y, con ello, se reducía la mayoría calificada para su nombramiento, desistiría de la postulación.
El magistrado afirmó que esa reducción a la mitad de su proceso de designación le planteó un “límite ético insuperable”.
En un mensaje que difundió en su cuenta de Instagram, reseñó que, a comienzos de marzo de 2020, con 650 apoyos, su pliego llegó a la Comisión de Acuerdos del Senado. “En este año y dos meses transcurridos, ha avanzado un proyecto de ley tendiente a reformar el MPF. Como no fui llamado a dar mi parecer sobre su contenido, ni por quienes lo impulsaron en el Senado ni en las audiencias en Diputados, así como tampoco por el ministro de Justicia, quiero dejar asentada públicamente mi postura: más allá de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el procurador tenga el consenso político suficiente”, expuso Rafecas.
Con el dictamen firmado, se sumaron las instituciones que cuestionaron la reforma.
En el ámbito jurídico, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Club Político Argentino y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitieron sus opiniones.
La FACA advirtió de que la reforma vulneraba “gravemente” la independencia y autonomía funcional” del MPF y que “el avance de la política” sobre el organismo podía generar su conversión en “una espada” del Gobierno de turno para “perseguir a opositores” o “en un escudo para asegurar la impunidad de quienes faltaren a la ley”.
“Resulta imprescindible atender especialmente a los regímenes de designación como de destitución del jefe máximo de los fiscales, a fin de evitar su manipulación nombrando con facilidad al adicto al régimen y echando con la misma facilidad al rebelde”, enfatizó.
Además, señaló que las amplias facultades que se depositaban en la figura del procurador imponían que su designación fuera producto de un amplio consenso.
Por su parte, el Club Político Argentino expuso que la modificación normativa buscaba “subordinar” al procurador General y a los fiscales federales y nacionales. “La esencia del proyecto es facilitar al oficialismo la designación y remoción del procurador, permitiendo que la actual mayoría senatorial (y las futuras también) controle un órgano que la reforma constitucional de 1994 definió como independiente y con autonomía funcional y autarquía financiera”, subrayó.
En un comunicado, el club definió la iniciativa como “gravemente perjudicial para los equilibrios institucionales” consagrados en la Constitución Nacional.
“El mundo enfrenta hace varios años años una ola de retroceso democrático. Está caracterizada no por repentinos golpes o autogolpes sino por oficialismos elegidos democráticamente que gradual pero persistentemente erosionan ‘desde adentro’ las instituciones más básicas de la vida republicana y democrática: la libertad de expresión, la división de poderes y la independencia judicial. Llamamos a los diputados a que impidan que la Argentina avance en esa dirección”, agregó.
Plural
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires recordó que el objetivo central de la última reforma constitucional fue “independizar el funcionamiento del MPF de los poderes políticos” y del propio Judicial.
“En vez de buscar una participación más plural en la designación del procurador General, se permitiría que una sola representación política pueda designar o formar mayoría para sancionar a los fiscales en asuntos que afecten intereses partidarios”, postuló.
A su turno, la Asociación Argentina de Fiscales advirtió de que la reforma era inconstitucional y estimó que “el problema fundamental” era la designación del procurador, quien, además, podría ser removido “con una simple mayoría, con una parcialidad partidaria, política”.
En esa inteligencia, aseguró que si la ley salía se presentarían “múltiples acciones por inconstitucionalidad” y estimó que los jueces las iban a admitir.
Organizaciones empresariales
Cuatro organizaciones empresariales manifestaron su rechazo al proyecto official.
El Foro de Convergencia Empresarial (FCE), la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) enviaron comunicados cuestionando la iniciativa del Frente de Todos.
El FCE -que nuclea, entre otras entidades, a la Unión Industrial Argentina (UIA), a la Sociedad Rural (SRA) y a la Asociación de Bancos (ABA)- sostuvo: “El acuciante desafío de disminuir la pobreza requiere de instituciones republicanas sólidas, que brinden la previsibilidad y confianza imprescindibles para que aumente la inversión y se generen oportunidades de trabajo y desarrollo”.
El foro apuntó a “severas deficiencias” en la iniciativa y consideró que su tratamiento era “inoportuno” porque generaba “crispación y divisiones”.
En tanto, la AmCham declaró: “Pretender modificar las mayorías requeridas para la designación del procurador y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales representa un grave retroceso institucional porque afecta seriamente la independencia y la autonomía del MPF”.
En ese sentido, valoró que mantener la mayoría extraordinaria “garantiza la búsqueda de acuerdos” y pidió que la propuesta fuera desestimada.
Además, afirmó que velar por la división de poderes también es responsabilidad del sector empresarial. “Ante el acuciante desafío de disminuir la pobreza, reducir la inflación, generar empleo y no caer en un abismo sanitario, social y económico, nos cuesta comprender que hoy sea prioridad para nuestros representantes en el Congreso el tratamiento de proyectos de ley que no sólo están alejados de las necesidades de nuestra sociedad, sino que atentan contra las reglas democráticas básicas y la seguridad jurídica”, manifestó.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos añadió que la reactivación económica del país iba a depender, en gran medida, de la solidez e independencia de las instituciones. “La vigencia del Estado de derecho constituye un factor crítico para el clima de negocios”, completó.
Por su parte, la ACDE señaló: “Una Justicia independiente es la columna vertebral de un país democrático y republicano, deseoso de atraer inversiones que generen puestos de trabajo y prosperidad para las familias”.
Para IDEA, el proyecto incrementaba la injerencia de la política partidaria en el funcionamiento del MPF. “La falta de confianza en las instituciones y la incertidumbre desalientan la inversión y, en consecuencia, debilitan el crecimiento económico”, resaltó, y acotó que Argentina tenía que “reorientar sus prioridades”.
PASO
En octubre de 2021, tras ser derrotado en las PASO, el gobierno de Fernández intentó apurar la designación de Rafecas con la ley vigente; es decir, la que el juez consideró adecuada. De hecho, mientras su pliego seguía en la Comisión de Acuerdo de la Cámara Alta, se reunió con Soria.
El resultado de las elecciones generales selló la suerte de la agenda del kirchnerismo y, a la fecha, el interinato de Casal es el más largo de la historia.
Lucini
A mediados de enero, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, adelantó que en marzo va a “exhumar carpetas” con el objetivo de dar a conocer el nombre que postulará Javier Milei para ocupar la vacante en la Corte por la renuncia de la jueza Elena Highton, en octubre de 2021.
Además, dijo que presentará como candidato a la PGN al actual presidente de la Cámara del Crimen, Marcelo Lucini. Recalcó que tiene más de 40 años de experiencia en los tribunales, que es profesor universitario, académico e “intachable”.
Weinberg de Roca
Cabe recordar que durante su gestión Macri intentó clausurar el interinato en la PGN, pero que su candidata, Inés Weinberg de Roca, no pasó el filtro del Legislativo.
Desde que Gils Carbó dejó su despacho, la nómina de elegibles incluía a funcionarios de carrera, como Raúl Pleé y Ricardo Sáenz, pero Macri se inclinó por la experta en Derecho Internacional que integró el tribunal que juzga el genocidio de los tutsis, en Ruanda.
La trayectoria y el perfil académico de la jurista inclinaron la balanza a su favor, pero el factor que definió su selección fue su indiferencia hacia el mundo político y judicial. Un flanco débil de Weinberg de Roca era que Macri la impulsó para integrar la máxima instancia porteña cuando era jefe de Gobierno de la CABA.
En marzo de 2018, el por entonces jefe del bloque Justicialista en la Cámara Alta y luego candidato a vice de Macri, Miguel Pichetto, aclaró que debería demostrar “solidez y envergadura” para conducir el área.
El rionegrino dimensionó correctamente la trascendencia del puesto. Lejos quedaron los días en los que defendió ferozmente a la primera opción de Fernández de Kirchner, Daniel Reposo, cuestionado por incluir datos falsos en su CV, por su pobre nivel académico y por su amistad con Amado Boudou. También dejó atrás su respaldo incondicional a Gils Carbó, que venía del fuero Comercial.
En mayo del 2012, el peronista se jugó por Reposo. Sostuvo que su currículum tenía inexactitudes por “errores de tipeo” y minimizó la gravitación de su escaso promedio en la carrera de derecho. “El requisito es haberse recibido de abogado”, alegó. “Es idóneo, no cometió ningún delito”, acotó.
En la misma línea, dijo que los radicales hacían “oposicionismo” al apuntar a su vínculo con Boudou. “No le reconocen a la presidenta la potestad de designarlo”, arengó.
Fue un intento de rescate fallido y cuatro meses después el pliego de Gils Carbó fue aprobado con 63 votos positivos sobre 66 presentes. Los únicos que la rechazaron fueron Mario Cimadevilla, Laura Montero y Arturo Vera, de la UCR.
La jefatura del MPF estaba vacante desde la renuncia de Esteban Righi, a raíz de las denuncias por supuesto tráfico de influencias que presentó Boudou como parte de su descargo por su vinculación con la causa Ciccone.
En agosto de 2018 Weinberg de Roca se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado, puso sus antecedentes a consideración y respondió preguntas.
Llegó cuestionada por Abuelas de Plaza de Mayo y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El grupo liderado por Estela de Carlotto, que fue indolente con la designación de César Milani como cabeza del Ejército y nunca se refirió al pasado de Eugenio Zaffaroni como magistrado de la dictadura, impugnó su postulación al entender que no tenía “un claro compromiso con los derechos humanos”. El CELS también edificó parte de su objeción en su supuesto “perfil conservador” al respecto.
