ESCUCHARLa Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, presentó el Proyecto Dimas, en el marco de la jornada denominada Jóvenes, adicciones y acceso a la justicia.
La iniciativa, que se desarrolla a partir de un convenio que suscribieron la Defensoría General de la Nación (DGN) y la Unión de Empleados del Poder Judicial de la Nación (UEJN), tiene la finalidad de acompañar a personas asistidas por el Ministerio Público de la Defensa (MPD), en especial a jóvenes en conflicto con la ley penal por delitos leves, en su proceso de reinserción social, procurando evitar su ingreso al sistema penitenciario.
La experiencia piloto permitirá que ciertos asistidos del MPD que acceden a una suspensión de juicio a prueba puedan concurrir a las instalaciones de algunas parroquias para desarrollar tareas comunitarias y realizar cursos de formación profesional dictados por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).
El proyecto procura establecer un itinerario de formación profesional que incluya acciones solidarias. Para eso, la DGN seleccionará a los candidatos a suspensión de juicio a prueba y contará con un listado de lugares y cursos que podrá ofrecerles para que cumplan con las condiciones impuestas en el marco de ese proceso.
También realizará la supervisión institucional de cada caso particular, conforme lo ordenen los juzgados intervinientes. Por su parte, la UEJN junto a otros sindicatos de la CGT coordinarán la realización de los cursos de oficios y formación profesional y harán un seguimiento/acompañamiento de los avances de los participantes.
“Quienes trabajamos en la Justicia penal sabemos que el sistema tal como está ahora no sirve para resocializar, es un contrasentido sólo útil como castigo. Lo que genera la intervención de la Justicia penal es convertir a la persona que podría superar su situación problemática en alguien que pierde todas las oportunidades. Este problema se agrava aún más cuando trata casos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal o de personas con adicciones”, dijo Martínez al inicio de su intervención.
Luego explicó que “para casos de delitos primarios no graves existen mecanismos de solución alternativa de conflictos, por los cuales evitamos la criminalización sometiéndolos a la suspensión de juicio a prueba. Pero esto se convirtió en un mero paso procesal que disminuye la cantidad de juicios y conviene al individuo acusado porque evita la condena, pero que brinda un trato que falta el respeto a la dignidad”.
Sobre este tipo de procesos, la defensora General afirmó que “no deberían ser una forma de impartir sufrimiento al acusado sino que deberían ser una experiencia de brindar ayuda a la comunidad”. “Para aquellos que incurren en un primer acto delictivo, tenemos que aprovechar esa oportunidad para devolverle los derechos a los que su trayecto de vida no le permitió acceder. Por eso, con el Proyecto Dimas estamos buscando contener a las personas, enseñarles un trabajo y brindarles nuevas oportunidades”, expuso.
