ESCUCHAREl encuentro fue suspendido en el marco de la reforma jubilatoria. Está acusada de otorgarle la prisión domiciliaria a un hombre condenado por abuso sexual y no informar ni consultar a la víctima sobre la decisión
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba se reunirá mañana, a las 10, para analizar la denuncia contra la jueza de Ejecución Penal de San Francisco, María Teresa Garay, quien está acusada por mal desempeño por haber otorgado prisión domiciliaria a un hombre, de 61 años, condenado por el abuso sexual de su hija cuando era una adolescente.
El jury está integrado por Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia; las legisladoras Julieta Rinaldi (presidente del jurado), Silvia Paleo y Verónica Garade Panetta, y el legislador Oscar González. La reunión fue postergada semanas atrás por el tratamiento que terminó con la aprobación de la reforma previsional para la provincia.
Todo hace prever que la denuncia contra la magistrada será admitida por el jury y comenzarán, entonces, a correr los plazos para que el caso de Garay termine en un juicio político. Si así fuere, será la primera vez que la Fiscalía General tenga que formular una acusación sin un fiscal General, habida cuenta de que este cargo aún está vacante. El fiscal General adjunto que sea designado para esta tarea
tendrá un plazo de 30 días para formular la acusación. Una vez cumplido este paso, Garay tendrá diez días para presentar su defensa por escrito y ofrecer las pruebas que justifiquen su conducta.
La acusación
La jueza Garay está acusada por haber otorgado la prisión domiciliaria a un hombre condenado en 2019 a ocho años y tres meses de cárcel por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, cometido en contra de su hija cuando ésta tenía 14 años, y no informarle ni consultarla sobre la decisión adoptada, como prevé la normativa vigente en materia de Ejecución penal.
Públicamente, la jueza dijo que no avisó a la víctima porque el número de teléfono que figuraba en el registro judicial no correspondía con la persona que necesitaba contactar. Luego, aseguró que le fue imposible ubicar a los dos abogados que la representan.
El acusado, Alfonso Antonio Puntonet, fue beneficiado con la prisión domiciliaria porque padece una cardiopatía que exigía trasladarlo cada 20 días a un hospital cercano, lo que podría poner en riesgo al resto de la población carcelaria a raíz de la crisis por el coronavirus.
Semanas después de esa polémica decisión y por el escándalo desatado, el hombre regresó a la cárcel de San Francisco. La revocatoria de la prisión domiciliaria se resolvió luego de que las autoridades carcelarias le comunicaron a la jueza Garay que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) habilitó una carpa sanitaria en el penal, para alojar a los reclusos que integran el grupo de riesgo de Covid-19.
