ESCUCHAREl expediente está a cargo de la jueza María Servini de Cubría, quien investiga la pérdida de documentos vinculados con el presunto salvataje irregular de la empresa por parte de la Inspección General de Justicia. A su turno, la magistrada rechazó el pedido estatal, pero la
Cámara revocó su decisorio.
Por mayoría, la Sala I de la Cámara Federal le permitió al Ministerio de Justicia ser querellante en la causa por la pérdida de documentos vinculados con el caso Ciccone por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ).
El expediente, que involucra el vicepresidente Amado Boudou, está a cargo de la jueza María Servini de Cubría, quien en su momento había rechazado la petición del ministerio a cargo de Julio Alak .
El fallo fue dividido y, por la mayoría, los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero sostuvieron que el “Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública”.
En cambio, el vocal Eduardo Farah votó en disidencia y respaldó la postura de que mantuvo Servini de Cubría en la instancia anterior.
Eventos
Además, recordó que en la causa por el “cepo informativo” en la que se analiza si el Gobierno intentó proteger a Boudou, se investiga a funcionarios de la cartera de Justicia y valoró que éstos “no pudieron desconocer los eventos que rodearon la presunta pérdida del expediente de la firma The Old Fund”.
En 2012, semanas después de que estallara el escándalo que involucra a Boudou, tres de los expedientes societarios más sensibles del caso Ciccone desaparecieron de la IGJ.
El extravío -o robo- abarca los documentos de la ex Ciccone Calcográfica (rebautizada Compañía de Valores Sudamericana); de London Supply, la firma que aportó 1,8 millón de pesos para el levantamiento de la quiebra de la imprenta, y de The Old Fund, el fondo que se usó para comprar la empresa dedicada a la impresión de billetes.
La desaparición fue casi total y no sólo incluyó el expediente con los documentos impresos sino también las copias protocolares.
