ESCUCHARLa líder de la Coalición Cívica compareció ante la Justicia y pidió que se investigue si el magistrado participó de operaciones relativas al cobro de cheques del Fútbol para Todos, algo que también expuso al pedir su destitución. Macri aseguró que la denuncia de la legisladora es “a título personal”
El miércoles de la semana pasada, Elisa Carrió pidió el juicio político del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Lorenzetti, luego de recibir una carta documento de éste en la cual la intimó a retractarse de sus manifestaciones sobre su persona ante los medios de comunicación.
El enfrentamiento entre la líder de la Coalición Cívica (CC) y el ministro del Alto Cuerpo tiene larga data y se agudizó luego del fallo de éste que, por mayoría, validó el límite de 75 años establecido en la Constitución Nacional para ejercer la magistratura.
Al pedir la destitución del ministro, la diputada citó la causal de mal desempeño; se refirió a la presunta violación de deberes éticos y alegó que no cumple con las condiciones morales y de decoro que exige su investidura. Además, se refirió a la presunta comisión de delitos.
Consultado sobre el tema durante el fin de semana, Mauricio Macri se desvinculó de los planteos de Carrió, una de sus principales aliadas políticas.
“Las denuncias de Carrió son a título personal, como presidente o Gobierno no las compartimos”, le dijo a radio Mitre.
El pedido de Carrió se basa en el artículo 53 de la Constitución Nacional y debe ser aprobado por dos terceras partes de la Cámara de Diputados para que pase al Senado. Previamente, debe ser tratado por la Comisión de Juicio Político.
El oficialismo necesitaría reunir las voluntades de dos tercios de la Cámara Baja (en donde tiene la primera minoría, 34% de las bancas) para que el planteo ascienda al Senado (en donde la oposición es mayoría y el peronismo tiene la mitad de los escaños).
Hechos
Entre otros hechos, Carrió habló de supuestas irregularidades en la contratación de personal en la Corte y denunció que durante la gestión de Lorenzetti la planta sumó 407 empleados, entre permanentes y temporarios.
“La forma de contratación mediante empleos temporarios es la que llama la atención, pues la falta de estabilidad en un lugar tan importante permite discrecionalidades, arbitrariedades y presiones que van acompañadas de la precariedad del trabajo”, argumentó.
En esa línea, expuso que incorporó a familiares directos de funcionarios y miembros de la Corte.
También objetó la administración de partidas presupuestarias y destacó que Lorenzetti “concentra muchas facultades que no tienen los demás ministros” como, por ejemplo, el fondo anticíclico creado en 2013, que consta de 11 mil millones de dólares.
Carrió adujo que con esa medida “el Consejo de la Magistratura se desfinanció “ y sindicó al ministro como “el articulador de una matriz de negocios” que condicionó su actuación.
Otro punto del escrito que presentó en la mesa de entradas de la Cámara Baja toca el tema del manejo los bienes decomisados a narcotraficantes, que deberían repartirse entre el Alto Cuerpo, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Según la legisladora, la Corte “incumplió” las normas de colaboración e información con esas dependendencias “arrogándose la facultad plena de administración y disposición de los activos secuestrados”.
También apuntó al patrimonio y a las relaciones comerciales de Lorenzetti.
En cuanto al primero, habló de lo que llamó un “oscuro patrimonio”. Destacó que vive en un departamento de Puerto Madero que no está a su nombre y puso en duda la manera como el vocal adquirió los inmuebles que posee.
En otro tramo se su escrito cuestionó el llamado a licitación para comprar el software que sortea la asignación de jueces a las nuevas causas, a fin de reemplazar el cuestionado sistema que permitió, por ejemplo, que el ex juez Norberto Oyarbide se quedara con la mayoría de las denuncias contra funcionarios del anterior gobierno.
“La Unión Transitoria de Empresas que ganó está vinculada a Eloy Gómez Gutiérrez, propietario de Transtool SA y de Base 100, quien mantendría un férreo vínculo con el ex Secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini”, expuso.
Mutual
Horas después de reclamar el enjuiciamiento del magistrado, Carrió compareció ante la Justicia y pidió que se investigue si hubo operaciones económicas realizadas por Lorenzetti como miembro de la mutual Pyme Rural, entidad que habría integrado un grupo de cooperativas involucradas en el cambio de cheques del programa “Fútbol para Todos”, maniobra que también expuso al solicitar la destitución.
La causa quedó radicada ante la jueza María Romilda Servini, intimada por Lorenzetti, junto con Carrió, a retractarse luego de sus dichos sobre la sentencia sobre la edad jubilatoria que, en su opinión, busca “sacarla” del Poder Judicial.
El presidente de la Corte adelantó que demandará a ambas por calumnias e injurias.
– A fines de febrero, la tensión entre el juez y la legisladora ya era evidente cuando Carrió habló sobre la desaparición de las librerías del libro El señor de la Corte, de la periodista Natalia Aguiar.
– Vía Twitter, la diputada le apuntó al presidente del Máximo Tribunal, acusándolo de orquestar la maniobra y asegurando que se trató de “un acto de censura nunca visto en democracia”.
– La obra había salido a la venta hacía unos días pero fue retirada de circulación. Aguiar explicó que la editorial que la publicó, Ediciones B, argumentó que verificó que hubo un error en la impresión de la tapa pero que los comerciantes le manifestaron que era raro que sucediera algo así.
– Además, dijo que mientras escribía el libro fue hostigada y amenzazada.
