ESCUCHAREl Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) advirtió de que no acatará el fallo del juez porteño Roberto Gallardo que ordenó que cese el operativo policial en Recoleta, en la zona de ese barrio donde reside la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
El jefe de Gabinete de la CABA, Felipe Miguel, adelantó que la Policía Metropolitana estará allí “por tiempo indeterminado”.
El funcionario denunció que Gallardo es un magistrado “absolutamente politizado”.
“Es un juez kirchnerista que falla con intención política. Nosotros no vamos a cesar en nuestra responsabilidad de proteger a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a apelar el fallo” aseguró Miguel.
El funcionario de Horacio Rodríguez Larreta precisó que agentes de tránsito, de la agencia gubernamental de control, de espacio público y de la Policía estarán en Recoleta “por el tiempo que sea necesario, para poder garantizar al barrio la tranquilidad y convivencia”.
En la misma línea, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, definió a Gallardo como “un juez a la carta funcional al kirchnerismo”.
En su fallo, Gallardo consideró que la custodia de la vicepresidente y de su casa está a cargo de las fuerzas federales.
Por lo pronto, Rodríguez Larreta le pidió a la principal acusada en “Vialidad” que “no siga echando más nafta al fuego con sus declaraciones”.
También cuestionó al juez por la orden para retirar el vallado en Recoleta y dijo que se mantendrá.
Fallos
Entre otros fallos criticados por la actual oposición, en 2018 Gallardo frenó la aplicación del reglamento para el uso de armas de fuego que había aprobado la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
En 2019, suspendió y bloqueó la actividad de Rappi, Pedidos Ya y Glovo, empresas de compra online y delivery habilitadas en la ciudad de Buenos Aires.
Ese mismo año, Gallardo dispuso que los usuarios del subterráneo viajaran gratis en las estaciones donde no funcionaran las escaleras mecánicas o los ascensores. La cámara lo apartó de la causa tras admitir un planteo del Gobierno porteño y las empresas Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires.
