ESCUCHARLuego de que autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron que iniciarán acciones legales para impedir las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió la decisión de controlar los gastos de las altas casas de estudios nacionales y remarcó que, además, hasta 2022 se hizo siempre.
“En 2011 la SIGEN hizo una auditoría sobre los títulos de la Facultad de Ciencias Económicas y no pasó nada. Hay antecedentes de la SIGEN sobre la UBA y no pasó nada”, precisó.
Álvarez detalló que antes de aquel año la sindicatura “detectó una irregularidad importante” en la Universidad de Tucumán (UNT) y sumó que “está en juicio por un desfalco importante” porque “cobraba un canon de una minera” para construir la ciudad universitaria y no hizo la obra.
En entrevista con radio Mitre, el funcionario planteó: “Imaginemos que de pronto se dieron cuenta en 2022 de que había una puerta abierta para la transparencia y en un acuerdo entre (Emiliano) Yacobitti y (Carlos) Zannini hicieron un dictamen de la Procuración cerrándole la puerta a la SIGEN”. En ese marco, postuló que la Administración de Javier Milei volvió a abrir esa puerta y que detrás del conflicto “hay intenciones políticas”.
Control
Días atrás, la SIGEN, encabezada por Miguel Blanco, anunció el inicio de las auditorías. “Cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos”, afirmó.
Para al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, la disposición es “unilateral” y violenta la autonomía porque implica una intervención inconstitucional e ilegal.
Bajo esa premisa, el Consejo Superior de la institución instruyó a la Dirección de Juicios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que acuda al Judicial.
Protestas
Consultado sobre las protestas, Álvarez las minimizó. “El sistema universitario tiene entre un millón y un millón setecientos mil alumnos. No podemos tomar como referencia a 60 en Plaza de Mayo. Hoy el cuatrimestre no se perdió, se dan clases, se están tomando exámenes y va a terminar con normalidad el cuatrimestre”, señaló.
Además, consideró que cuando estudiantes y docentes hacen clases públicas “cometen un abuso” y estimó que “están violando el derecho a la educación de los alumnos”.
Paralelamente, negó un recorte e indicó que “todos los programas en ejecución están financiados”.
En cuanto a los salarios, afirmó que la actualización no está incluida en el presupuesto. “Eso va por paritaria. Si la oposición lo quiere incluir, muy bien, que la ponga en el presupuesto. Para eso está el funcionamiento republicano del Congreso”, dijo.
UNT
En abril de 2023, en el marco de la investigación por el desvío de los recursos que Universidad Nacional de Tucumán recibió de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones, Antonio Gómez, le requirió al tribunal que le ordene al juez Fernando Poviña que indague y disponga la detención de tres ex funcionarios de la alta casa de estudios.
Además, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) reclamó que se resuelvan los recursos de apelación presentados por las defensas en contra los procesamientos oportunamente dispuestos.
Irregularidades
La pesquisa comenzó en 2010. Fue dirigida por el fiscal Carlos Brito, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac). Se centra en las irregularidades descubiertas en el uso de dinero proveniente de YMAD, en el cual la UNT tiene participación.
A su vez, dentro de su concesión se encuentra el yacimiento de cobre, oro y molibdeno Bajo de La Alumbrera, explotado comercialmente por Minera La Alumbrera Limitada, una firma del Grupo Glencore. Éste fue denunciado por lavado de activos en el marco de la investigación periodística conocida como “Paradise Papers”.
La hipótesis de la fiscalía gira en torno al presunto manejo indebido de los fondos remitidos por Minera La Alumbrera Limitada por medio de mecanismos para dotarlos de legalidad.
Así, plantea que habrían sido redirigidos desde un circuito de dinero, previa y decididamente estructurado, hacia el patrimonio de ex funcionarios de la universidad y empresarios.
A su turno, Poviña procesó sin prisión preventiva a Juan Cerisola (ex rector de la UNT entre 2006 y 2009); a Olga Cudmani (directora General de Construcciones Universitarias); a Osvaldo Venturino (director de Inversiones y Contrataciones) y a Luis Sacca (subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión).
“Del análisis de todos los elementos de prueba incorporados a la investigación sobre el uso de los fondos mineros resulta, prima facie, que los imputados, en los respectivos ámbitos de su competencia y con capacidad de decisión, infringieron dolosamente sus deberes de garantes de la preservación del patrimonio de la Universidad Nacional de Tucumán e irrogaron un perjuicio millonario a su erario”, argumentó.
Luego, en 2022, procesó también a empresarios; entre ellos, Marcelo Boero; Pedro Varella Otonello; Juan Manuel Peña; Guillermo Pasquini; Ana Inés Cossio; Juan Carlos Aranda; Norma Zóttola y Ruth Fernández.
Lavado
En su presentación, el fiscal General Gómez también cuestionó que el juez no hubiera procesado a los ex funcionarios por lavado de activos y asociación ilícita.
“Los imputados obtuvieron dinero a raíz del cobro de sobreprecios sobre el costo estipulado para llevar adelante obras en la infraestructura”, recordó.
Además, destacó que se trató de operaciones con apariencia de legalidad formal, ya que contaron con el soporte normativo administrativo dictado por las autoridades competentes de la casa de altos estudios para facilitar el acceso ilegal a lo fondos públicos.
“Los dineros obtenidos ilícitamente fueron reintroducidos -en sus diversas modalidades y/o manifestaciones típicas- en el mercado mediante las acciones ejecutadas por las empresas investigadas”, acotó.
Gómez cerró arguyendo que los indicios permiten concluir que los encartados “se hicieron de dineros de origen ilícito y los reingresaron en la cadena de actividades desarrolladas por las empresas adjudicatarias de las obras publicas a ejecutar en el ámbito de la UNT”.
En cuanto asociación ilícita, consideró que dejar de lado la aplicación de la figura resulta por lo menos arbitrario y agregó que la omisión atenta contra el éxito de la investigación, dado que el ingreso y la disposición final de los recursos económicos fue efectivizada “con la sola finalidad de causar un serio y grave perjuicio al patrimonio al Estado”.
Dos partes
La causa original, que comenzó 2010, se dividió en dos partes. La primera, en la que procesaron a Cerisola, Sacca, Cudmani y Venturino, se encuentra ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán desde 2019, a la espera de juicio. En el segundo tramo de la pesquisa se investiga la responsabilidad de empresarios.
