ESCUCHAREn medio de la disputa por puestos claves en la Justicia de Córdoba, el oficialismo presentó un proyecto para ampliar la estructura del Ministerio Público de la Defensa. La oposición cuestiona el ensanchamiento del Estado y ya anticipó que votará en contra
Sorpresivamente, y en el marco de la disputa por puestos claves en la justicia de Córdoba, el gobierno de Martín Llaryora resolvió enviar a través de sus legisladores Victoria Busso, Bernardo Knipscheer y Julieta Rinaldi, el proyecto 41471 para crear dos nuevas Defensorías Adjuntas en el seno del Ministerio Público de la Defensa (MPD).
El organismo creado por ley en septiembre de 2023, preveía la figura de un Defensor General con carácter inamovible, propuesto por el gobernador, acompañado por dos defensores adjuntos. Inicialmente, el proyecto contemplaba cuatro defensorías adjuntas, pero esta propuesta fue descartada tras críticas que señalaban la incorporación de cargos vitalicios con salarios equiparados a los de los vocales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
Sin embargo, este lunes, las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo de la Legislatura unicameral emitieron dictamen para retomar la iniciativa original y ampliar la estructura del organismo a cuatro defensores adjuntos.
Según el dictamen aprobado este lunes, uno de los adjuntos tendrá competencia exclusiva en temas de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género, mientras que otro se especializará en asuntos civiles y de familia. Los restantes asumirán funciones delegadas por el Defensor General, ya sea de manera transitoria o permanente, dependiendo de la materia y el territorio, según expresa el dictamen.
Entre los fundamentos del proyecto, se invocaron las Reglas de Brasilia de 2008 que entiende la especialización, no solo en la actuación directa de la defensa en juicio, sino también en la organización, disposición y control del marco en que aquella se desenvuelve, como una condición prioritaria.
Designaciones iniciales y nuevo debate
El 1° de diciembre, Llaryora presentó los pliegos para la designación Jessica Raquel Valentini como vocal del Tribunal Superior de Justicia. A su vez, postuló el actual fiscal general adjunto, Pablo Bustos Fierro, para encabezar el Ministerio Público de la Defensa, mientras que el asesor letrado Pablo Pupich fue nominado como uno de los defensores adjuntos. Quedaba por definir el tercer cargo y quien sería el reemplazante de Bustos Fierro.
La oposición adelantó su rechazo
La oposición legislativa ya expresó su rechazo a la iniciativa que pretende ser debatida este mismo miércoles. La idea del Gobierno es que en la última sesión del año, el 27 de diciembre se aprueben los pliegos ya enviados.
Al respecto, la legisladora Alejandra Ferrero manifestó: “No voy a apoyar un ensanchamiento del Estado”. Aunque reconoció la necesidad de destinar más recursos para atender el aumento de la demanda, sostuvo que “esto no necesariamente se resolverá con las nuevas defensorías”.
Por su parte, Walter Nostrala cuestionó: “Recién arranca la ley del Ministerio Público de la Defensa y ya pretendemos agrandarla”.
Brenda Austin añadió: “Comparto el principio de especialidad y el concepto de paridad de armas, pero un debate como este debe estar fundamentado en datos. Por ejemplo, cómo va a ser el crecimiento de su planta funcional”.
