ESCUCHAREl fiscal federal Diego Velasco pidió rechazar un pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández acusada por lavado de dinero en la causa Hotesur y Los Sauces, para que se avance en la fecha del juicio oral y público. Para el fiscal, las pruebas del caso se deben debatir en el proceso, por lo que ahora la decisión está en manos del Tribunal Oral Federal 5, que debe decidir si la sobresee o la envía a juicio.
El caso que compromete a la Vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia es por lavado de dinero, a raíz de los alquileres de plazas hoteleras a Lázaro Báez, pero también de propiedades que tenía el matrimonio presidencial al empresario Cristóbal López. Ambos luego fueron favorecidos en contratos con el Estado Nacional.
La defensa de Cristina a cargo de Carlos Beraldi planteó que no hubo delito de lavado porque los alquileres estuvieron bancarizados y no se ocultaron, y que no existió una asociación ilícita. Para el abogado, quien también asiste a Florencia y Máximo, no existió delito alguno que investigar.
“Teniendo en cuenta la perfecta trazabilidad de todo el dinero que fue recibido en las cuentas de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., se advierte que en los pagos cuestionados no solo intervienen las entidades bancarias en las que estas sociedades registraban sus cuentas, sino también los bancos con los cuales operaban las empresas locatarias”, argumentó la defensa.
El fiscal Velasco dijo que hay prueba por producir y remarcó que hay peritajes en marcha, uno de los cuales lo lleva adelante la Corte Suprema de Justicia. También un pedido de informe a la Municipalidad de Río Gallegos que hace dos años no contesta. Además de ser rechazados, el fiscal le pidió al Tribunal Oral Federal 5 que fije fecha de juicio el cual está demorado.
La intención de la Vicepresidenta es querer “cortar” la causa antes del juicio, pues así lo hizo en los casos dólar futuro y la firma del Memorándum con Irán. En ambos casos, estando en respectivos tribunales orales, ella hizo planteos de sobreseimiento y fue desvinculada de las dos causas sin exponerse ante una eventual condena.
En la actualidad, la vicepresidenta está siendo juzgada por supuesto fraude con la obra pública por las licitaciones viales que le entregó al empresario Lázaro Báez.
