ESCUCHAREn la primera fase de la cuarentena, la magistrada en edad de jubilarse que el oficialismo quiere mantener en la Cámara Federal de Casación Penal hizo declaraciones confusas que aceleraron la “agenda judicial” del Gobierno y propiciaron que intentara despegarse de su rol en el aluvión de prisiones domiciliarias que se otorgaron
En mayo de 2020, la vocal de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) Ana María Figueroa hizo declaraciones que propiciaron que el Gobierno nacional retomara su agenda para la Justicia y, de paso, intentara despegarse de su rol en el aluvión de prisiones domiciliarias que se otorgaron en la provincia de Buenos Aires y en el ámbito federal.
Entrevistada por un periodista radial, aseguró que el Ejecutivo no tuvo injerencia sobre los magistrados que concedieron los beneficios y denunció que fue presionada durante la Administración de Cambiemos.
Sin dar nombres, afirmó que un ex funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación se apersonó en su oficina para indicarle cómo sentenciar en una causa.
Cuando el conductor del programa le pidió que precisara en el marco de qué expediente ocurrió el hecho, respondió: “No lo tengo muy presente, porque teníamos infinidad de causas, pero me parece que fue el de la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán”.
Lectura
Cristina Fernández de Kirchner usó Twitter para difundir su propia lectura de la versión de Figueroa: dio por sentado que se refirió al actual procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y a las actuaciones sobre el pacto con Irán.
Mahiques acusó recibo y también usó la red social del pajarito: “Me gustaría que Figueroa aclarase que jamás acudí a su despacho y que no existió el intercambio que se insinuó”, escribió.
Paralelamente, el jefe de los fiscales porteños y actual presidente de la Asociación Internacional de Fiscales lanzó: “Lamento que se falte a la verdad en un contexto como el que estamos viviendo”.
Descargo
Figueroa se vio obligada a hacer un descargo ante un medio gráfico porteño. “No dije que era Mahiques, dije que era una alta autoridad. Realmente fue muy complicado, pero no quiero dar nombres. Eso fue lo que dijo el reportero. Él lo nombró, yo no dije nada y se tomó como que era Mahiques”, manifestó.
Además de la actual vicepresidente, dos referentes del oficialismo intentaron obtener rédito político de los dichos de la camarista.
Oscar Parrilli anticipó que pediría la nulidad del fallo dictado por la Casación sobre la firma del memorándum porque, a su entender, la voluntad de los jueces estuvo viciada.
En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que se retomaría la discusión por la reforma judicial.
Consultado sobre las protestas ciudadanas por las morigeraciones de encierro por supuesto peligro de contagio de covid en las cárceles, juzgó que la Administración que integra no tenía que “tomar el guante” que, según entendió, la oposición trataba de imponer.
“No estamos en condiciones de hacernos responsables de las decisiones de jueces”, agregó.
Antes de la declaración de la emergencia sanitaria, en febrero de 2020, mientras altos funcionarios nacionales desestimaban la posibilidad de que el virus llegara a Argentina, a falta de plan para modificar y, en su caso, mejorar el servicio de Justicia, y con vagos argumentos para justificar el ajuste a la clase pasiva, el gobierno de Alberto Fernández instaló la épica del privilegio con la iniciativa para modificar los regímenes jubilatorios especiales.
Cuando asumió, el primer mandatario confirmó que durante su gestión impulsaría lo que podría definirse como una reforma indeterminada del Poder Judicial.
Núcleo duro
La necesidad de cambiar el funcionamiento del Poder Judicial fue uno de los estandartes de la campaña de 2019 y el núcleo duro del kirchnerismo fue el encargado de ventilar propuestas.
En mayo de ese año, “El manifiesto argentino”, grupo que encabeza el escritor Mempo Giardinelli, blanqueó la agenda: pidió la supresión del Judicial como poder del Estado y su reemplazo por un “servicio”. Es decir, reeditó la fallida “democratización de la Justicia”.
Poco después, el ex cortesano Eugenio Zaffaroni habló de la necesidad de suscribir otro “contrato social”.
Ya al mando del país, la coalición gobernante siguió presionando y ventiló una de sus tantas internas: presos políticos versus detenidos arbitrariamente. Todo eso, mechado con la narrativa lawfare.
Apenas juró, Alberto Fernández prometió, desde el escenario montado en Plaza de Mayo para festejar la toma de mando, que iba a “terminar con una Justicia que utiliza las prisiones preventivas para amedrentar opositores”.
Escoltado por Fernández de Kirchner, aseveró que “se terminaron los operadores judiciales” y “los linchamientos mediáticos”.
Sin precedentes
Después, senadoras del Frente de Todos presentaron una iniciativa sin precedentes en el mundo, para que la Justicia anulara preventivas si los medios difundían acusaciones, en el entendimiento de que informar implica linchar e incidir en la “percepción pública respecto del principio de inocencia”.
En resumen, reclamaron que las investigaciones periodísticas sobre corrupción, una de las funciones de la prensa libre, constituyeran atenuantes, confundiendo los roles que periodismo y Justicia tienen en democracia.
El Gobierno insistió con las críticas contra las “detenciones arbitrarias”. Lo hizo con un video que difundió en su cuenta de Twitter, en el cual afirmó que “el lawfare se instaló en Argentina” y que sus funcionarios estaban “reconstruyendo el Estado de Derecho”.
“Enmienda Parrilli”
En agosto de 2020, diputados nacionales de la UCR cuestionaron el inciso incorporado por Parrilli al proyecto de reforma judicial oficialista que obligaba a los jueces a denunciar supuestas presiones de los medios.
El jefe de la bancada de la Cámara Baja y titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, alertó: “Hay un asalto a la Justicia y una limitación inconstitucional a la libertad de expresión”.
Por su parte, la ex vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, Karina Banfi, expuso: “¿Se preguntan de qué manera puede este artículo del dictamen afectar la libertad de expresión? ¿Cómo sería el mecanismo de presión? No lo explican. Entonces, una noticia lo puede ser. Escribís una nota sobre un juez y tenés denuncias en tu contra. Debemos evitar la autocensura”.
El ex diputado Luis Petri (candidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Patricia Bullrich) declaró: “Atan de manos a la Justicia y a todos los que intenten exponer a los jueces del poder. ¿Qué medidas podría solicitar un juez que denuncia presión mediática ante una nota que exponga su actuación? A partir de ahora la libertad de prensa puede ser considerada presión mediática y denunciada”.
“El país está ingresando al peligroso mundo de los autoritarismos con fachada democrática. Sin prensa libre no hay democracia”, subrayó el mendocino.
Agregó que el apartado en cuestión, propuesto por Parrilli, inspirado en la idea que meses antes ventilaron cinco de sus pares en el Senado, era “oscuro e impreciso” y valoró que buscaba amedrentar al periodismo de investigación, para evitar que advirtiera sobre los avances o retrocesos de causas judiciales.
Paralelamente, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) lamentó la aprobación de la cláusula que el kirchnerismo incluyó en el dictamen y exhortó a los legisladores a reflexionar sobre la gravedad institucional de aprobar “una medida destinada al silenciamiento de la libertad de expresión”.
En el duro comunicado que Adepa difundió en su sitio web y en las redes sociales denunció que la manda era “incompatible con los compromisos asumidos por la Argentina en el plano internacional de defender la libertad de expresión y de prensa”.
Adepa enfatizó que la “enmienda Parrilli” apuntaba a favorecer la autocensura, inhibir el escrutinio periodístico y debilitar un debate público vigoroso sobre cuestiones de interés institucional, como la administración de Justicia y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado.
“La repudiable incorporación de la insólita figura de ‘presiones mediáticas’ en un dictamen que se refiere a la organización interna del Poder Judicial no deja dudas respecto de la intención de limitar, ensuciar o entorpecer la investigación y la opinión periodísticas sobre casos de interés público que se debatan en el ámbito judicial, casos que muchas veces el periodismo ha contribuido a revelar, ya que es una de sus funciones en la democracia”, destacó.
Finalmente, la previsión naufragó, al igual que los planes del oficialismo para la Justicia: no logró la designación del juez Daniel Rafecas como procurador General ni la aprobación de reformas en la Justicia federal ni en el Ministerio Público Fiscal. Lo mismo sucedió con la idea de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema.
Figueroa fue nombrada en la Casación por la ex jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner. Antes fue asesora en la Secretaría de Derechos Humanos. Llegó a la Máxima Instancia Penal con credenciales académicas pero sin antecedentes en tribunales.
Está en edad de jubilarse. El oficialismo intenta mantenerla en su cargo, pero fracasó la última sesión del Senado para tratar su pliego. La oposición entiende que su permanencia se enmarca en maniobras para garantizar impunidad para la ex presidente.
