El desalojo se dirime en el fuero Civil por no existir vínculo laboral entre inquilina y accionantes

La locataria invocaba un supuesto arreglo por la renta del inmueble, con quien fue su empleadora, ya fallecida. Esa relación no es trasladable a los parientes de ésta, que reclamaron el desahucio

En un juicio de desalojo, al analizar que no existió relación laboral entre la inquilina demandada y los accionantes, ya que la mujer sólo alegó dependencia con una persona ya fallecida, no pudiendo trasladarse esa relación a los herederos accionantes, la Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba rechazó el recurso de apelación presentado, y confirmó así la competencia civil para el desalojo ordenado.

Además, el tribunal ratificó la cuantificación de los honorarios del pleito, ya que se tomó como base un estimativo del valor de una locación y el tiempo de duración de un contrato tal como prescriben las normas regulatorias.

A su turno, el tribunal integrado por la vocal Gabriela Eslava y el vocal Hector Liendo, al analizar la cuestión, indicó que las propias declaraciones de la demandada tanto al contestar la demanda como al exponer agravios, muestran que no existe materia laboral alguna que justifique la declaración de incompetencia del tribunal civil.

El fallo remarcó que el planteo de competencia que realizó la demandada en primera instancia y sobre el cual insistió ante la alzada en esta oportunidad de apelación, se asienta en la materia que supuestamente -a su entender- sería laboral.

Según evaluaron los magistrados, ninguna discusión relativa a dicha materia existió en autos, sino solamente la invocación de la inquilina respecto de una relación ya extinta por el fallecimiento de quien fue su empleadora, en la que ninguna invocación se hizo sobre ningún derecho a permanecer en la vivienda motivo del lanzamiento.

Frente a ello, la cámara consideró que le asistía razón al juez de primera instancia cuando resaltó la intrascendencia de la relación laboral invocada, por cuanto dicho vínculo habría sido con la persona fallecida y, por lo tanto, había quedado extinguida.

Así las cosas, el tribunal evaluó que no existía materia laboral que justifique el desplazamiento de la competencia y, menos aún, cuando el propio demandado reconoció ser tenedor precario y carecer de título alguno para permanecer en la ocupación del inmueble.

La decisión destacó que la cuestión laboral carece de trascendencia, por cuanto la causa del pedido de desalojo se asienta en normas civiles y nada tienen que ver con la materia laboral.

En ese orden de ideas, el pronunciamiento sostuvo que, habiendo sido acreditado el deber de restituir y no habiendo sido probada alguna causa para resistir, era correcto el acogimiento de la demanda.

Base

Con relación al segundo agravio, relativo a la base regulatoria para la regulación de honorarios tenida en cuenta por el aquo, la cámara señaló que la cuestión se encuentra regida por lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Arancelaria provincial, que concretamente establece: “Cuando el ocupante revistiere el carácter de comodatario o simple tenedor, la regulación de honorarios se hará en la forma prevista para el caso anterior por el plazo fijado legalmente para las locaciones o arrendamientos. A tal efecto, en la demanda debe estimarse el monto del alquiler presunto, que será tomado en cuenta de no mediar oposición. En caso contrario, se procederá conforme lo disponen los artículos 108 y siguientes del presente Código”.

De acuerdo con la norma transcripta, el tribunal entendió que el cuestionamiento respecto del plazo tomado por el sentenciante no puede ser recibido en tanto se advierte que, expresamente, la ley se refiere a que debe ser tomado “el plazo fijado legalmente para las locaciones”.

De tal suerte, los camaristas indicaron que fue correcto que el juez haya valorado el mínimo legal de tres años para establecer la regulación, no resultando ello sorpresivo para las partes, en tanto y en cuanto el derecho se presume conocido por todos.

Incorrecto

Luego, con respecto al valor tenido en cuenta por el aquo, que la recurrente había considerado que era incorrecto que se tome “presuntamente de un alquiler mensual, propuesto por la parte actora, de pesos treinta mil (30.000) mensuales, cifra esta, que resulta del escrito de demanda”, la cámara observó que la ley expresamente estima el monto del alquiler presunto y que será tomado en cuenta de no mediar oposición.

En tal sentido, el tribunal agregó que no sólo no medió oposición en la instancia anterior sino que el recurrente ni siquiera propuso un número diverso que pueda ser valorado a los fines de considerar la supuesta incorrección de lo decidido.

En definitiva, en el fallo se ordenó que el recurso de apelación de la parte demandada debe ser rechazado, confirmándose la decisión en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas a cargo de la recurrente atento no existir motivos para apartarse del principio objetivo de derrota.