ESCUCHARHay mujeres que respaldan que se legisle la actividad y otras que consideran que siempre implica explotación. Por primera vez, las españolas marchan divididas un 8 de marzo por esa causa. En Francia la actividad se reguló y se establecieron multas, pero las trabajadoras sexuales -en especial, las transexuales- sostienen que la norma fracasó. Uno de los argumentos centrales de los detractores de penalizar al cliente es que ello atenta en contra de la libertad individual. Quienes se oponen a que se norme el tema también fustigan la ideología transfeminista
En abril de 2021, en Francia, a cinco años de la sanción de la ley que regula la prostitución, trabajadoras sexuales -la mayoría, transgénero- se manifestaron en París para denunciar el impacto negativo de la normativa, aprobada durante el mandato del socialista François Hollande.
Miembros del Sindicato del Trabajo Sexual (STRASS), del colectivo transgénero Acceptess-T y la ONG Médicos del Mundo plantearon que la legislación de 2016 sólo llevó a más casos de violencia y acusaron al Estado francés de desentenderse de la problemática.
Además, alegaron que el Ejecutivo, a cargo de Emmanuel Macron (La República en Marcha) no aportó presupuesto para ayudar al colectivo, fuertemente castigado por la crisis sanitaria.
En febrero de 2019, la Justicia francesa estableció que multar a los clientes de prostitución no violenta la carta magna francesa.
El decisorio del Consejo Constitucional cerró una batalla de dos años y medio entre ONG favorables y contrarias a la penalización.
Uno de los puntos más controvertidos de la ley es el que establece multas de entre 1.700 y 4.000 dólares a los clientes y los obliga a asistir a cursos de “concientización”
Además de las implicaciones de la penalización de aquéllos en cuanto a la libertad individual, en Francia la amenaza de castigo redujo la demanda y los grupos transgénero, especialmente críticos de la ley, estiman que su modo de subsistencia está perseguido y que la regulación empeoró sus condiciones de vida y de salud. En ese sentido, alegan que las trabajadoras sexuales se ven obligadas a bajar tarifas y a aceptar tener trato con personas sospechosas, por necesidad.
El debate de la norma tomó más de dos años. Mientras sus partidarios aseguraban que protegería a las trabajadoras sexuales de Francia -en su enorme mayoría, extranjeras- y que aportaría a la lucha en contra de la trata, sus detractores afirmaban que afectaría la supervivencia material de miles de personas.
Una de las razones que inclinaron la balanza a favor de la regulación fue que se esperaba que facilitara el acceso a permisos de residencia temporal si las involucradas aceptaban buscar trabajo fuera de la prostitución.
“El aspecto más importante de esta ley es acompañar a las prostitutas y darles documentos de identidad, porque sabemos que 85% son víctimas del tráfico”, argumentó en su momento la parlamentaria socialista Maud Olivier, una de las promotoras de la norma.
Por su parte, Anne-Cecile Mailfert, presidenta de la Fundación de Mujeres de Francia, aseguró que la penalización de los usuarios facilitaría la labor policial.
Sin embargo, las organizaciones que nuclean a las prostitutas advirtieron de que sumiría a su actividad en una clandestinidad más profunda y que habría más problemas de seguridad, dos escenarios que, según denuncian, se dan en la actualidad.
Justicia
En febrero de 2019, la Justicia francesa estableció que multar a los clientes de prostitución no violenta la carta magna del país.
El decisorio del Consejo Constitucional cerró una batalla de dos años y medio entre ONG favorables y contrarias a la penalización. Asociaciones como Médicos del Mundo o el Sindicato de Trabajadoras del Sexo alegaron que la disposición, copiada de la legislación sueca, no colabora a bajar la oferta.
Paralelamente, plantearon que deteriora más las condiciones laborales, al obligar a quienes viven de la prostitución a ejercerla en lugares escondidos y con menores protecciones. Asimismo, apuntaron a que el recorte de la demanda obliga a las prostitutas a reducir sus precios y a aceptar las condiciones de los clientes.
Por el contrario, defensores de la norma, como “Osez le feminisme” o el Colectivo de Mujeres contra la Violación, opinan que es el único medio pragmático para luchar en contra de las redes de explotación de mujeres.
En una veintena de ciudades españolas habrá dos manifestaciones por el 8 de marzo, con distinto recorrido. El sector abolicionista optó por la división, pese a que se trata de un debate histórico que nunca supuso ruptura.
El Alto Consejo para la Igualdad francés respaldó esa visión. Estimó que el hecho de que pactar actos sexuales sea legal “hace perdurar la idea de una desigualdad fundamental entre mujeres y hombres”, al asentar la noción de que “el cuerpo femenino se puede comprar”.
El caso se formalizó primero ante el Consejo de Estado, que luego elevó la cuestión al Constitucional. En su sentencia, el tribunal recordó que no le compete entrar en el fondo del debate, lo que le corresponde al legislador, y dictaminó que la ley se ajusta a la carta magna. Se limitó a señalar que el grueso de las prostitutas es víctima de proxenetismo y trata.
Movimiento
Hay cuestiones sobre las que el feminismo llegó a un consenso absoluto, como la lucha en contra la violencia machista, pero abolicionismo versus legalización de la prostitución es un debate histórico que lo divide en todo el mundo.
En España se fracturó la movilización por el Día de la Mujer: por primera vez en la historia, el movimiento caminará separado hoy, 8 de marzo. Habrá dos manifestaciones en una veintena de ciudades y en Madrid, el epicentro de la jornada, la marcha será a la misma hora, pero con recorridos diferentes.
La idea de separación partió del sector que considera que la abolición de la prostitución debe ser uno de los ejes centrales de las reivindicaciones y por eso resolvió moverse en bloque. En tanto, las convocatorias oficiales mantienen otras consignas; en especial, su bandera transincluyente.
Agenda
Silvia Carrasco, presidente de Feministes de Catalunya y miembro de la coordinadora de Confluencia Movimiento Feminista, declaró que la convocatoria institucional “tiene un objetivo antifeminista” y valoró que “está liderando el retroceso en las políticas de igualdad en España”.
Carrasco piensa que “la aparición de la ideología transgenerista no es un tema más”, sino que “pervierte” las reivindicaciones de la agenda feminista y busca desactivarla.
Al igual que referentes de otras agrupaciones que marcharan por su cuenta, la dirigente sostiene que el Gobierno, Unidos Podemos y el PSOE, al poner en foco la diversidad, “olvidan” a las mujeres.
Hace unos días, Irene María Montero Gil, ministra de Igualdad de España, reiteró que “las mujeres trans son mujeres”.
Grupos como la Alianza contra el borrado de las mujeres afirman que la identidad de género “convierte la definición de mujer en algo completamente subjetivo” y amenaza los avances. Bajo esa premisa, llaman a reivindicar “la agenda feminista real”.
Contrariando esa posición, y en la misma línea que la ministra de Igualdad, Ana Useros, de la comisión que organizó el acto oficial por el 8 de marzo, manifestó: “En el tema trans hay un consenso clarísimo, las mujeres trans forman parte de la lucha feminista. Sus derechos son derechos humanos y en eso no hay ningún tipo de discusión dentro de la organización”.
En España, en lo que va de la democracia, ningún partido político en el gobierno tomó a la prostitución como un tema urgente y aunque desde 2018 hay algunos avances, casi no hay legislación.
Actualmente se estudian normativas que no son abolicionistas. Una es la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual (conocida como ley del solo sí es sí), que define como violencia sexual la explotación de la prostitución ajena. La otra, la Ley de Trata, apunta a garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas.
Registro
El tema también es motivo de controversia en Argentina. Recientemente, en plena cuarentena, el debate se reavivó cuando el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Desarrollo Social, incluyó la prostitución en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), con el fin de relevar a trabajadores de la economía informal de distintos rubros y tener información sobre sus ingresos y sus condiciones laborales y habitacionales.
Tal fue la repercusión que se dio de baja a las 48 horas y se llamó a una mesa de trabajo con emisarios de las carteras de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Trabajo y Mujeres, Géneros y Diversidad, así como a integrantes de organizaciones sociales.
En España, hay grupos abolicionistas que afirman que la identidad de género convierte la definición de mujer en algo completamente subjetivo y amenaza los avances del colectivo. Bajo esa premisa, llaman a reivindicar lo que definen como “la agenda feminista real”.
Abolir o regular volvió a generar cruces en el movimiento feminista vernáculo, que se refiere a la actividad de intercambiar sexo por dinero, respectivamente, como prostitución y trabajo sexual.
La polémica por el registro se amplificó en las redes sociales; en particular, en Twitter, con los antagónicos hashtags #LaProstituciónNoEsTrabajo y #TrabajoSexualEsTrabajo.
Ammar
“Ya no debemos ocultarnos ni inscribirnos con categorías engañosas”, tuiteó para celebrar Georgina Orellano, titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) y autodefinida trabajadora sexual.
En declaraciones al matutino porteño Clarín, dijo que llegó a inscribirse en el registro y que preguntaba por ingresos, situación de vivienda (casa de alquiler, pensión, hotel) y familiares a cargo, entre otros rubros.
“El ministerio nos había hecho saber que trabajaba en nuestra inclusión, y que este relevamiento serviría para diseñar políticas específicas para cada sector de la economía informal”, detalló.
Por su parte, Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura porteño, disparó en Twitter: “Mirá vos, los papichulos de la economía popular consolidando los privilegios de los consumidores de prostitución, bajo el aspecto de proteger entre lxs trabajadorxs a las personas en prostitución y streapers”.
En tanto, una vez que se desactivó el formulario, Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas, publicó: “Con el Ministro @LicDanielArroyo coincidimos de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales que la prostitución no es trabajo”.
Ante ello, Orellano lamentó la medida. “La pandemia evidenció como nunca las condiciones de hacinamiento, hambre y precariedad en la que viven muchas trabajadoras sexuales, y que no hay políticas que cubran esas necesidades porque es un grupo que no está contemplado como tal. Si querés hacer ese trabajo e inscribirte al monotributo lo tenés que hacer como peluquera o masajista. Esto con el correr del tiempo nos iba a permitir bancarizarnos, tener una obra social y aportes”, expuso en diálogo con Clarín.
Además, dijo: “Nosotras nos autopercibimos trabajadoras sexuales. ¿Por qué no reconocen que existimos? El Estado debería estar al margen de debates ideológicos. Que nos digan que no decidimos por nuestra cuenta hacer este trabajo es una infantilización. Por supuesto que somos vulnerables. Quienes venimos de los sectores más populares siempre somos más vulnerables, siempre tenemos menos oportunidades de decidir de qué vamos a trabajar, siempre estamos más expuestas al maltrato y a que nos paguen menos plata por el mismo trabajo. En ese contexto, obviamente tu consentimiento tal vez esté coartado”,
Sonia Sánchez, sobreviviente de la trata y prostitución y autora de “Ninguna mujer nace para puta”, es ferviente abolicionista y se sumó a las críticas de la iniciativa. “El trabajo sexual no existe. Sí las personas en situación de prostitución, de explotación sexual. La prostitución implica violencia física, emocional, psíquica y económica. El Estado, a través de este formulario, habla de un trabajo y no de una explotación: quiere legalizar el proxenetismo, que ahora mismo está penado por la ley. Se convierte en un trabajador al traficante de personas, muchas veces detrás de mujeres que manifiestan estar trabajando por su propia cuenta” y agregó: “A quien defienda la idea de la autonomía le quiero preguntar si cuando agarren a su hija o a su nieta va a pensar lo mismo. Agarran a las chicas, muy chiquitas, las llevan al sindicato Ammar, les dan el carnet de autónoma y detrás de todo eso hay proxenetismo”.
En plena cuarentena, y en el marco del frenesí mediático por el presunto abuso sexual de Juan Darthés a su colega Thelma Fardin, la abogada de la actriz, Sabrina Cartabia, se metió en el debate y se pronunció a favor del registro de trabajadores sexuales. “Hay que poner el escenario en contexto: la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA determinó que las mujeres son más pobres que los varones y que representan una gran proporción de la economía informal. Esto las convierte en el sector más perjudicado por el aislamiento obligatorio. Este registro ministerial podía ser un primer paso para abordar la problemática de las trabajadoras sexuales, muy estigmatizadas”.
“¿Quién soy yo para responder si alguien hace algo con o sin consentimiento? Eso sólo lo puede responder esa persona, porque si no deja de ser un sujeto de derecho y pasa a ser un objeto de protección. Hay que prestarles atención a los niveles de violencia que se ejercen cada vez que se habla en nombre de ese grupo y se niega su existencia como tal, algo autoritario”, sentenció la letrada.
“Hay todavía un gran estigma sobre las trabajadoras sexuales: a las mujeres nos criaron pensando que las putas son el enemigo. Cada vez que te dicen ‘puta’ te están insultando, no querés ser eso. Las condiciones de vida de un colectivo precario serían menos precarias si el trabajo sexual dejara de ser una vergüenza social”, sumó.
Protex
María Alejandra Magnano, una de las titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal, también se refirió a la controversia. “Argentina adhiere a leyes y tratados internacionales que, así como están, penalizan cualquier forma de explotación de prostitución ajena. Hay muchos prostíbulos que tienen a mujeres como regentes para parecer una cooperativa, o mujeres en situación de explotación a las que se les da un carnet para que parezcan cuentapropistas. Cualquier modificación a esa base jurídica debe pasar por el Congreso, no puede resolverse a través de ninguna de las dependencias del Poder Ejecutivo. Es un debate que no puede dirimirse en un formulario web”, enfatizó.
Colegio de Abogados
Hace dos años, el fiscal federal Carlos Gonella disertó en la apertura de la Sala de Trata del Colegio de Abogados de Córdoba, un espacio creado para contribuir a la discusión pública de esta temática.
En diálogo con Comercio y Justicia, antes de exponer, consultado sobre las posturas abolicionistas y reglamentaristas, dijo: “El debate es muy interesante, porque hay argumentos fuertes de los dos lados. En mi caso estoy más cercano a las posiciones abolicionistas”.
El funcionario consideró que el sistema prostibular es muy complejo, tiene muchos actores y están involucradas las estructuras estatales y que, por otro lado, está la “víctima”, que “es una persona vulnerable social, económica y culturalmente”, que no tuvo la posibilidad de educarse y que, en muchos casos, ejerce la prostitución porque lo hacían sus madres, abuelas y tías.
Gonella consideró que el Estado debería ofrecer alternativas para evitar esta actividad. “No hay que perder de vista que detrás de este fenómeno hay redes que se enriquecen y el dinero compra voluntades; el Estado no debe tolerar esto, debe ser inflexible y prohibirlo”, juzgó.
“Por supuesto, hay otras posturas reglamentaristas que parten de la idea de reconocer este fenómeno y considerar a estas mujeres trabajadoras sexuales. Las dos posturas son respetables pero la mía es la del abolicionismo”, completó.
