ESCUCHARPor Carolina Klepp y Silvina Bazterrechea
El Consejo de la Magistratura de Córdoba debe tener rango constitucional, ser capaz de remover a sus magistrados, tener autarquía financiera y manejar su propio presupuesto. Los planteos surgieron de los cuatro nuevos consejeros titulares que asumieron hace 10 días en el organismo encargado de la selección de jueces del Poder Judicial de la Provincia, en el marco de un desayuno organizado por Comercio y Justicia.
Francisco Luis Riego y María de los Ángeles Bini, en representación del estamento de abogados, y Jorge Miguel Flores y Jorge Namur, por Jueces y Funcionarios Judiciales, se suman a otros cinco miembros ya en funciones: Luis Rubio, del Tribunal Superior de Justicia; Darío Vezzaro, por la Fiscalía General; el legislador Juan Brügge; Eva Chamorro Greca de Prado, por la Academia de Derecho, y Luis Angulo, por la cartera de Justicia.
Si bien todos coincidieron en que al organismo que integran hay que seguir sosteniéndolo en el marco de la democracia y puede considerárselo de “avanzada” con relación a otras provincias, advirtieron que este cuerpo sigue “proponiendo jueces y no designándolos”.
“Se confecciona un orden de mérito que después es llevado a la Legislatura y puesto a consideración del gobernador de turno, quien puede o no renunciar a esta potestad. Nos parece que no debiera depender de esta renuncia sucesiva de cada gobernador entrante, sino que debiera el Consejo tener rango constitucional, conforme lo ha propuesto la Comisión Asesora para la Reforma Política”, explicóRiego.
“Hay que sacarle a los cuerpos políticos todo lo que tiene que ver con la designación y con la remoción de los jueces", agregó Flores, quien sumó a la discusión la imposibilidad que tiene el cuerpo de remover a los funcionarios judiciales que han cometido alguna falta grave. En este punto, todos opinaron que debe ser el Consejo de la Magistratura el ente que tenga la doble función de seleccionar y destituir magistrados.
Para Bini, asignarle esta función al Consejo contribuiría a quitarle al proceso todo “cariz político” y evitar la “bicicleta” que hoy permite dilatar los procesos indefinidamente.
Lo mismo advirtieron Flores y Riego, quienes tomaron como ejemplo a sus pares del Consejo de la Magistratura de la Nación, que sí están facultados para promover la destitución de un funcionario judicial.
Reconociendo que el actual Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (Jury) no está actuando, Namur fue más cauto en su postura: “Lo que yo quisiera es que de una forma u otra funcione bien, con celeridad, cualquiera sea su integración”.
Financiamiento
Tras recordar que el Consejo de la Magistratura no es autárquico financiera ni económicamente, los miembros señalaron como de vital importancia que el cuerpo pueda disponer de recursos económicos propios para, por ejemplo, publicar edictos, contratar personal o cualquier otra tarea del “quehacer cotidi
