ESCUCHAREl Consejo de la Magistratura buscará en los próximos tres meses cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordenó ampliar sus miembros de 13 a 20, para así evitar un párate del organismo que selecciona y remueve magistrados en todo el país.
El plazo de 120 días que fijó la Corte para llevar la integración a 20, si bien para los consejeros es escaso, será el tiempo que tendrá el Consejo para sumar 6 integrantes más, ya que el séptimo será el presidente del alto tribunal, Horacio Rosatti.
El jueves 16, la Corte falló sobre un pedido de los abogados porteños para que se revisara la constitucionalidad de la reforma de 2006 que achicó el Consejo de 20 a 13, dejando un balance con preeminencia de los legisladores sobre los representantes de jueces y abogados.
Desde la reforma de 2006 hasta la decisión de la Corte, el Consejo se integró con 3 jueces, 2 abogados, 4 legisladores de la mayoría, 2 legisladores de la minoría, 1 académico y 1 representante del Poder Ejecutivo.
La Corte entendió que el balance de poderes dentro del Consejo no atendía el equilibrio que marca la Constitución para el diseño de una magistratura y ordenó volver a la integración previa a la reforma, al tiempo que recomendó al Congreso dictar una ley que integre el cuerpo bajo ese criterio de equilibrio.
Si el Congreso no dicta una nueva ley antes del 14 de abril del 2022, el Consejo volverá a estar conformado por el presidente de la Corte; 4 jueces; 8 legisladores (4 por cada cámara, 2 por el oficialismo, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); 4 abogados; 1 representante del Poder Ejecutivo y 2 de la Academia.
Esto implica que los jueces deberán elegir un nuevo representante, los abogados dos, los legisladores otros dos y finalmente el sector académico también tendrá que sumar un nuevo representante.
Con ese objetivo, los consejeros convocaron el miércoles pasado a los representantes de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
La Asociación de Magistrados planteó que no había llegado a reunir a su órgano directivo por lo que aún no pudo desarrollar algunas deliberaciones internas fundamentales para determinar cómo avanzar hacia el cumplimiento del fallo de la Corte, mientras que la FACA directamente pidió un plazo de 10 o 15 días para presentar una planteo orgánico.
Restricciones por la pandemia. La postura más definitiva fue la del titular del CPACF, Jorge Rizzo, quien manifestó que sería “imposible” llevar a cabo una elección en el plazo previsto, sobre todo en un escenario de aumento de casos de coronavirus en el que se expondría la salud de los cerca de 100 mil abogados habilitados para votar.
El plazo exiguo fue la primera queja de los consejeros apenas conocido el fallo: “No se entiende el apuro”, señaló el vicepresidente del Consejo y juez penal, Agustín Lugones.
Al respecto, advirtió que si por el motivo que fuera “no se lograra poner en funcionamiento este cuerpo de 20 miembros, todos los actos dictados por el Consejo serían nulos”, lo que además podría generar un “párate total de la Justicia” en materia de “servicios, salario, mantenimiento y funcionamiento”.
No obstante la preocupación general que recorre el Consejo ante la eventualidad de no llegar con los nuevos miembros a mediados de abril y que se paralice el organismo, la Corte ya fijó los plazos y los consejeros no tienen otra opción que apurar la elección de los nuevos miembros.
El hecho de que se paralice la institución constitucional que lleva adelante el trámite complejo de selección de magistrados, es aún más preocupante con un problema de vacancia en la justicia que alcanza un 30 por ciento de los cargos todavía sin cubrir.
