ESCUCHAREl caso por presunto espionaje ilegal en expedientes judiciales que se inició en el juzgado federal de Dolores, provincia de Buenos Aires, bajo el comando de Alejo Ramos Padilla (hoy juez de La Plata), conocido como “D’Alessio”, pasó a Comodoro Py.
Se trata de la pesquisa que protagoniza el falso abogado Marcelo D’Alessio, a cuyo derrotero se ligaron las investigaciones por los supuestos monitoreos desde las llamadas bases AMBA y por seguimientos a familiares de las víctimas del ARA San Juan, en la cual el juez subrogante Martín Bavia procesó al ex presidente Mauricio Macri.
A casi tres años del inicio de la instrucción del “caso D’Alessio”, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la competencia le pertenece a los tribunales del barrio porteño de Retiro.
La Sala II de la Casación se pronunció 24 horas después de que en otra causa por espionaje -que se inició en Lomas de Zamora y migró a los tribunales porteños- la Cámara Federal, por mayoría, sostuvo que no hubo asociación ilícita desde la conducción de la AFI y que sólo podía responsabilizarse por algunos hechos a un grupo de espías que actuó solo, buscando extorsionar a las víctimas, así como a la funcionaria que debía supervisarlos.
Con la disidencia de Eduardo Farah, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi concluyeron: “La prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”.
Stornelli y Curi
En “D’Alessio”, los vocales Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Eduardo Riggi hicieron lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por las defensas del fiscal de Comodoro Py Carlos Stornelli y del fiscal de Dolores Juan Pablo Curi, que desde el inicio de la causa sostuvo que no pertenecía a su jurisdicción.
“Si bien en casos complejos como el presente -donde inclusive se ha advertido cierta vaguedad e indeterminación del objeto procesal- resulta razonable que las maniobras eventualmente ilícitas se produzcan en diferentes jurisdicciones, la realidad es que la mayor parte de los sucesos investigados se habrían cometido en Capital Federal, siendo éste entonces el ámbito donde deberán continuar radicadas las actuaciones de acuerdo a cuestiones de economía procesal e, incluso, para satisfacer la mejor defensa de los imputados”, sostuvieron.
