Ejecutan pagaré en dólares del que se alegaba abuso de firma en blanco

El tribunal ratificó lo dispuesto en primera instancia y subrayó que la causa de la obligación podrá discutirse en un juicio ordinario posterior que deberá iniciar el aquí ejecutado [privado]

Al interpretar que la firma del pagaré quedó reconocida y que el abuso de firma en blanco opuesto por el demandado no es materia a decidirse en un juicio ejecutivo sino que -por su naturaleza- podrá reeditarse en un posterior juicio ordinario con amplio debate y prueba, la Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba rechazó el recurso de apelación presentado por el ejecutado.

Asimismo, el tribunal rechazó la prejudicialidad penal por la denuncia realizada por el demandado, debido a que el juicio ejecutivo no hace cosa juzgada material por no poderse discutir la causa de la obligación.

El demandado, Rene Antonio Giliberti, apeló la sentencia, que rechazó las excepciones de inhabilidad y falsedad de título, así como el pedido de suspensión de la sentencia civil por él opuestos, e hizo lugar a la demanda incoada por Fabian Jorge Garino, por la cual pretendía la ejecución de un pagaré por la suma de US$74.640 más intereses.

Apelación

El tribunal, integrado por los vocales Gabriela Lorena Eslava, José Manuel Díaz Reyna y Héctor Hugo Liendo , al analizar la apelación, indicó que en el tipo de procesos debatido, el ejecutado sólo podrá oponer al progreso del mismo, las deficiencias formales del título, y no la controversia sobre lo sustancial, ya que se encuentra reservado para un juicio de conocimiento posterior que posibilite un amplio debate.

Si la letra o pagaré que ha sido emitida en forma incompleta o parcialmente en blanco puede ser integrada válidamente por el tomador o cualquier titular, aludiendo el artículo 11 del decreto 5965/63.

El fallo remarcó que las circunstancias determinantes de la emisión del título, así como las convenciones ajenas a la literalidad de éste, no pueden ser invocadas en el juicio ejecutivo porque apuntan a la causa de la obligación, lo que excede el marco cognoscitivo de este proceso.

Agravios

Bajo esas premisas, al examinar los agravios del apelante, la cámara indicó que la ley no exige para la validez del documento que todo su cuerpo sea redactado de puño y letra, ni por una misma persona ni en una misma oportunidad.

Sobre el particular, se precisó que si la letra o pagaré que ha sido emitida en forma incompleta o parcialmente en blanco puede ser integrada válidamente por el tomador o cualquier titular, aludiendo el artículo 11 del decreto 5965/63.

En tal sentido, la decisión apuntó que si esa integración se hace en forma contraria a la voluntad del emitente esto no puede ser discutido en el estrecho ámbito del juicio ejecutivo.

Además, los jueces tuvieron en cuenta que, si bien el demandado Giliberti negó haber suscripto el pagaré base de la presente acción, luego en el propio escrito de contestación de demanda así como en el presentado por ante la Fiscalía de Instrucción, lo reconoció, por lo que la conclusión a la que arriba el perito calígrafo oficial debe ser tenida como perfectamente válida.

Prejudicialidad

Finalmente, respecto de la prejudicialidad referida por el recurrente, el decisorio señaló que la denuncia penal no constituye fundamento para la suspensión del juicio ejecutivo y, por ende, la aplicación del artículo 1775 del Código Civil y Comercial; de lo contrario se conduciría a la discusión de la causa de la obligación, controversia ésta última vedada en los juicios de esta naturaleza, toda vez que en dicho trámite se arriba a sentencia con valor de cosa juzgada formal, que puede debatirse en un posterior juicio ordinario.

En este orden de ideas, la alzada coincidió con lo expuesto por la juez de Primera Instancia, en cuanto a que el demandado cuenta con la posibilidad de revisar lo resuelto en el juicio declarativo de repetición posterior, en el que se permite una mayor amplitud de debate y prueba de los hechos.

En definitiva, se señaló que la decisión recaída en dicho proceso -en principio- sólo hace cosa juzgada formal y admite la promoción de un juicio ordinario para discutir la relación jurídica sustancial que le da origen al título en el que la decisión que recaiga hará cosa juzgada material.