ESCUCHARLa medida afecta a 400 mil personas. Si no toman clases presenciales -aun a costa de su salud- serán expulsadas. La semana pasada, Harvard y el MIT tomaron la delantera y acudieron a los tribunales de Boston en reclamo de una cautelar
En EEUU, 17 Estados, el distrito de Columbia, la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) lanzaron una ofensiva judicial para proteger a los estudiantes internacionales que están en el país, quienes en un mes deberían comenzar a tomar clases presenciales.
Los actores presentaron una denuncia contra el gobierno de Donald Trump por lo que definieron como decisión “arbitraria y caprichosa” de cambiar las reglas de los visados para que miles de alumnos deban arriesgar la salud yendo a clase en persona o abandonar el territorio.
El planteo se suma a las demandas que ya promovieron las altas casas de estudios de California y Massachusetts.
Cabe recordar que a principios de mes, vía circular, la policía de inmigración confirmó que las reglas de validez de las visas de los estudiantes extranjeros habían cambiado.
Para obtenerlas ahora es necesario que la mayoría de las clases sea presencial. Pero en marzo, cuando la pandemia impuso la necesidad de los cursos online, Inmigración hizo una excepción para que los universitarios pudieran terminar sus estudios.
La administración de Trump busca suprimir esa salvedad pese a que persiste la crisis sanitaria. De esa manera, los estudiantes extranjeros deberán asistir físicamente a clases o pasarán a ser ilegales en el país.
Además, según la circular, si a mitad del curso hubiere que trasladar la educación de nuevo a Internet, también perderían su visado.
La medida afecta a unas 400 mil personas que tienen planes hechos, alquileres contratados, matrículas pagadas y vuelos reservados.
La semana pasada, Harvard y el MIT, que adelantaron que por lo pronto todas sus clases serán remotas, acudieron a los tribunales de Boston y reclamaron una cautelar para que la decisión, a la que le atribuyeron motivación política, quede sin efecto.
Luego, en San Francisco, el fiscal General de California, Xavier Becerra, formalizó la primera denuncia estatal para tratar de frenar las modificaciones.
“Qué vergüenza que la administración Trump ponga en riesgo no sólo las oportunidades educativas de los estudiantes que se han ganado el derecho de ir a la universidad, sino también su salud”, dijo el funcionario.
Junto al Estado se presentaron también las universidades California State y California Community Colleges.
El lunes de esta semana, la fiscal General de Massachusetts, Maura Healey, y 17 colegas promovieron una nueva denuncia. “La Administración no ha intentado siquiera explicar las bases para esta norma sin sentido, que obliga a los centros a elegir entre mantener matriculados a sus estudiantes internacionales o proteger la salud en sus campus”, sostuvo Healey.
Los argumentos de todos los fiscales son similares y se basan en que la decisión carece de justificación legal.
