ESCUCHARLa Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) se mostró preocupada por el anuncio del Gobierno que introduce reformas a la Ley de Inteligencia Nacional.
El organismo – que es una coalición de organizaciones integrada por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Vía Libre – advirtió que el decreto que disuelve la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para reinstalar la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) organiza la estructura de inteligencia bajo viejos modelos, sin que esté claro por qué eso la dotará de más eficacia, ni por qué mejorará en la protección de los derechos.
“Uno de los aspectos más regresivos de la reforma es que vuelve a abrir la posibilidad de que el Poder Judicial use a los organismos de inteligencia como sus auxiliares. El Poder Ejecutivo reinstala una práctica que había sido prohibida por las gravísimas irregularidades que habilitó”, planteó ICCSI en un comunicado.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso AMIA condenó al Estado argentino por el fracaso de la investigación judicial, que estuvo determinado por haberla dejado en manos de la exSIDE”, recordó el organismo.
Por su parte, y en relación con la creación de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), y de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), planteó que sus funciones y competencias son poco claras y el decreto extiende sus atribuciones en forma riesgosa para la privacidad de las personas. “Específicamente, respecto de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), el DNU la faculta para la provisión de servicios para “adquisición, intercepción, recolección, procesamiento, evaluación y análisis de toda información relevante para el Sistema de Inteligencia Nacional”, lo que significa un nuevo mecanismo para hacer interceptaciones, que no estaba habilitado en la ley. Todo ello de un modo solapado y sin el debate parlamentario necesario”,cuestionó ICCSi.
