ESCUCHAREl Tribunal Federal N° 2 de Córdoba, conformado unipersonalmente por el juez Carlos Lascano, condenó a seis años de prisión al dueño de un aserradero por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado por abuso de situación de vulnerabilidad y pluralidad de víctimas. La condena incluyó el pago de una indemnización a los damnificados, tanto por daño material como moral, tal como lo había reclamado el fiscal General Carlos Gonella.
Hugo Adrián Vázquez fue hallado culpable de explotar laboralmente a siete personas en un aserradero ubicado sobre la ruta provincial N° 5. Al dictar el veredicto, el tribunal trazó un embargo preventivo y el decomiso del fondo de comercio y de los bienes de uso y capital del predio, como también de sus materias primas. Además, lo instó a dos pagos de indemnización a las víctimas: uno por daño moral, de 150 mil pesos en todos los casos; y otro por daño material, con montos de entre $97.551 y $6.379.902 de acuerdo al caso, todos con un concepto de interés compensatorio de 2,5% mensual.
Según la acusación, Vázquez alojó en condiciones de hacinamiento a las víctimas, en casillas de extrema precariedad, carentes de salubridad e higiene. Estas construcciones contaban con servicio de energía eléctrica clandestino, agua corriente provista mediante un pico fuera de la vivienda, baños sin descarga de agua ni ducha para higienizarse.
En el juicio se acreditó que Vázquez pagaba a sus víctimas la suma de $400 por día, que abonaba mensualmente previo realizarles un descuento de “vales” de compras de mercadería, elementos de higiene personal y habitacional, y demás insumos. En este contexto, desde la clandestinidad, el acusado sometió a largas jornadas de explotación laboral a estas personas, a quienes utilizó como mano de obra esclava con el objeto de abaratar costos de la actividad, abusando de sus condiciones de vulnerabilidad, acusó la fiscalía.
Todas las víctimas provenían de otras provincias y contaban con especiales dificultades para ejercer sus derechos dada su condición económica y familiar, y su desarraigo social y cultural.De acuerdo con los testimonios recogidos, las víctimas trabajaban nueve horas de lunes a viernes y media jornada los sábados, con un salario 60 por ciento debajo de lo establecido por el convenio colectivo de trabajo (CCT) de la actividad. Al momento de realizar el allanamiento del aserradero, se contaron 12 violaciones de las normas de seguridad e higiene, entre las que se contaron falta de afiliación a alguna aseguradora de riesgos del trabajo (ART), máquinas y herramientas sin protección, instalaciones eléctricas inestables, falta de agua potable y falta de elementos de seguridad personal. Una de las personas sufrió un accidente laboral que la dejó incapacitada de por vida.
