ESCUCHARUno de los abogados de Ariel Zanchetta, el principal sospechoso en la megacausa por espionaje ilegal a jueces, renunció a su defensa. Lo hizo por “discrepancia estratégica”, luego de que trascendieron más novedades en el caso, y a días de que el ex policía federal sea indagado nuevamente.
Se trata del platense Marcelo Peña. Sigue su colega Fernando Scanavino, de Junín.
El panorama procesal de Zanchetta comenzó a complicarse en octubre pasado, cuando se difundieron los resultados de un informe preliminar sobre sus teléfonos y computadoras que revelaron que entre los contactos del detenido figura el ex director de Contrainteligencia de la AFI y diputado nacional, Rodolfo Tailhade, uno de los promotores del juicio político a la Corte.
Según el peritaje ordenado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, Zanchetta tenía en sus dispositivos aún más información de magistrados. El nombre del diputado kirchnerista llamó la atención y se presentó ante el magistrado del caso para que, según afirmó en un comunicado, “no dude” en convocarlo de inmediato “si considera que es necesario”. Además de él, en el listado figuran, entre otros, los contactos “C5n Gustavo Sylvestre” y “periodista Tomás”.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) le dejó su estudio a Martínez De Giorgi y al fiscal Gerardo Pollicita.
Zanchetta fue detenido en Junín, provincia de Buenos Aires, a fines de junio. A partir de ese momento, la Justicia buscó determinar si algunos de sus contactos, que suman casi 5.800, están vinculados con operaciones de inteligencia y delitos penales. Está procesado por acceso ilegítimo a comunicaciones y a bancos de datos personales, por interrupción de las comunicaciones y por tentativa de estafa.
Guardaba archivos sobre perfiles personales de un grupo de funcionarios judiciales de Comodoro Py y de los supremos, como situación laboral, fiscal y económica; datos sobre sus domicilios y vehículos; fotos y números de teléfonos.
Entre otros, la nómina de “objetivos” del encausado incluye al juez Sebastián Casanello; al fiscal Carlos Stornelli y a su ex esposa y madre de sus hijos, y al ex fiscal de Mercedes Juan Bidone (que investigó el triple crimen de General Rodríguez y terminó condenado por extorsión por su vinculación con el falso abogado Marcelo D’Alessio).
Lo que mostraron los equipos de Zanchetta fue su dedicación para recolectar información. Hasta ahora, la estrategia de su defensa fue alegar que sus búsquedas y recopilaciones de datos se justifican por su actividad como periodista. En su indagatoria negó tener vínculos con los servicios de inteligencia y afirmó que pidió más de dos mil informes de antecedentes de jueces y fiscales porque desde que se retiró de la Federal trabaja para la Agencia Nova, RealPolitik y otros sitios.
Luego de que el fiscal Pollicita firmó un dictamen en el que dio por probado que “por su cuenta o por orden o disposición de terceras personas” obtuvo y reunió información personal de miles de personas y que la sistematizó y analizó en, al menos, 1.196 informes de inteligencia, el oficialismo levantó la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
La Cámpora
Pollicita también avanzó con una serie de medidas y reclamó que se amplíe la indagatoria a Zanchetta.
En tanto, como la pericia determinó que tenía diálogo con Fabián “Conu” Rodríguez, actual subdirector general de Servicio al Contribuyente de la AFIP y ex integrante del equipo de prensa de La Cámpora y del gobierno de Axel Kicillof, el agente motorizó el allanamiento de su domicilio y de sus oficinas. El funcionario no estaba en su casa y no compareció.
Oposición
Tras suspenderse la reunión de la comisión, la oposición fustigó al oficialismo. El diputado Mario Negri aseguró que el kirchnerismo “perdió por abandono” y que “huyó como rata” del recinto. También acusó a Tailhade de ser uno de los impulsores del procedimiento, al que definió como una farsa.
Un grupo de legisladores del PRO pidió el desafuero de Tailhade.
El proyecto de resolución, encabezado por la cordobesa Soher El Sukaria, propone expulsarlo en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional, por inhabilidad moral sobreviniente, en razón de “su presunta participación en una organización criminal dedicada al espionaje ilegal y otras actividades ilegales”.
En tanto, Juntos por el Cambio reclamó una reunión urgente de la Comisión Bicameral de Inteligencia.
Hacker
Cabe resaltar que a fines de agosto, Zanchetta, señalado como “agente inorgánico” de inteligencia, dijo que desde que quedó detenido, y entre traslados, desaparecieron sus pertenencias: indumentaria personal, un bolso de mano y su DNI.
En ese contexto, sus representantes presentaron un habeas corpus correctivo por motivos de salud afirmando que no tuvo “debida y pormenorizada atención médica” por su Diabetes grado II” y que había sufrido taquicardia, brotes y una infección por ello. Un juez de Morón ordenó garantizar atención adecuada.
El reciente rechazo a un pedido de domiciliaria por parte de la defensa de Ezequiel Núñez Pinheiro, el hacker misionero también detenido en la pesquisa, frenó momentáneamente un planteo de Zanchetta en ese sentido.
Javier Milei
Hace horas, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, se presentó en el expediente y pidió ser aceptado como querellante.
El dirigente sostuvo que tomó conocimiento de que fue espiado por Zanchetta y que, por eso, quiere intervenir en la pesquisa encaminada a determinar responsabilidades penales por delitos de inteligencia ilegal.
La causa tenía hasta ahora dos ramas: la intrusión a los celulares de un grupo de jueces y la creación de líneas de teléfono que fueron denunciadas por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y que develó que el suyo no fue el único afectado.
A fines de junio, Martínez de Giorgi ordenó cuatro detenciones. A esa altura, Nuñes Pinheiro ya había admitido que fue contratado por un usuario de Telegram desconocido para acceder, con los datos de las tarjeta sim, a los celulares de jueces y funcionarios porteños. Dijo que él no entró a esos teléfonos y que desconoce quién está detrás de la maniobra.
A Zanchetta las pruebas lo vinculan con pedir informes de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky en la base SudamericaData, el 8 de septiembre de 2022, el mismo día en que el último perdió el control de su línea y entraron al teléfono del juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los jueces que llevó adelante el juicio “Vialidad”, que terminó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner condenada por corrupción.
También el año pasado, hizo más de dos mil búsquedas sobre, entre otras personas, los miembros de la Corte y el ex sentenciante federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro.
El descubrimiento del material abrió una tercera línea: la que convirtió al ex policía, según la Fiscalía, en sospechoso de desempeñarse desde 2009 y al menos hasta 2015 como espía inorgánico o colaborador de la ex SIDE.
