ESCUCHARCitaron la causal de mal desempeño, por haber ordenado que se retiraran del domicilio de la vicepresidenta las vallas que instaló el Gobierno de la CABA con el fin de resguardar su integridad
Tras el ataque en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, diputados porteños de la Coalición Cívica (CC) pidieron que el juez en lo Contencioso-administrativo y Tributario Número 2, Roberto Gallardo, vaya a juicio político por mal desempeño, por haber ordenado que se retiraran del domicilio de la funcionaria las vallas que instaló el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el fin de resguardar su integridad.
La agresión se registró hace exactamente una semana, después de que Gallardo dispuso el levantamiento de esa cerca y el retiro del barrio de Recoleta de la Policía Metropolitana (municipal).
Para los legisladores porteños, la decisión de Gallardo demostró un “desconocimiento inexcusable del derecho”. También denunciaron que avasalló la autonomía de la CABA.
“La figura del mal desempeño adquiere su real dimensión cuando la conducta del juez cuestionado resulta violatoria de uno de los deberes fundamentales de la magistratura, que es el de su imparcialidad”, expresaron.
El presidente del bloque de legisladores de la CC, Facundo del Gaiso, afirmó que Gallardo dejó sin seguridad a la población y sostuvo que su accionar fue “en pos de un grupo político”.
Por su parte, la diputada Cecilia Ferrero dijo que Gallardo “direccionó y manipuló la aplicación del derecho a los hechos que motivaron su intervención”.
Amparo
Cabe recordar que pocas horas antes de que Fernando Sabag Montiel le apuntó con una pistola a la cara a la ex jefa de Estado, un grupo de vecinos de Recoleta presentó un amparo a fin de que la Justicia intimara al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a garantizar sus derechos.
Lo hizo junto a la fundadora y dirigente de la CC, Elisa Carrió, y a Mariana Rayneli, comunera de Recoleta por esa fuerza.
Los actores alegaron estar en completo estado de indefensión y le reclamaron al ministro Fernández que tomara medidas para garantizar la seguridad pública “en el radio territorial afectado por las manifestaciones que se desarrollan en forma continua desde el 23 de agosto”.
Sostuvieron que estaban siendo vulnerados los derechos a circular, a la salud, a la integridad física y psicológica, al ambiente, a comerciar libremente, a trabajar y de propiedad.
“Estamos sufriendo la lesión y violación sistemática de nuestros derechos constitucionales. Todo ello conlleva la grave alteración de nuestras vidas. Para algunas personas afectadas ha significado hasta la necesidad de tener que irse temporalmente de sus hogares”, enfatizaron.
Los amparistas plantearon que -como consecuencia de la constante concentración de un número indeterminado de personas en el área afectada- se vulneraba el cuidado y la preservación del ambiente y la salud de los ciudadanos, un cuadro de situación que se agravaba ante la ausencia de equipamiento sanitario.
“La vulneración de nuestros derechos es palmaria, al igual que los hechos que de forma continuada e inminente nos amenazan en forma permanente”, resaltaron.
Vulnerabilidad
Finalmente, consideraron que su vulnerabilidad se agravó por la sentencia dictada por Gallardo, recusado luego por el Gobierno porteño, que ordenó que la CABA desactivara el operativo de seguridad que desplegó.
Casi en paralelo a la presentación del amparo y en previamente al ataque a la vicepresidente, los ministros de Seguridad de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Fernández y Marcelo D’Alessandro, respectivamente, junto al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, suscribieron un acuerdo para limitar las marchas en Recoleta, que contempla la prohibición de acampes, batucadas, fuegos artificiales e instalación de parrillas en la calle.
La semana pasada, el Gobierno porteño advirtió de que no acataría el fallo de Gallardo. Miguel estimó que es un magistrado “absolutamente politizado”.
En ese escenario, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta le pidió a Fernández de Kirchner que no siguiera “echando más nafta al fuego” con sus declaraciones.
Además, cuestionó a Gallardo por disponer que se retirara el vallado en Recoleta.
D’Alessandro confirmó el paso judicial en su cuenta oficial en Twitter y sostuvo que “una vez más” el magistrado echó mano “al realismo mágico” para “intervenir en la decisiones ejecutivas de un Gobierno con el cual tiene una enemistad manifiesta”.
Tensión
En pleno clima de tensión, en la noche del miércoles 31 de agosto, 24 horas antes de la agresión que protagonizó Sabag Montiel, un repartidor de comida de 21 años pasó frente al departamento de Fernández de Kirchner en la calle Juncal, bajó de su bicicleta, la insultó a gritos e incitó a pelear a uno de los partidarios de la alta funcionaria, en la suerte de “vigilia” que se había organizado.
Un grupo de personas se abalanzó sobre él para detener la situación. En medio del desorden, intentó sacar un objeto de su mochila.
Según informó la Policía Federal tras detener al joven, se trataba de una llave.
