ESCUCHARGuillermo Castello (Avanza Libertad) sostiene que la iniciativa, que cuenta con media sanción, le impedirá generar ingresos a miles de personas. Afirmó que es un ejemplo del “amor a la burocracia”
El diputado bonaerense por Avanza Libertad Guillermo Castello criticó duramente el proyecto de ley que propone crear un registro único y obligatorio para trabajadores de plataformas digitales, que ya tiene media sanción.
Sostiene que la iniciativa afectará las condiciones laborales y la competitividad de unos 80 mil bonaerenses, ya que incluye además a mensajeros y repartidores tradicionales.
Cabe destacar que el articulado incluye a “todas las personas humanas trabajadoras” que ejecutan personalmente actividades vía aplicaciones “a tiempo y jornada total o parcial”, ya sea por cuenta propia o ajena, o bajo cualquier otra forma que haga presumir la existencia de una relación laboral dependiente.
Para Castello, se trata de “un proyecto absurdo, inconstitucional y contraproducente”.
En esa línea, alega que si bien crea un registro de “trabajadores de aplicaciones”, afecta a mucha más gente.
El legislador plantea que se trata de prestadores de servicios y que el texto, si se convierte en ley, solo logrará que haya menos contratados, por los costos adicionales y por el riesgo de “la industria del juicio laboral”.
En esa línea, afirma que va a impedir que muchas personas generen ingresos de manera flexible en cuanto a dedicación y franja horaria.
Además, considera que el proyecto legisla en sentido contrario a la normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y que, por ello, los repartidores “serán empleados de un lado de la General Paz y autónomos del otro”.
“Es un gran ejemplo del odio a la libertad y el amor a la burocracia”, opina.
El diputado recordó que en 2021 Suiza aprobó una ley similar y el 80% de los repartidores se retiró de la aplicación Uber Eats. Acotó que algo parecido ocurrió en España, donde unos 10 mil “deliverys” abandonaron sus puestos, y aseguró que algo similar pasará en México, cuyo Legislativo analiza una propuesta del Gobierno que va en la misma línea.
“Son medidas que terminan atentando contra la ciudadanía”, estima Castello.
