Dinero retirado de la caja por quien no era titular de la cuenta debe restituirse

La magistrada interviniente achacó al banco demandado la responsabilidad por la falta de controles que permitieron a un desconocido hacerse de dólares y pesos de un cliente [privado]

La jueza Raquel Villagra de Vidal, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de 38ª Nominación de la ciudad de Córdoba condenó al Banco Macro SA por reiteradas sustracciones ilegales a la caja de ahorros en dólares y en pesos de un cliente. Las maniobras fueron ejecutadas dentro de la institución bancaria, por intermedio de la atención que brindan por ventanilla los cajeros de la referida institución, al comprobarse que seis de las firmas insertas en los recibos de extracciones de fondos bancarias emitidos por la institución financiera en 2009 no pertenecían al titular de la cuenta

El accionante Ramón Jacinto Castro (hoy su sucesión) inició demanda en contra de la entidad financiera, persiguiendo que se condene a éste a entregarle las sumas de US$26.450,00 y $33.000,00, que se encontraban depositados en cajas de ahorros en dólares y ahorros en pesos, más daño punitivo.

El magistrado precisó que se inició demanda de cumplimiento de contrato en contra del banco, exigiendo que se le entregue el dinero depositado en las cuentas a la vista, que -refiere- extrajo un tercero, agregando que el banco sostiene que fue entregado al actor y acompaña recibos y resúmenes de cuenta.

Pericia

Asimismo, el fallo destacó que el mayor esfuerzo probatorio de las partes se encuentra en la pericia caligráfica, señalando que el primer dictamen pericial concluyó que todas las firmas son auténticas, lo que implica tener por comprobado que fue Castro quien concurrió a la sucursal y retiró por ventanilla el dinero reclamado.

Debe señalarse que si el procedimiento se hubiera llevado a cabo correctamente, el cajero habría podido advertir que se trataba de otra persona y no habría autorizado el pago.

Del razonamiento de la magistrada.

Luego, el decisorio destacó que, impugnado el dictamen por la parte actora, como medida de mejor proveer se solicitó la auditoría del Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial, que finalmente explicitó que una firma es auténtica y las seis restantes falsificadas, concluyendo que únicamente la extracción del 28 de marzo de 2008 fue realizada por el actor, no así las posteriores, efectuadas todas en el año 2009.

La jueza advirtió que la firma que se reputó auténtica fue la única en la que Castro aclaró su nombre completo, de modo que los peritos contaron con un elemento gráfico contemporáneo al retiro para efectuar su análisis pericial, aclarando que en las restantes no está esa aclaración, de modo que los peritos no contaron con un elemento gráfico contemporáneo al retiro con caracteres suficientes para compararlo con las firmas indubitadas.

Exigencia

El tribunal presumió que quien se presentó a cobrar los efectos, previamente debió acreditar su identidad exhibiendo el DNI del actor; es decir, un tercero que lo tenía en su poder y que, sabiendo de la existencia de estos fondos en ambas cuentas, se presentó ante el banco invocando ser Castro, exigiendo y obteniendo la entrega del dinero depositado, firmó por él haciéndose pasar por su persona y retiró los efectos.

Villagra de Vidal observó que, si ésta fuera la situación, debe señalarse que si el procedimiento se hubiera llevado a cabo correctamente, el cajero habría podido advertir que se trataba de otra persona y no habría autorizado el pago.

Por ello, la magistrada apuntó que ya sea que la exhibición del documento del actor la hizo una persona diferente, el incumplimiento contractual quedó acreditando al probarse que en seis oportunidades una persona se presentó ante el cajero y falsificó la firma del Castro, consignando el número de DNI al pie en el comprobante, lo que -sin otra prueba que permita sostener lo contrario- quien recibió los efectos no fue el actor, porque hubo fallas en el procedimiento previo de autorización.

La jueza remarcó que, aun cuando todo indica que se trató de una persona extraña al banco, lo cierto es que esa falta de cumplimiento del procedimiento establecido generó no sólo para el usuario titular de la cuenta sino para el propio banco el riesgo de entregar los efectos a una persona distinta del titular de la cuenta.

Regularidad

El fallo subrayó que esta situación se daba con regularidad, ya que se trata de seis extracciones autorizadas por distintos cajeros en diferentes momentos, por lo que debe presumirse que los dependientes se conformaron con el cotejo de la firma que parecía similar a la del actor y la correspondencia con el número del DNI, sin verificar que la persona que se presentaba no era Castro.

Amén de condenar al banco a restituir las sumas en cuestión, más intereses, el tribunal admitió el planteo por daño punitivo ($100.000), fundado en el incumplimiento de aquél al no asegurar el debido control de la identidad de quiénes se presentan a retirar los efectos depositados en las cuentas, sin que se haya rendido prueba de cuál fue la respuesta institucional que se dio al primer reclamo o las investigaciones internas que debieron llevarse a cabo, lo cual “expone una actitud socialmente reprochable que lesiona la confianza del público en general cuando ofrecen un sistema que no asegura al usuario del servicio que sus efectos sólo sean entregados a su persona o a quien hubiera sido autorizado por él, si fuera el caso”.