ESCUCHAREn el marco de un juicio abreviado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza condenó a seis personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico (agravado por la habitualidad). Les impuso penas de entre 2 años y 5 años y 3 meses de prisión y multas que suman más de 100 millones de pesos. Además, dispuso el decomiso de 23 bienes.
Todo se acordó entre el titular del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, Fernando Alcaraz, y los imputados, ante el juez Alberto Carelli.
Para cumplir con las finalidades asignadas por ley al decomiso de bienes el agente federal mendocino contó con la asistencia de dos áreas especializadas de la Procuración General de la Nación: la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI). También le solicitó la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El tribunal condenó a Julio César Alandi Tejerina a 5 años y 3 meses de prisión como autor. Dado que ya contaba con una pena en curso, la condena fue unificada en 7 años y 6 meses y se declaró su reincidencia. A Miguel Ángel Rivero López y Carlos Adrián Cáceres Amarilla le impuso 3 años como coautores y a Margarita Cristina Jiménez Claros 3 años en carácter de partícipe secundaria por las operaciones de lavado en las que colaboró, mientras que su hijo, César Emanuel Alandi Jiménez, recibió una pena de 2 años y 10 por el mismo delito. Por último, Talía Daniela Verónica Galván recibió una pena de 2 años de prisión condicional, también como partícipe secundaria.
Además, ordenó el decomiso del dinero secuestrado; un inmueble individualizado como “Complejo Sueños Dorados”, en el departamento de Guaymallén; ocho automóviles y 14 motovehículos.
La pesquisa comenzó a fines de septiembre de 2021, a instancias de Alcaraz, en ese entonces a cargo de la Fiscalía Federal Nº2 de Mendoza, luego de otro acuerdo por juicio abreviado en el que Alandi Tejerina terminó condenado 6 años de prisión por la tenencia con fines de comercialización de 7.170 kilogramos de marihuana en diferentes formas de empaque y 1.495 kilogramos de cocaína compactada, agravada por la intervención de tres personas de forma organizada para cometerlo.
Evidencias
En tres meses, el Ministerio Público Fiscal (MPF) recolectó evidencias suficientes para sustentar los pedidos de allanamientos para seis domicilios vinculados a la organización, la detención de otras cinco personas por lavado de activos agravado por la habitualidad y la adopción de medidas cautelares de carácter patrimonial.
La Fiscalía determinó que las maniobras de narcotráfico de la organización databan de varios años atrás, dado que Alandi Tejerina fue condenado por esa actividad ilícita en 2007 y 2015 por hechos ocurridos en 2005 y 2010.
También probó que fue investigado Chile por introducción de narcóticos y que fue considerado por las autoridades del vecino país como un abastecedor de importancia de marihuana para organizaciones criminales de Santiago, con secuestros judiciales que alcanzaron las tres toneladas entre 2009 y 2010.
Esas sentencias se incorporaron como prueba documental a través del empleo de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, con la asistencia del titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación, Diego Solernó.
Patrimonio
La investigación patrimonial permitió detectar que, entre 2017 y 2021, Alandi Tejerina y los demás imputados pusieron en circulación en el mercado de la provincia de Mendoza dinero proveniente del tráfico de estupefacientes, adquiriendo tres bienes inmuebles, 11 automotores (entre ellos, dos camionetas Toyota Hilux, una SUV Range Rover Evoque, un Volkswagen Vento y Volkswagen Scirocco) y 13 motovehículos de variada gama (algunas de ellos marca BMW, Yamaha y Honda, con valores por unidad que rondaban los 20.000 dólares).
Además, acreditó que instalaron, abrieron y explotaron una peluquería y barbería y una concesionaria de automotores que les sirvió para disimular las adquisiciones personales de los vehículos.
Según la Fiscalía, ese crecimiento patrimonial fue logrado a lo largo del tiempo en distintas operaciones conectadas entre sí. Entre las operaciones destacadas que citó figura la adquisición en el término de dos años de tres inmuebles colindantes, que fueron anexados para concretar un proyecto inmobiliario que nombraron “Complejo Sueños Dorados”, ubicado en el distrito Los Corralitos, en el departamento Guaymallén.
En estas maniobras, además del dinero empleado para la adquisición de los predios, hicieron reformas y mejoras de las instalaciones, montaron un salón de fiestas e iniciaron la construcción de departamentos, que no llegaron a finalizarse.
La investigación fiscal trazó una estrategia del caso para recabar la evidencia que sustenta la hipótesis acusatoria. Por un lado, lo relativo al cúmulo de ilícitos precedentes y la ausencia de ingresos lícitos suficientes por parte de los condenados y las condenadas y, por otro lado, la identificación acabada de los bienes que fueron objeto del lavado de activos.
El MPF remarcó que, tal como indican las Resoluciones PGN N°208/2013 y 914/2012 y las convenciones internacionales en la materia, la teoría de caso elaborada estuvo a la altura de las exigencias que insume una investigación por narcocriminalidad y lavado, que no solo debe limitarse al aspecto de las maniobras de tráfico de estupefacientes, sino que debe extenderse al producto y provecho patrimonial que generan las ganancias de este rentable ilícito criminal, con mayor empeño en casos como este de carácter transnacional.
