Dictaminaron a favor de la inaplicabilidad de la Ley Impositiva Anual en los concursos

El fiscal General Adjunto, Pablo Bustos Fierro, planteó la necesidad de estipular una escala en la forma de cálculo de la tasa de justicia para no atentar contra los acuerdos preventivos

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba se pronunció a favor de propiciar la inaplicabilidad de la Ley Impositiva Anual provincial en los procesos concursales y fijar una escala en la forma de cálculo de la Tasa de Justicia. para que los jueces comerciales puedan estipular el quantum de la tasa con un mínimo y un máximo, a los fines de no malograr los acuerdos preventivos.

En el dictamen, al que accedió Comercio y Justicia , el fiscal General Adjunto Pablo Bustos Fierro planteó la necesidad de abrir el debate parlamentario para que el porcentaje de la tasa que debe abonarse en este tipo de procedimientos tenga en consideración la importancia y el costo del servicio de justicia efectivamente prestado, la capacidad contributiva del obligado al pago y el contenido económico en juego.

El pronunciamiento del Ministerio Público está vinculado con una causa en la cual -en primera instancia y, luego, en cámara- se declaró inconstitucional la normativa de la Ley Impositiva Provincial Anual, que establece el pago de la tasa de justicia en dos por ciento del importe del activo expresado por la sindicatura y resolvió rebajar ese porcentaje a uno por ciento, por considerar que el monto insumiría gran parte de la masa concursal, poniendo en riesgo el cumplimiento del Acuerdo Preventivo logrado.

Remarcó que no se trata en el caso de rechazar el aporte sino de cuestionar la proporcionalidad y la equidad re sultante de la pauta de cálculo definida por la ley.

El fiscal General Adjunto consideró que, si bien la Ley Impositiva Anual Provincial dispone que debe oblarse dos por ciento del activo informado por el síndico en su informe general, hay que tener en cuenta otros parámetros para fijar el quantum a pagar en ese concepto .

Advirtió que el debate pasa por establecer si luce razonable el aporte indicado en abstracto por la ley o si, en el caso, trasunta una desmedida imposición al concursado capaz de poner en riesgo los objetivos del proceso universal, no sólo con miras a la protección del giro del concursado sino también en vista a lograr la más amplia recuperación del crédito para los acreedores y un rápido retorno de los bienes a la actividad productiva.

En este sentido, puntualizó que el impuesto de justicia y su incidencia “no pueden desvincularse de los objetivos elementales del sistema concursal, ni constituir un obstáculo o afectación que altere esencialmente sus fines”.

Bustos Fierro precisó que ya hubo pronunciamientos propiciando la declaración de inconstitucionalidad de la normativa en cuestión en las causas “Caminos de las Sierras” y “Appia Motor”.

Pautas concretas

El dictamen advirtió que el análisis de constitucionalidad del impuesto tasa de justicia debe realizarse teniendo siempre en consideración las características propias de cada proceso en particular, de manera tal que para poder determinar si los montos a pagar en autos resultan confiscatorios y violatorios del derecho de propiedad, o irrazonables en comparación con el servicio de justicia efectivamente prestado resulta atinado realizar el análisis del caso conforme pautas concretas .

Dichas pautas, planteó el dictamen, deben tener en consideración la envergadura del proceso, el tiempo insumido en su tramitación, la cantidad de resoluciones dictadas y la cuantía de acreedores.

Enfatizó, que no puede dejar de ponderarse que l a finalidad de un régimen concursal tiene directa relación con derechos y principios constitucionales de relevancia , como el de trabajar, de ejercer industria lícita, de comerciar, el derecho de propiedad. También el de peticionar a las autoridades en resguardo de los derechos.

Aclaró que para garantizar estos derechos constitucionales, el régimen concursal es la opción legal que busca “l a maximización del resultado a través de la reducción de los costes de transacción, l a obtención de un mayor valor de los bienes para la satisfacción proporcional, la más amplia recuperación del crédito para los acreedores y un rápido retorno de los bienes a la actividad productiva ”.

En tal sentido, remarcó el dictamen “que la revisión oficiosa que debe realizar la alzada en los concursos preventivos o en las quiebras liquidativas se encamina stricto sensu a ponderar si el resultado de aplicar los guarismos previstos en las normativas fiscales y previsionales, afectan sustancialmente la capacidad contributiva de la concursada y por lo tanto, convierten a la tasa y aportes a sufragar en irrazonables y desproporcionados, en contraste con el derecho de propiedad del contribuyente”.

Por tal motivo, Bustos Fierro opinó que los montos pueden ser confirmados o reducidos de oficio , en función de custodia de la integridad del activo distribuible que ha sido confiada al tribunal revisor, quien debe evitar su afectación mediante emolumentos que hagan peligrar: el cumplimiento del acuerdo preventivo logrado y la continuidad de la persona jurídica concursada.

“En definitiva, se trata de evitar que nazcan nuevos acreedores de rango especial frente a la masa, agravando el pasivo al grado de consumirlo totalmente”, explicó el funcionario judicial.

Este razonamiento no implica -aclaró el dictamen- que el tribunal pueda prescindir de la aplicación de las disposiciones vigentes, contenidas en la Ley Provincial Impositiva dada la posición de relevancia que ocupa la percepción de tributos –como sería la tasa de justicia– en el marco de la política fiscal de un gobierno.

Así las cosas, el Ministerio Público precisó que teniendo en cuenta que no debe recurrirse a la declaración de inconstitucionalidad sino cuando una estricta necesidad lo requiera ; concluyó que no cabe declarar la inconstitucionalidad de la normativa, aunque si cabe repensar su inaplicabilidad, según las circunstancias particulares del caso bajo estudio.