En Valencia, España, el Grupo de Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía detuvo a la ex jueza argentina Alejandra Velázquez, de 63 años.
La mujer fue titular del Juzgado de Familia Número 1 de Pilar, provincia de Buenos Aires, hasta 2017, cuando fue destituida por múltiples irregularidades, como datar falsamente sentencias e interlocutorios y permitir que, mientras estaba de viaje fuera del país, en muchos casos sin autorización de la Corte, sus auxiliares firmaran 600 expedientes; acoso laboral.
El cargo más grave es la presunta venta de bebés; es decir, la cesión directa por precio de personas por nacer e incumplimientos reiterados en materia de adopción.
Velázquez estuvo al frente de aquel tribunal desde su creación hasta su cese en el cargo por suspensión, en 2016.
Casi en paralelo a su apartamiento de la carrera judicial se originó una causa penal.
Sobre la ex funcionaria pesaba una orden internacional de detención por su implicación en una red de adopciones irregulares que Interpol concretó hace horas. Era buscada por las autoridades argentinas como presunta autora de los delitos de cohecho activo y falsedad de documento público.
Los investigadores sostienen que la ex sentenciante lucraba con adopciones al proponerles a las asistentes sociales integrantes del equipo técnico del Juzgado a su cargo acudir a barrios pobres a “conseguir panzas”.
El accionar delictivo consistía en identificar a mujeres vulnerables embarazadas dispuestas a entregar en adopción a los hijos que esperaban, para facilitar así los procesos en trámite que promovieron personas de la zona.