ESCUCHAROmar Scarel, presidente de la empresa Vicentín, fue detenido en su domicilio, en la localidad santafesina de Avellaneda, en el marco de una causa penal en la que está imputado junto con otros directivos de la compañía.
Ahora, el directivo será sometido a una audiencia de imputación, el miércoles o el jueves.
La medida se concretó por orden de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía de Rosario, a cargo de Miguel Moreno, por presunta estafa en la venta de acciones que estaban cauteladas. También se hicieron allanamientos.
En un comunicado, Vicenín calificó la detención de “injustificada, arbitraria y desmedida”. La causa se inició en octubre del año pasado, por la confección y aprobación de balances anuales de Vicentin de 2017 y 2018 con, presuntamente, información financiera falsa para ocultar el pasivo real de la firma.
“Llama poderosamente la atención que este hecho ocurra cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido”.
(Del comunicado que difundió la empresa después de la detención.)
La firma señaló que el motivo de la detención es “absolutamente falso” porque no incumplió las cautelares ni los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento-
“Tanto Scarel como todos los miembros del directorio de Vicentin SAIC imputados en la causa han estado siempre a derecho, a disposición de la justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida”, agregó Vicentín en el comunicado que difundió.
En otro tramo, criticó la actuación de la justicia: “Llama poderosamente la atención que este hecho ocurra cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido”, señaló.
“No existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad”, añadió.
