ESCUCHARPor mayoría, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas maniobras de espionaje ilegal realizadas por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, la Cámara Federal porteña concluyó que no existió una asociación ilícita para hacer “vigilancia política”.
“Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”, reza el fallo.
Para la Alzada, solo se pudieron corroborar seguimientos por parte de algunos algunos agentes que integraban un grupo de WhatsApp denominado “SuperMarioBross”, quienes realizaban tareas de “cuentapropismo” para futuras extorsiones.
Los integrantes de ese chat sí quedaron involucrados, pero por violar la ley de inteligencia.
Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi pidieron profundizar la investigación sobre los orígenes de la causa, que comenzó en Lomas de Zamora.
En un voto conjunto, revocaron el procesamiento y dictaron la falta de mérito para los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, incriminados por supuesta asociación ilícita y espionaje ilegal.
Majdalani fue procesada por incumplimiento de deberes de funcionario público. Bajo la órbita de Majdalani operaba Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI y referente de aquel grupo.
Para la mayoría de la Cámara, “movido por intereses personales”, aquél “utilizó recursos sensibles del Estado con fines ilegales”, y determinó que Majdalani, como superior de los agentes, incumplió su deber de controlarlos.
También descartó la acusación que indicaba que hubo espionaje en cárceles. Así, la falta de mérito también benefició al ex titular del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, y a las autoridades penitenciarias que fueron acusadas de espiar a los detenidos en causas por corrupción durante las tres gestiones kirchneristas y a sus abogados.
Argumentó que las escuchas se concretaron al amparo de ordenes judiciales firmada por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y señaló que no existe evidencia en torno a que los informes confeccionados que les dieron sustento hayan sido “ideológicamente falsos”.
Sobre los seguimientos, se señaló que en algunos casos había una autorización judicial y que en otros estaba justificado por “cuestiones de seguridad interna”.
Al secretario de Macri, Darío Nieto, le ratificó la falta de mérito; ello así, ante la ausencia de pruebas para conectarlo con el grupo de espionaje.
En minoría, el juez Eduardo Farah optó por confirmar lo decidido por el magistrado de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, aunque en sus consideraciones fue cauto al referirse a la tesis de un plan sistemático impulsado por la Casa Rosada.
La decisión de la mayoría de la Cámara Federal porteña impacta sobre tres investigaciones: en la causa sobre el espionaje al Instituto Patria, en donde Cristina Kirchner se constituyó en víctima y querellante; en los seguimientos a políticos como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, periodistas como Hugo Alconada Mon, jueces como Martín Irurzun y gremialistas como Hugo y Pablo Moyano, y en el último tramo del expediente sobre los controles de los movimientos de los detenidos federales.
Tanto acusados como acusadores podrán apelar. La revisión estará en manos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, a cargo de Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, que en su momento resolvió que el caso debía radicarse en Comodoro Py.
Ahora, Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la investigación, deberá reencausar las actuaciones con los lineamientos impartidos por sus superiores.
Martínez De Giorgi también investiga el atentado registrado en la casa del ex funcionario de Defensa del macrismo, José Luis Vila.
La otra causa por presunto espionaje durante la administración macrista se radicó en el juzgado federal de Dolores, gira en torno al falso abogado Marcelo D’Alessio y se le anexó el supuesto seguimiento a los familiares de las víctimas del ARA San Juan por el que fue recientemente procesado el ex presidente Mauricio Macri. Tanto el ex jefe de Estado como otros involucrados sostienen que también debe instruirse en Comodoro Py.
