Descartan vínculo laboral entre administradora de redes sociales y grupo empresarial

La demandante hacía publicaciones con el contenido que le facilitaban las compañías. Los testigos refirieron que no cumplía horario y que trabajaba con su equipo, desde su casa. La Justifica concluyó que se trató de una locación de servicios

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó que la relación que unió a la actora, P. C:, quien se desempeñaba como community manager para el grupo de empresas a las cuales demandó, careció de las características típicas de un contrato laboral. [privado]

Así, confirmó el fallo que rechazó la presunción que contiene el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Al igual que el a quo, la alzada enfatizó que los testigos refirieron que la accionante se vinculó con las demandadas mediante una locación de servicios profesionales, consistentes en posteos y publicaciones en Facebook, Twitter y YouTube, con el contenido que le facilitaban las firmas, generado por ellas o por otros proveedores (fotógrafos, diseñadores gráficos, imprentas, redactores y diseñadores y programadores web).

Con relación a la frecuencia con la que se le enviaba la información a la community manager , la sentenciante precisó que los testigos dijeron que “no era regular” porque en ese momento las redes eran “algo incipiente”.

Los testigos refirieron que la accionante se vinculó con las demandadas mediante una locación de servicios profesionales, consistentes en posteos y publicaciones en Facebook, Twitter y YouTube, con el contenido que le facilitaban las firmas, generado por ellas o por otros proveedores (fotógrafos, diseñadores gráficos, imprentas, redactores y diseñadores y programadores web).

Indicó también que a la mujer que no se le requería el cumplimiento de un horario ni de una determinada cantidad de horas de trabajo, y aclaró que si bien el hecho de que prestara sus tareas desde su hogar no es óbice para la existencia de un contrato de características laborales, sí lo es la circunstancia de que lo hiciera desde su propia computadora y de que fuera ella misma quien tuviera a su cargo su mantenimiento y reparación.

A su turno, sin éxito, la accionante apeló el fallo del juez de grado alegando que no analizó correctamente la prueba rendida en la causa.

Reiteró que se desempeñó bajo la dependencia de Romikin SA, Capital Intelectual SA, K&S Films y Garruchos SA, dedicadas a variadas actividades e integrantes de un mismo conglomerado económico (Grupo Insud)

Sostuvo que cumplió tareas de administradora de redes sociales y que también manejó las páginas web de las compañías y las personales de los titulares de Romikin SA.

Mencionó también que debía estar disponible las 24 horas (sábados y domingos incluidos).

Los accionados negaron la existencia de relación laboral e indicaron que P.C. era una autónoma con características empresariales.

Puntualizaron que contrataron sus servicios y los de su empresa, Friul Group SH, como community manager para crear y administrar los perfiles de cada una de las firmas en las redes y difundir información relativa a sus negocios, pero indicaron que la actora solventaba sus propios gastos, que no tenía horario ni lugar de trabajo, que siempre facturó y que la comunicación con ella era a través de correo electrónico.

Después de reseñar la prueba testimonial y documental, la cámara tuvo por acreditado que la actora no estuvo inserta en la organización de las accionadas y destacó como dato relevante que en su perfil de Linkedin se presentaba como “profesional independiente” con “varios clientes”.

Para el tribunal, ello confirmó el carácter autónomo de su prestación de servicios, lo cual se corroboró con la facturación analizada por el perito contador, de la que surgió que la prestación de P.C. no era cumplida con total regularidad y que facturaba para otras empresas. [/privado]