ESCUCHAREl abogado de la reclamante impugnó el peritaje pero el tribunal respaldó las conclusiones del experto. La paciente tenía 88 años cuando demandó y se destacó la incidencia de su edad en su cuadro de salud
La Sala H Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el rechazo de la demanda por mala praxis presentada por una mujer (continuada por sus deudos luego de su deceso) contra el cirujano que la operó de la cadera.
La alzada estimó que el reclamo era improcedente porque el procedimiento que llevó a cabo el médico fue correcto, acotando que hizo lo técnicamente posible para solucionar la dolencia de la actora y que su accionar no tuvo relación con las complicaciones que experimentó.
En su fallo, reseñó las diversas intervenciones que se le practicaron a la mujer entre 1990 y 2009, hasta que concurrió al consultorio del demandado, quien la atendió casi tres años y la operó dos veces.
Después de recordar que el peritaje médico es de una importancia prácticamente decisiva, en tanto asesora sobre temas que normalmente escapan a la formación profesional del juez, el tribunal subrayó que cuanto mayor es la particularidad del conocimiento menor es la posibilidad de apartarse de sus conclusiones.
En ese sentido, consignó que el especialista en ortopedia y traumatología efectúo una descripción de la atención que recibió la accionante según las constancias de las historias clínicas y de los estudios complementarios que se le efectuaron, y que señaló que presentaba una incapacidad de 70 por ciento producida por distintos factores, entre los que destacó el antecedente de un primer reemplazo de cadera, la edad de la paciente (88 años) y el índice de complicaciones en las sucesivas revisiones.
En cuanto al deterioro cognitivo que se destacó en la demanda, el experto sostuvo que no fue producido por las cirugías sino que la edad de la paciente y las patologías agregadas produjeron el estado de demencia que evidenció al examinarla.
La parte actora impugnó el peritaje e indicó que el estado de la anciana al momento de la evaluación tenía relación con lo sucedido, indicando que muchos estudios de investigación hablan de disfunciones mentales cognitiva asociadas a posoperatorios de cadera.
Al responder, el experto señaló que el estado general clínico de la actora era consecuencia de diversos factores; entre ellos, un cuadro de demencia fronto-parietal ya diagnosticado y su avanzada edad.
En cuanto a la necesidad de colocar un implante de mayor tamaño y con refuerzo en la segunda cirugía, señaló que si bien resultó evidente después de conocerse la evolución posquirúrgica, no podía afirmar que esa circunstancia hubiera sido clara al momento de la intervención.
En tanto, finalizó sus explicaciones destacando que el deterioro neurológico de la anciana no guardaba relación con las intervenciones, ya que se produjo con posterioridad.
A su turno, el tribunal valoró que la indicación de cirugía fue correcta y destacó que fue aceptada por la paciente cuando estaba en pleno goce de sus facultades mentales, conforme surgía de los consentimientos informados que suscribió.
“En este caso en particular, tal como ha sostenido el galeno que dictaminó, probablemente en el momento de la cirugía no hubo inconvenientes y luego apareció la complicación”, expuso.
“Las intervenciones quirúrgicas se llevaron a cabo conforme las reglas del arte de curar, por lo que no advierto en la conducta del médico imprudencia ni falta de conocimiento sino que hizo todo lo técnicamente posible y correcto para solucionar el problema que presentaba la reclamante”, enfatizó.
En esa tesitura, la Cámara determinó que las evidencias acreditaban que se trató de una situación “desafortunada y traumática” por los riesgos que entrañan todos los actos quirúrgicos, por sencillos que sean, ya que nunca están exentos de complicaciones imprevistas.
El tribunal recordó que el peritaje médico es de una importancia decisiva y subrayó que cuanto mayor es la particularidad del conocimiento, menor es la posibilidad de apartarse
de sus conclusiones.
