ESCUCHARPablo Grasso posteó un video en el que aparecen los nombres y las imágenes de las personas que los interesados deberán buscar en la ciudad para retratarse con alguna de ellas y poder inscribirse
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso (FdT), fue denunciado por la oposición local por lanzar un sorteo para viajar al Mundial de Fútbol de Qatar a cambio de que los participantes se saquen fotos con funcionarios o referentes políticos oficialistas.
La iniciativa fue difundida por Grasso, quien posteó un video en el que aparecen los nombres e imágenes de las personas que los interesados deberán buscar en las calles de la ciudad santacruceña a partir del próximo lunes 1 de agosto, para retratarse con alguna de ellas y poder inscribirse.
Según el planteo, el concurso no persigue la realización de actividades comprendidas dentro de las competencias del municipio ni la consecución o realización de un interés o bien público local ni difundir actos de gobierno.
Se trata de Moira Lanesan Sancho, secretaria de Producción, Comercio e Industria del municipio; del legislador provincial Eloy Echazú; del ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta; del comerciante Ricky Victoria; del artesano Miguel Avendaño; del empresario Santiago Gómez; del secretario de Estado de Comercio e Industria Leandro Fadul; del fotógrafo José Silva; de la DJ de música electrónica Giselle Duarte y de Adolfo Cader, presidente de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios.
La polémica no se hizo esperar pero el jefe comunal defendió su propuesta: aunque dijo desconocer el costo exacto del paquete turístico para ver los tres primeros partidos de la selección, aseguró que “se pagó en pesos”, que 20% lo abonó el municipio y que el resto fue cubierto por empresas privadas, aunque no detalló cuáles.
Delitos
La denuncia por la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos, peculado e incumplimiento a la Ley de Ética Pública fue presentada por el diputado provincial Daniel Roquel, el presidente del comité local de la UCR, Marcelo Saa, y Javier Stoessel, ex vocal del Tribunal de Cuentas y presidente de la Asociación de Abogados de Río Gallegos.
Según el planteo, el concurso no persigue la realización de actividades comprendidas en las competencias del municipio ni la consecución o realización de un interés o bien público local ni difundir actos de gobierno.
En esa línea, afirma que Río Gallegos carece de la partida presupuestaria para realizar sorteos públicos y de la incumbencia para hacerlo según la ley provincial 3304.
Los denunciantes expusieron que la iniciativa evidencia “un desvió del más elemental principio republicano de gobierno” porque “los fondos públicos no deben ser destinados para campañas y posicionamientos personales”.
En declaraciones a medios porteños, el diputado Roquel manifestó que se usaron recursos públicos para promocionar diversas empresas y cuestionó que el intendente no indicara cuánto es lo que pagó la Municipalidad, cuáles son las firmas que aportaron dinero y si son beneficiarias de medidas tales como reducciones de impuestos municipales.
Stoessel presentó un pedido de información pública solicitando copias del instrumento legal que autorizó el sorteo y del expediente administrativo por el cual tramita, entre otras precisiones.
