ESCUCHARRespecto a las investigaciones administrativas realizadas ante fallecimientos, la Procuración Penitenciaria subrayó que se han caracterizado por la falta de colaboración de las autoridades penitenciarias y que la negativa a informar sobre los decesos se revirtió progresivamente desde 2015
La Procuración Penitenciaria de la Nación divulgó los resultados del informe semestral sobre fallecimientos bajo custodia. El documento presenta los resultados de la aplicación del Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión, ante cada muerte de detenidos bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) desde el 1 de enero de 2009 hasta el 30 de junio de 2016.
Según se detalló, los fallecimientos registrados durante los últimos seis meses confirman la persistencia de los valores observados desde 2011, que reflejan la elevada cantidad de muertes violentas y su incidencia porcentual en la totalidad de decesos ocurridos.
Así, destacó que las siete muertes violentas registradas hasta el 30 de junio pasado exigen “una señal de alerta y preocupación en la materia”, ante proyecciones semejantes a las registradas desde que comenzó la tendencia a la alza.
El informe detalló que las muertes violentas representan 35% de la totalidad de registrada en el semestre y que dentro de ese tipo de fallecimientos, aquellas que se produjeron como consecuencia de heridas de arma blanca y ahorcamiento representan 85,7%.
En cuanto a la dispersión de los hechos en el ámbito del SPF, consignó que la distribución de los decesos en 10 cárceles diferentes revela la existencia de hechos lesivos para la vida “a lo largo y ancho del archipiélago carcelario», y que su mayor representación en ciertas prisiones «evidencia la persistencia de ciertos establecimientos como lugares especialmente violentos y restrictivos, donde se refuerzan y agravan las vulneraciones registradas en otros espacios”.
Respecto a las investigaciones administrativas realizadas ante fallecimientos bajo custodia, se subrayó que se han caracterizado por la falta de colaboración de las autoridades penitenciarias y que la negativa a informar las muertes inmediatamente después de ocurridas es una situación que se revirtió progresivamente desde 2015 y como respuesta a las reiteradas estrategias desplegadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación.
“Las muertes bajo custodia, contradiciendo indicaciones nacionales e internacionales en la materia, no son investigadas de oficio, imparcial ni exhaustivamente en su totalidad. Históricamente, tres de cada 10 decesos no han sido sometidos a una investigación judicial posterior”, añadió.
Responsabilidades estatales
El informe también se refirió a algunas actuaciones de la Justicia en las cuales se indagan las responsabilidades estatales por fallecimientos bajo custodia. Sobre ese punto, señaló especialmente la confirmación, por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, de los procesamientos de dos médicos que cumplían funciones para el SPF por el delito de homicidio culposo, en la causa judicial que investiga el fallecimiento de un detenido ocurrido en el CPF II de Marcos Paz.
